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viernes, 29 de marzo de 2013

Escaleras


«Cientos de miles de españoles reclaman su derecho a usar escaleras» 


Ideal 

26/03/2013 

“¿Quién me presta una escalera, para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno?”, reza la saeta popular. “¡Nadie!”, responden los chicos de Emucesa, que desde hace un par de años han prohibido a las floristas del cementerio prestar dichos utensilios. “¡Nuestros operarios subirán las flores previo pago de un estipendio, claro!”, han alegado una y otra vez estos eficaces pipiolos. Es decir, tienen mercenarios de las escaleras para mejor redondear la pasividad de los ciudadanos, que votan para que se haga política en su nombre, que van al fútbol para que se haga deporte en su nombre, que ven telebasura para que se peleen en su nombre y que a veces hasta contemplan películas eróticas para que se haga el amor en su nombre. 

Pero he aquí que una oportuna sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada ha venido a devolverles a las floristas el protagonismo arrebatado. ¡Prestar escaleras es legal! La Empresa Municipal del Cementerio no podrá prohibirlo. Esto ha ocurrido en Semana Santa, para confirmar el bellísimo poema de Machado: “¡Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz!”. 

No sólo los andaluces, sino los españoles todos, necesitan escaleras, muchas escaleras, para quitarle los clavos a esta democracia moribunda que nos conduce al Gólgota. Y es que los sistemas que vetan las escaleras acaban estancados y podridos. Afortunadamente, cada vez hay más españoles que, pese a la interdicción, las toman y asumen los riesgos, alejando de su vera a los subidores profesionales, que siempre actúan con egoísmo, codicia y desamor. 

La vida es un holograma. En la más ínfima parte, está el todo. Por ello, la apropiación de las escaleras por parte de Emucesa ha sido la metonimia de la apropiación de las escaleras por las aherrojadas instituciones españolas, por su cautivo sistema electoral, por las avaras y cegatas clases dirigentes patrias. ¡No, no ha habido escaleras en España! Hace lustros que están requisadas. Por eso no puedes votar a personas concretas ni te puedes salir de una autonomía ni puedes fiscalizar a tus representantes, y por eso hemos vivido un expolio generalizado de las arcas públicas y de los pequeños ahorradores. 

Las escaleras invitan a explorar y a descubrir, ¡y es lo último que querrían los gangrenados, los ahítos, los corruptos! De ahí que en lugar de escaleras hayan construido pozos donde arrojar a los temerarios que se arriesgan a inmiscuirse en “sus” asuntos. Pero justo porque en la parte está el todo, esta sentencia aparentemente trivial es la sincronía que trasluce cómo están cambiando las cosas y que no sólo las floristas, sino cientos de miles de españoles, reclaman su derecho a usar escaleras y ascender por sí mismos hacia la democracia. El envenenado paternalismo que hemos padecido está pues siendo reventado. Siempre hay una primavera que acaba trayendo luz a las tinieblas. ¡Por el momento, las escaleras son libres!


* El novelista y poeta Gregorio Morales Villena es socio fundador de UCAR-Granada.

martes, 26 de marzo de 2013

El escrache es ilegal, violento y yo no querría sufrirlo, vale, ¿y qué?




25/03/2013

El escrache es ilegal, es violento, y yo no querría que nadie me lo hiciese a mí en mi casa. Tres obviedades que no merecen que les dediquemos ni un minuto, y sin embargo llevamos varios días entrando al trapo de quienes quieren llevar el debate a su callejón sin salida para torearnos con facilidad.

No merecen un minuto, así que le dedicaré medio: el escrache es ilegal y violento como lo es en España cualquier acción de protesta que se salga del formato “manifestación autorizada y que se disuelve a su hora”: es ilegal y violento como ilegal y violento era acampar en Sol, rodear el Congreso, parar desahucios, ocupar bancos o montar piquetes en la huelga.

De modo que, ante la repetida acusación de ilegalidad y violencia, antes que seguirles el juego y entrar a discutir si es más violento poner pegatinas o echar por la fuerza a una familia de su casa, o si es más ilegal un escrache que un desahucio basado en una ley abusiva, habría que contestar: “sí, el escrache es ilegal y es violento, ¿y qué?”

El tercer argumento con el que acorralan a los pro-escrache es también tramposo: ¿te gustaría que te lo hicieran a ti? Cada vez que un político o un tertuliano se muestra comprensivo con los escraches, le lanzan el mismo dardo: ¿te gustaría que los antiabortistas se plantaran ante tu casa con megáfonos y cacerolas y te persiguieran por la calle? Aquí también, en vez de perder el tiempo en desmontar ese tipo de comparaciones, habría que contestar: “no, no me gustaría, ¿y qué?”

En realidad los activistas, los desahuciados y quienes luchan con ellos, no tienen este tipo de dudas: ellos siempre han contestado “¿y qué?” Aunque a veces entren al trapo, no pierden mucho tiempo en discutir con quienes siempre llevan las de ganar pues juegan con cartas marcadas. Simplemente actúan.

Somos otros los tiquismiquis, los que a la frase “yo comprendo los escraches” añadimos siempre alguna coletilla: “siempre que sean pacíficos”, “siempre que respeten el domicilio privado”, “siempre que tengan cuidado con los hijos”, “siempre que no molesten a los vecinos”... Somos otros, quienes nunca hemos tenido miedo de que nos echen de casa y por eso instintivamente empatizamos más con el malestar del diputado sitiado que con el sufrimiento de la familia desahuciada. Somos otros, quienes no hemos sido todavía muy golpeados por la violencia económica y por eso nos espanta cualquier cosa que alguien etiquete de violento.

Pero nos guste o no, hace tiempo que en esta partida alguien dio un puñetazo sobre la mesa, cambió las reglas y rompió la baraja. Y no fue la PAH. Al contrario, los antidesahucios no han empezado por los escraches, sino que antes de llegar hasta aquí han ido subiendo todos los escalones previos: confianza en el sistema (que los dejó tirados), denuncias en los juzgados (pero la ley hipotecaria los desamparaba judicialmente), peticiones a los gobernantes (oídos sordos), manifestaciones (ignoradas o reprimidas), paralización de desahucios (recibiendo a cambio más policía), recogida de firmas y presentación de una ILP (que el PP se resistió a admitir a trámite, y piensa rechazar), y ahora, después de consumir todos los cartuchos anteriores, el escrache.

Son ellos, quienes responden “¿y qué?”, los que ahora se arriesgan a sufrir un escrache mucho más potente: el tridente político, policial y mediático que en los próximos días acosará a la PAH, la criminalizará y manipulará, y no cesará hasta ver a Ada Colau entrar esposada en la Audiencia Nacional.

http://www.eldiario.es/zonacritica/escrache_PAH_desahucios_6_114848532.html

* Cartel integrante del kit gráfico de la iniciativa que ha despertado las iras de nuestra fea burguesía:  La campaña "Hay Vidas en Juego", puesta en marcha recientemente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

sábado, 23 de marzo de 2013

Unidad popular constituyente: la construcción de un nuevo bloque histórico


Diego González Cadenas*

Rebelión

05/03/2013

Lanzado definitivamente el debate, surgen dudas, muy razonables en su mayoría, sobre la conveniencia de la apertura de un proceso constituyente. Cabe realizar de inicio algunas matizaciones. Por un lado, ya estamos inmersos en un proceso constituyente. La inadecuación existente entre Constitución real y sociedad es sinónimo del tránsito antidemocrático hacia un nuevo régimen político y un ordenamiento constitucional diferente que representa un caso de auténtico fraude constitucional. Por otra parte, fuerzas políticas claramente oportunistas apuestan por llevar a cabo un proceso constituyente sirviéndose de toda la potencia atractiva del concepto pero esquivando su naturaleza radicalmente democrática y planteándolo como una mera contienda electoral en la que desde lo constituido se llevarían a cabo reformas de escasa trascendencia cuando no abiertamente reaccionarias. Esta estrategia comparte con la propuesta de reforma del PSOE el rehúso del ejercicio de la soberanía popular. Son los herederos de los John Adams y los Alexander Hamilton temerosos del “despotismo democrático”.

Frente a los recelos que sensatamente se generan conviene afinar. Cuando algunos nos referimos a la necesidad de apertura de un proceso constituyente entendemos que debe tratarse de un proceso radicalmente democrático: de abajo a arriba, con mecanismos de participación directa a fin de que la asamblea constituyente esté en dialogo permanente con la sociedad, retroalimentándose dialécticamente organizaciones, movimientos sociales y ciudadanos con los constituyentes, dando uso, como en Islandia, de las nuevas tecnologías como vía complementaria de transparencia y participación. O lo que es lo mismo, propiciando la activación del poder constituyente, entendido como medio para la transformación, sujeto de la misma y bandera aglutinadora. Esto es, el poder constituyente es, per se: 1) un poder original, no dependiente de ningún poder anterior; 2) inicial, pues su impulso no depende más que de él mismo; 3) fundador, al suponer una ruptura con el anterior ordenamiento jurídico-político; 4) incondicionado, ilimitado, soberano y en consecuencia prejurídico; 5) únicamente fundamentado en la legitimidad democrática; 6) correlato del derecho de resistencia, una impugnación general al sistema encarnada por las mayorías que se traduce en un proceso de acumulación de fuerzas populares con voluntad de transformación y ruptura.

Hegemonía y poder constituyente

Ahora, se nos podría reprochar no estar haciendo más que un brindis al sol. El sujeto constituyente brilla aparentemente por su ausencia y cualquier planteamiento constituyente dada la actual correlación de fuerzas no supondría, en el mejor de los casos, más que puro gatopardismo y, en el peor, una opción de carácter protofascista. Se repite con razón que una Constitución no es más que el reflejo y cristalización de determinadas relaciones de clase en un momento determinado. De ahí que cualquier opción constituyente que, lejos de acabar en los dos escenarios anteriores, pretenda la ruptura democrática necesita obligatoriamente de un instrumento político hegemónico que aglutine a las mayorías en torno a un proyecto de derribo de l’ancien régime y su sustitución por uno construido colectivamente.

En crisis, más que el ingenio se agudiza el instinto de clase. Disparadas las alarmas, y obviando las múltiples opciones disparatadas de quienes pretenden pescar en río revuelto, empieza a tomar fuerza y vertebrarse la opción de aquellos que comprenden que la única forma de ganar una constituyente implica amplias alianzas sobre un programa de mínimos democrático que, dejados de lado los matices, comparten ampliamente las opciones de izquierda.

Este frente de unidad popular constituyente no es un mero deseo sino una opción real. Tal y como señalan los últimos sondeos de opinión, ante la caída de las dos fuerzas mayoritarias, IU tiene una intención de voto del 15,3% que no debería despreciarse, o, al menos, apreciarse en la misma medida en que se subraya el importante ascenso de UPyD que, a prácticamente dos puntos de diferencia de IU, muchos ven ya como el sustituto natural con más papeletas para ser la próxima pata derecha del régimen.

Resulta obvio, como se ha repetido en múltiples ocasiones, que IU no puede formar una alternativa de ruptura en solitario pero tampoco se puede prescindir de ella. Si bien requeriría de un estudio más detallado, una simple suma nos permite vislumbrar fácilmente un escenario en el que un frente constituyente que agrupe a las diferentes opciones de izquierda se convierta en primera opción. Éste se vería además fortalecido por los votos de múltiples militantes y votantes del PSOE sumamente descontentos con el rumbo de su partido así como por el empuje de las mareas.

Aclaremos que no se trata de una mera ilusión basada en el resultado de una serie de encuestas sino en los resultados de las últimas elecciones catalanas, en las que la suma de votos de CUP, ICV-EUiA y ERC se quedó a poco más de 130.000 votos de CIU. Según los últimos datos disponibles la intención de voto directa de los tres partidos (34,8%) superaría a la de CIU, PSC y PP (27,7%). Es también el caso de Galicia en el que en las últimas elecciones AGE llegó a ser el segundo partido más votado en Coruña y Santiago. Asimismo, según el último sondeo, AGE estaría a punto del sorpasso al PSOE.

Es cierto, no obstante, que la sencillez de las sumas no ha de hacernos olvidar múltiples posibilidades como es la de un gobierno de repliegue a la griega de las opciones en defensa del régimen. Igualmente, otros sondeos, notablemente el último del CIS (a pesar de haberse realizado con anterioridad al último escándalo del PP) animan a moderar el optimismo. En este sentido, no resultaría fuera de lugar la aparición de una fuerza catch-all (“atrapalotodo”) situada en el plano contrario a UPyD y con un discurso que conecte más fácilmente con ciertos sectores que, aún coincidiendo con muchas de las propuestas de la izquierda nunca darían su voto a una opción etiquetada como tal. Los espacios que ocuparía son diferentes a los señalados a la izquierda y bien podría esta fuerza ser el empujón necesario para una eventual victoria del frente constituyente.

¿Por qué un proceso constituyente?

Hay quien podría considerar que aún en el supuesto de que este frente obtuviese una mayoría electoral resultaría más útil cumplir con los preceptos de la actual Constitución que recorrer el siempre espinoso camino de un proceso constituyente. Incluso, desde otras posiciones, se nos podría replicar aduciendo que no planteamos más que una posición reformista que no pretende atacar de raíz las relaciones de producción capitalistas.

Al primer razonamiento, según el cual antes que construir algo nuevo resulta más pragmático asegurarse y servirse, si cabe con algunas modificaciones puntuales, de la actual carta constitucional, cabe oponer, en esencia, tres argumentos. En primer lugar, como ya se ha dicho, estamos inmersos en un proceso constituyente no democrático que desfigura por completo nuestra Constitución. El marco constitucional del 78 está obsoleto. Queda por ver si el proceso constituyente es democrático o si queda en manos de la reacción. Como dice Žižek: "El fascismo reemplaza literalmente a la revolución izquierdista: su ascenso es el fracaso de la izquierda, pero simultáneamente una prueba de que había un potencial revolucionario , una insatisfacción que la izquierda no pudo movilizar". En segundo lugar, se trata de una cuestión de legitimidad democrática: no debe seguir manoseándose la Constitución, en un sentido o en otro, sin la voluntad ciudadana. Por último, son mayoría los españoles que no pudieron votar la Constitución. Como dijese Thomas Paine: “Las circunstancias del mundo están cambiando continuamente, y las opiniones de los hombres también; y como el gobierno es para los vivos y no para los muertos, sólo los vivos tienen derecho sobre él. Aquello que en determinada época puede considerarse acertado y parecer conveniente, puede, en otra, resultar inconveniente y erróneo. En tales casos, ¿quién ha de decidir? ¿los vivos o los muertos?”.

Quienes puedan entender que no se trata más que de una estrategia reformista que evita atacar los cimientos del capital deberían ser conscientes de que, dada la actual correlación de fuerzas, plantear programas maximalistas es sinónimo de inmovilismo. ¿Es necesario recordar la composición de la conjunción republicano-socialista que obtuvo amplia mayoría en las elecciones a cortes constituyentes en 1931? ¿Significa ello que habría de rechazarse la Constitución de la II República al ser reflejo de unas mayorías en las que participaron elementos como el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux? Sin duda alguna podía haber sido mejor. Como sin ninguna duda la Constitución resultante del frente constituyente que planteamos habrá de ser superada en algún momento. Pero es necesario dar el primer paso que nos permita desanclar y avanzar.

Encauzar el resquebrajamiento del consenso del régimen del 78, la pérdida de la capacidad de control-dirección ideológica de la clase dominante, incapaz de hacer valer sus propios intereses como intereses generales, hacia un proceso constituyente radicalmente democrático en el que se dé una acumulación de fuerzas rupturistas, supone el principio de posibilidad de forja de un nuevo bloque histórico, de deconstrucción-construcción de lo social (deconstrucción en tanto desnaturalización del orden vigente y construcción en tanto planteamiento de alternativas), de creación de una nueva cotidianidad, una nueva hegemonía cultural.

La nueva institucionalidad permitirá el desarrollo de proyectos contrahegemónicos a través de un entrelazamiento entre lo constituyente y lo constituido que, en consonancia con la mejor tradición republicana democrática, cree mecanismos democráticos participativos que supongan una progresiva superación dialéctica de los elementos representativos y de formas de propiedad privada por elementos de democracia directa y formas comunes de propiedad; un entrelazamiento en el que mientras lo constituido se convierte en el elemento garantista que permite la participación activa y el respeto al cumplimiento de los derechos constitucionales, el poder constituyente se erige en su eventual defensor a la par que en elemento dinamizador (antiestático) de lo constituido. Se trata de entender la Constitución en sentido emancipatorio, como una herramienta de permanente democratización de la democracia que conjugue rebelión y Constitución, dándose un replanteamiento constante, una revolución permanente, que permita transitar, con métodos radicalmente democráticos, hacia el horizonte democrático del autogobierno político y económico. Incluso, en el corto plazo, el ejercicio democrático, que ha de resultar siempre incómodo al poder constituido, evita su acomodamiento garantizando que no vuelva a repetirse la traición del PSOE del año 82.

Por último, y parafraseando a Benjamin, el proceso constituyente habrá de ser el freno de emergencia que evite el descarrilamiento al que nos conduce el capitalismo. En las constituciones occidentales actuales los derechos sociales, económicos y culturales, entendidos como “principios rectores de la política social y económica de los poderes públicos”, quedan despojados de mecanismos de protección jurisdiccional con los que sí que cuentan los derechos civiles y políticos. El constitucionalismo social se demuestra (paradójicamente) una herramienta débil en la protección del Estado social cuando las políticas económicas neoliberales se convierten en hegemónicas. En este sentido, el nuevo texto constitucional ha de rehuir del nominalismo en pos del normativismo garantizándose la aplicabilidad directa de todos los derechos con el fin de evitar la omisión en el cumplimiento de los mismos por motivos tradicionalmente alegados como la ausencia de legislación o la incapacidad económica. Asimismo, un diseño constitucional viable pasa necesariamente por el replanteamiento del modelo de crecimiento dada la imposición de los límites medioambientales y por ser alternativa a un modelo de desarrollo sostenido por una estrategia de obtención de recursos imperialista que conduce no sólo al sufrimiento de los pueblos sino a un escenario bélico interimperialista nada deseable en un contexto multipolar.

Como diría Joe Strummer en oposición al pueril No future de los Sex Pistols, The future is unwritten. Y ese es, en última instancia, el sentido del poder constituyente y de la democracia. 


miércoles, 20 de marzo de 2013

Reino de España: perspectivas de un proceso destituyente-constituyente


Gerardo Pisarello*


17/03/2013

"El creciente malestar social y el escenario destituyente que se está configurando a partir de él podrían desembocar en una regresión tecnocrática, autoritaria o populista conservadora. Pero nada impide que las luchas e iniciativas contra la corrupción y las políticas de ajuste puedan confluir, a la larga, en alternativas de ruptura democrática. La noción de proceso constituyente, declinada en plural y en varias escalas, puede ser un instrumento que facilite esta confluencia. Y que haga posible, como en la Grândola, Vila Morena, entonada otra vez en las calles portuguesas, que sean las mayorías sociales, las clases populares, y no unas oligarquías necias, quienes decidan el destino común".

1- Proceso constituyente: el regreso de una categoría

La noción de proceso constituyente llevaba largo tiempo desterrada de la teoría política y constitucional y del debate público. En el caso español, ocupó un papel importante en la lucha antifranquista y en las discusiones previas a la elaboración de la constitución de 1978. Poco después, sin embargo, se extendió la percepción de que todo estaba ya constituido. De que el marco constitucional había incorporado una serie de decisiones fundamentales –en materia económica, de libertades, de organización territorial– que delimitaban claramente el ámbito de lo posible. La noción de proceso constituyente democrático acabó marginada o relegada a pura metafísica. Si podía adquirir potencialidad en momentos de ruptura o de refundación, carecía de sentido, en cambio, en contextos de pacífica evolución constitucional. En ellos, el poder constituyente popular quedaba sensatamente subsumido dentro de los poderes constituidos y del marco constitucional existente. Cabía, pues, apelar a lecturas "abiertas" del texto de 1978 o a reformas constitucionales menores. Pero colocarse más allá del horizonte establecido por la constitución vigente suponía una insensatez o una utopía desconectada de la realidad, cuando no un censurable signo de sedición.

En los últimos tiempos, este constitucionalismo ideológico se ha resquebrajado notablemente. Cada vez son más las voces que, desde diferentes ámbitos –sociales, políticos y académicos– comienzan a señalar que el marco constitucional vigente, tal como se ha interpretado y aplicado en los últimos años, es parte del problema. Que las instituciones y partidos encargados de darle operatividad ya no están en condiciones de hacerlo en un sentido social y democrático. Y ello por varias razones. Algunas ligadas a su evidente rendición a poderes económicos, financieros y mediáticos reacios a todo tipo de límites y controles jurídicos. Otras, vinculadas a renuncias y a inercias heredadas de la propia transición.

Es en este marco, justamente, donde la reflexión sobre la necesidad de nuevos procesos constituyentes vuelve a cobrar actualidad. No como una categoría evidente, que pueda activarse con solo invocarla o cuyo éxito esté garantizado de antemano. Pero sí como una herramienta capaz de desempeñar algunas funciones no menores. Por un lado, contribuir a la progresiva confluencia de diferentes movilizaciones e iniciativas sociales que están surgiendo a rebufo de la crisis. Por otro, frenar la aceleración de un proceso deconstituyente iniciado desde arriba que está arrasando con las garantías jurídicas formalmente consagradas y que está condenando a los espacios democráticos conquistados en las últimas décadas a una lenta muerte por asfixia. Finalmente, situarse como alternativa a una reforma constitucional de mínimos que, en el actual contexto de confusión entre poderes constituidos y poder privado, carece de toda credibilidad.

2- Golpes deconstituyentes y cambio de régimen

La noción de proceso constituyente remite a momentos de ruptura o de refundación jurídica. Aunque su irrupción práctica se remonta a las revoluciones inglesa y americana del siglo XVII, fue teorizada en el siglo XVIII en el contexto de la revolución francesa. La noción de proceso deconstituyente, en cambio, reenvía a una realidad más reciente. Intenta describir un proceso de ruptura inverso, que no se produce en clave reformista sino contrarreformista. Y apunta a un doble fenómeno. Por un lado, al vaciamiento o la desnaturalización de los componentes más sociales y democráticos de los marcos constitucionales surgidos de la segunda posguerra del siglo XX. Por otro, a su reemplazo por nuevos marcos constitucionales liberales y autoritarios.

Este proceso deconstituyente no es nuevo. Irrumpió hace cuatro décadas con el auge del neoliberalismo y se ha acabado de consolidar con la imposición de un capitalismo financiarizado que tiende a mercantilizar todas las esferas de la vida, incluido el derecho. Esta deconstitucionalización ha operado una auténtica alienación de los marcos jurídicos pactados tras la segunda posguerra. Y lo ha hecho en diferentes escalas: en el ámbito internacional, en la Unión Europea y al interior de los Estados. En el ámbito internacional, a través de una Lex mercatoria que ha dinamitado no solo acuerdos como los de Bretton Woods, sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos inaugurado con la Declaración de Filadelfia de 1944 y la Declaración universal de 1948, convirtiendo a la libre circulación de capitales, servicios y mercancías en una suerte de Grundnorm global, incuestionable e irreformable. En el ámbito europeo, a través de una serie de tratados que, desde Maastricht al Tratado de Lisboa y al llamado Pacto Fiscal, han hecho de esa Lex mercatoria y de la obsesión monetarista, las sepultureras de la Europa social y democrática de los pueblos que inspiró al movimiento antifascista tras el fin de la segunda gran guerra. Y en el ámbito interno, por fin, a través de (contra)reformas, quebrantamientos constitucionales explícitos y cambios legislativos y jurisdiccionales que han vuelto irreconocibles los rasgos más sociales y garantistas de los marcos jurídicos formalmente vigentes.

A medida que ha conseguido avanzar, este triple proceso deconstituyente ha provocado un auténtico cambio de régimen. La noción de democracia, o de democracia constitucional, resulta cada vez más inadecuada para describir la confusión y concentración de poderes públicos y privados que la financiarización del capitalismo ha producido. No es casual, en este contexto, que sobre todo en Europa del sur hayan comenzado a circular nuevas categorías, como deudocracia o cleptocracia, que permiten describir, acaso con mayor propiedad técnica, el nuevo panorama. El gobierno de los acreedores, la connivencia fraudulenta, institucionalizada, entre política y dinero, y la imposición, en definitiva, de una auténtica oligarquía isonómica, en la que el grueso de las decisiones clave recae sobre unas minorías que toleran, con dificultad creciente, algunas libertades públicas.

En el caso español, la (contra)reforma del artículo 135 de la constitución es quizás la expresión más singular y patética de esta rendición del principio democrático y del principio del Estado social a los intereses de la deudocracia. Una cesión que, por otra parte, ha hecho rememorar muchas de las componendas realizadas durante la transición, ocultas o minimizadas durante la fase de euforia del capitalismo inmobiliario financiero local. Estas insuficiencias son especialmente evidentes para las generaciones más jóvenes que no participaron en aquellos pactos constitucionales y que los ven invocados, cada vez más, en contra de sus intereses. Para esta "juventud sin futuro", la constitución –o lo que se ha hecho de ella– aparece cristalizada hoy en un régimen monárquico y bipartidista incapaz de acometer las mínimas tareas de democratización pendientes. Ni en el ámbito político, en materias como la financiación de los partidos, el sistema electoral o la ampliación de los mecanismos de control y de participación ciudadana. Ni en el ámbito económico, en cuestiones como el impago de la deuda ilegítima, la garantía de un marco fiscal social y ambientalmente progresivo o el impulso, en general, de un gobierno ecológico y democrático de la economía. Ni tampoco, como es obvio, en el ámbito territorial, donde lo que marca la agenda son las propuestas recentralizadoras y la obsesión por la "indisoluble unidad de la nación española" (la impugnación ante el Tribunal constitucional de la declaración de soberanía del Parlamento catalán y el expediente abierto contra el Fiscal superior de Catalunya por unas declaraciones que no descartaban la legalidad de una consulta de autodeterminación, son el último episodio de una reacción que no ha hecho sino cargar de argumentos a las posiciones favorables a salidas unilaterales e incluso a la opción independentista).

3- El escaso realismo de una reforma constitucional de mínimos, sin referendo popular

Junto a este bloqueo de la razón constitucional, es verdad, también han comenzado a sentirse voces favorables a la reforma del texto de 1978. Muchas de ellas prosperan incluso entre el quienes hasta hace poco oscilaban entre el inmovilismo y algunos cambios limitados, en la línea del informe emitido por el Consejo de Estado en 2006. Aquel informe, redactado durante el gobierno Zapatero en pleno proceso de reformas estatutarias, circunscribía el cambio constitucional a cuatro cuestiones escasamente regeneracionistas. La primera, la igualdad hombre-mujer en la sucesión de la Corona. La segunda, el reflejo en la constitución de la ratificación del Tratado constitucional europeo y de la cesión de competencias a la Unión. Y las más polémicas: la incorporación de la denominación de las comunidades autónomas (a partir de la distinción nacionalidades-regiones del artículo 2) y el rediseño del Senado. Ya entonces, el resultado no convenció a nadie. Las presiones para "cerrar" el modelo de organización territorial en clave centralista y los temores a que el debate sobre el papel de la Corona condujera a un cuestionamiento de la institución, llevaron a aparcar el proyecto. Importantes dirigentes socialistas convinieron en que "abrir el melón" de la reforma solo podía traer problemas. José María Aznar, miembro del Consejo de Estado, se permitió directamente votar en contra del informe, alegando que no existía "ni la necesidad jurídica, ni la conveniencia política, ni el consenso necesario".

El fracaso de aquella experiencia y la irrupción de hechos nuevos, como las movilizaciones por el derecho a decidir en Catalunya o la irrupción del 15-M, llevaría a algunos miembros del PSOE, ya en la oposición, a reconocer que el régimen constitucional, tal como se ha interpretado en los últimos treinta y cinco años, estaría agotado. De manera inorgánica y tímida, algunos dirigentes han sugerido la conveniencia de ampliar la agenda reformista: a algunos mecanismos de participación ciudadana, al reconocimiento del carácter fundamental de algún derecho social específico, como el derecho a la salud, e incluso a la constitucionalización de un modelo de organización territorial federal y moderadamente pluralista (en la línea, si acaso, del informe elaborado para la Fundación Alfonso Perales por un grupo de juristas andaluces). Más allá de su escasa audacia, el problema de estas iniciativas es que continúan teniendo una base endeble, tanto si se presentan como propuestas de corto plazo como si se plantean en términos de futuro. En el primer caso, porque resulta difícil pensar que el Partido Popular vaya a aceptarlas, a menos que se vea capaz de forzar su rebaja y de vaciarlas de cualquier contenido medianamente transformador. En el segundo, porque muchas de estas supuestas iniciativas regeneracionistas carecen de consenso incluso dentro del propio PSOE. Basta pensar en la enconada reacción del partido a la exigencia de abdicación del rey, al apoyo decidido a un Pacto Fiscal Europeo que ahoga los derechos sociales o a la tolerancia frente a iniciativas de un marcado chovinismo español como la Fundación España Constitucional, impulsada por José Bono y por Eduardo Zaplana e integrada por una treintena de ex ministros de UCD, del PP y del propio PSOE.

En realidad, incluso en la improbable hipótesis de que las propuestas de reforma más sociales y democráticas lograran consenso interno, se integraran en una agenda de cambios más ambiciosa, y lograran prescindir del apoyo del PP, continuarían exigiendo una política de alianzas tan amplia que sólo sería posible en el marco de un nuevo proceso constituyente. Pero este horizonte está muy lejos de lo que el PSOE se ve capaz de impulsar. Sus propuestas suelen girar en torno a reformas de mínimos, o mejor, a reformas no reformistas. Casi siempre están pensadas como ejercicios de competencia jurídica, dentro del marco vigente, dirigidos a calmar el malestar social pero a desalentar, al mismo tiempo, cualquier reactivación del poder constituyente originario que pueda desbordarlos. En general, las iniciativas de reforma de los partidos mayoritarios suelen moverse en el ámbito del artículo 167 de la actual constitución. En parte porque la vía alternativa del artículo 168 se pensó como auténtico cerrojo destinado a impedir el cambio, más que a propiciarlo. Pero también porque el artículo 167 permite sortear el pronunciamiento popular a través de referéndum. Y es que como ya ocurrió en la Unión Europea tras el rechazo francés y holandés al Tratado constitucional, la consulta directa a la ciudadanía sobre aspectos relevantes de la vida política o económica, se ha convertido en la gran bestia negra de las actuales clases dirigentes. En un factor potencialidad de ingobernabilidad que hay que intentar eludir por cualquier vía. Así quedó probado en Grecia, cuando el PASOK intentó someter a consulta los propios ajustes. Y así está quedando de manifiesto en las apelaciones a soluciones técnicas que eviten interferencias ciudadanas que pondrían en peligro la "gobernabilidad" del sistema.

4- La perspectiva de un proceso destituyente-constituyente plural, en diferentes escalas

El escaso realismo de una vía reformista de mínimos, pactada desde arriba, abre a la perspectiva de un proceso constituyente un espacio inédito. Todavía es un espacio modesto, pero puede crecer, sin que por ello haya que abandonar los ejercicios concretos de resistencia constitucional garantista o el aprovechamiento de los intersticios que el marco actual continúa ofreciendo. En realidad, buena parte de las medidas de ajustes emprendidas traspasan prima facie las líneas rojas que se desprenden de cualquier comprensión mínimamente garantista del texto de 1978 y de los pactos internacionales de derechos humanos. De ahí que muchos actos de desobediencia frente estas políticas –las ocupaciones de escuelas, de ambulatorios o de entidades financieras– aparezcan, paradójicamente, no como actos ilegales, sino como actos de desobediencia civil garantista frente a una legalidad vulnerada por quienes se presentan como sus máximos defensores (la reciente sentencia en materia hipotecaria del tribunal de Luxemburgo, que enmienda incluso la pasividad del propio tribunal constitucional español, va en este sentido). Esta denuncia de la ilegalidad del poder, del incumplimiento por parte de los poderes públicos del propio marco normativo al que suelen apelar para legitimarse, ha otorgado a los movimientos sociales y ciudadanos un margen considerable para la resistencia y la desobediencia. Pero no ha impedido, en ningún caso, la demanda de nuevas formas de legalidad. Como bien ha mostrado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, nada impide combinar acciones de desobediencia civil (bloqueos de desahucios) con usos garantistas de la legalidad vigente (acciones ante los tribunales, iniciativas legislativas populares) y con la defensa de un horizonte más amplio de transformaciones jurídicas y sociales.

La cuestión clave, en todo caso, estriba en cómo conseguir que las reivindicaciones aisladas o sobre temas concretos –auditoría de la deuda, vivienda, educación, sanidad, precariedad, feminismo– confluyan en un proceso constituyente protagonizado por las mayorías sociales, por las clases populares, o por eso que, de manera metafórica, se ha denominado el 99%. Es en este punto, precisamente, donde la noción de proceso constituyente se vincula a otra noción de igual centralidad: la de poder o proceso destituyente. No hay, en efecto, proceso constituyente que no implique al mismo tiempo un proceso destituyente, esto es, una voluntad de modificación de la correlación de fuerzas existentes para romper con lo que hay, o con parte de lo que ya existe, y para plantear algo nuevo. Este fue el punto de partida de los procesos revolucionarios que acabaron con los antiguos regímenes del siglo XVII y XVIII. Fue el punto de arranque, también, de los procesos constituyentes que, en ruptura con el fascismo y otras dictaduras, alumbraron las grandes constituciones republicano democráticas del siglo XX, como la italiana de 1948 o la portuguesa de 1976. Y ha sido, también, una pieza clave en los procesos constituyentes posneoliberales que se han abierto en el siglo XXI en América Latina, en algunos países del norte de África o en la propia Islandia.

La activación de este poder, o si prefiere, de esta potencia destituyente-constituyente, depende de varios factores. Ante todo, de la superación de los elementos de bloqueo y de impotencia que impiden su articulación y su configuración como tal. En primer lugar, la impotencia individualista, esa "mutación antropológica" producida por décadas de privatización de la vida cotidiana y de fomento deliberado de un consumo alienante que dificulta la socialización. En segundo lugar, la impotencia producida por el miedo: a la pérdida de un empleo, a la pérdida de la propia casa, al endeudamiento, a la represión. Convertir esta impotencia constituida en potencia destituyente-constituyente es esencial para recomponer un cierto sujeto antagonista hoy atenazado por fenómenos de servidumbre voluntaria e involuntaria. No se trata de algo sencillo. Sin embargo, el 15-M, las múltiples huelgas generales y sectoriales, el 25-S, la experiencia de la PAH, la "marea de mareas ciudadanas" y otras experiencias similares ya aportan una imagen, difusa si se quiere, pero real y expresiva, de lo que podría ser una fuerza plural y democrática capaz de erosionar y ganar espacio a las fuerzas políticas y económicas del régimen.

Es evidente, en todo caso, que para que esta erosión sea efectiva, el poder destituyente-constituyente debería ser capaz de manifestarse en un doble ámbito: como poder electoral y como poder social en acción. La activación del poder destituyente-constituyente electoral (que podría seguir a una convocatoria ordinaria de elecciones, pero también a una moción de censura, a una dimisión o a una disolución anticipada del parlamento) y el cambio de correlación de fuerzas en la esfera institucional tienen una gran importancia. De entrada, porque contribuirían a frenar, en sede institucional, los recortes más severos de derechos y libertades que se están produciendo (comenzando por la criminalización de la protesta). Por otro lado, porque facilitarían una ruptura o una reforma constitucional para la ruptura que acabara en la convocatoria de una asamblea constituyente y en la redacción de una nueva constitución. Naturalmente, para que el cambio electoral no se resuelva en un rápido y frustrante cierre institucional, es imprescindible que el poder destituyente-constituyente se exprese también como poder en acción, es decir, que sea capaz de reconfigurar las relaciones reales de poder más allá de las instituciones: en el territorio, en los barrios, en los lugares de trabajo, en las escuelas y universidades, en la red. Esto supone la profundización de procesos que están en marcha, aunque de manera incipiente. Por un lado, la creación y fortalecimiento de espacios de ayuda mutua, de cooperativas de consumo, de producción, de crédito. Por otro, el impulso de nuevos espacios de articulación social, como las asambleas de movimientos sociales que prefiguraron los procesos constituyentes boliviano o ecuatoriano, o como la llamada constituyente social en Argentina. Por fin, la generación de instrumentos de intervención sindical y política abiertos, no burocratizados y conectados con las señales de la calle (Syriza sigue siendo, sobre todo en Europa del sur, una de las experiencias de referencia en este sentido).

La interacción adecuada, en tiempo y espacio, entre poder destituyente-constituyente electoral y social es decisiva. Si la tarea constituyente, como ocurrió en la transición, se abordara con una correlación de fuerzas no suficientemente favorable a quienes propugnan una ruptura democrática, el resultado podría ser una constitución ambigua (e incluso regresiva) que bloquee y que dificulte transformaciones posteriores. No obstante, la propia exigencia de una asamblea constituyente también puede convertirse en un factor de politización y contribuir a esa reconfiguración de las relaciones sociales. Sea como fuere, tomarse en serio la necesidad de un proceso constituyente democrático exige no solo poner de manifiesto sus potencialidades para facilitar la confluencia de contrapoderes sociales hoy dispersos. También exige no idealizarlo, como si se tratara de un golpe de mano o de una receta mágica, ni esconder los complejos desafíos que debería afrontar. De entrada, el de su necesaria configuración plural, en diferentes ámbitos o escalas. La redefinición del marco jurídico en un Estado periférico como el español, en efecto, tendría un recorrido corto si no fuera capaz, al mismo tiempo, de alentar procesos de reforma o de ruptura en otros ámbitos. En primer lugar, si no contribuyera a revertir la deriva tecnocrática y austeritaria experimentada por la Unión Europea y a cuestionar la Lex mercatoria que hoy rige de manera descarnada las relaciones internacionales. Un proceso constituyente estatal podría ampliar el margen para el cuestionamiento de algunas de las políticas hoy impuestas desde Bruselas. Sin embargo, solo la apertura desde abajo de un auténtico proceso constituyente europeo, que culminara en una asamblea constituyente democráticamente elegida, permitiría resolver de manera satisfactoria el dilema entre salir de la Unión, o del euro (con todos los costes de transición que ello supondría) o limitarse a aguardar una reforma desde arriba de las políticas monetaristas y privatizadoras hoy vigentes (con costes no menos dramáticos, como se está viendo).

Del mismo modo, cualquier proceso constituyente de ámbito estatal perdería legitimidad y eficacia si no respondiera a las demandas provenientes de territorios en los que, junto a la asfixia que produce la crisis, existe un fuerte sentimiento de identidad nacional, como ocurre en Catalunya, Euskadi o Galicia. En estos territorios, de hecho, la demanda de un proceso constituyente existe, y con más fuerza quizás que en el ámbito estatal, vinculada al derecho a decidir. Estos procesos constituyentes sub-estatales podrían contribuir a alumbrar nuevas fórmulas federales y confederales, articuladas desde abajo, o dar paso a nuevos estados independientes. Pero no tienen por qué obstaculizar procesos constituyentes similares impulsados en ámbitos más amplios. Por el contrario, si los movimientos sociales y las fuerzas de izquierdas logran hegemonizar estos procesos constituyentes estatales y sub-estatales, podrían generarse complicidades en torno a un programa común de ruptura con el régimen monárquico y bipartidista heredado de la transición. Seguramente, este programa debería incluir cuestiones básicas como la instauración de gobiernos republicanos, la oposición a las políticas de austeridad y el impulso de un rescate ciudadano, la defensa de la justicia social y ambiental y la apuesta por la transparencia y la democracia participativa. De conseguirse, bien podría ser el punto de encuentro de numerosas posiciones federalistas, confederalistas e incluso independentistas que, dentro del respeto a la diversidad, no quieren renunciar al entendimiento entre los pueblos y a la fraternidad entre "la gente de abajo".

Evidentemente, ningún proceso que pretenda destituir lo que existe puede ignorar las resistencias que tendría por delante. Para comenzar, entre las propias fuerzas políticas, económicas, mediáticas e incluso militares del régimen que pretende cambiar. En el caso español, resulta evidente que estas fuerzas tienen sus propios planes de "regeneración desde adentro" y que no estarán dispuestas a tolerar ningún proceso de cambio jurídico o social que escape a su control. Lo cierto, en todo caso, es que mientras mayores sean la deslegitimación de lo existente y la articulación de contrapoderes sociales democráticos, más difícil será una respuesta simplemente autoritaria (la negativa de algunos jueces y miembros de las fuerzas de seguridad a ordenar y ejecutar desahucios es una señal no desdeñable). Sea como fuere, la acelerada erosión del régimen constitucional heredado de la transición y hoy reconvertido en deudocracia es todo menos una ensoñación voluntarista. Por primera vez en décadas, las encuestas coinciden en que, de celebrarse elecciones, los dos grandes partidos de ámbito estatal apenas llegarían a sumar poco más del 45% de los votos emitidos. Esta opinión negativa también alcanza a instituciones clave del Estado salido del franquismo, como la monarquía, rechazada por casi el 60% de los jóvenes entre 18 y 29 años. Ciertamente, el creciente malestar social y el escenario destituyente que se está configurando a partir de él podrían desembocar en una regresión tecnocrática, autoritaria o populista conservadora. Pero nada impide que las luchas e iniciativas contra la corrupción y las políticas de ajusten puedan confluir, a la larga, en otras alternativas de ruptura democrática. La noción de proceso constituyente, declinada en plural y en varias escalas, puede ser un instrumento que facilite esa confluencia. Y que haga posible, como en la Grândola, Vila Morena, entonada otra vez en las calles portuguesas, que sean las mayorías sociales, las clases populares, y no unas oligarquías necias, quienes decidan el destino común.

* Gerardo Pisarello Prados es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y miembro del Comité de Redacción de Sin Permiso.


lunes, 18 de marzo de 2013

Un régimen acabado, necesitado de cristiana sepultura


Jesús Cacho*

Vozpópuli

16/03/2013

El próximo martes, 19 de marzo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, general Félix Sanz, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para dar cuenta del intenso, demoledor para la institución monárquica, affaire Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la “princesa” alemana que irrumpió con la fuerza de un torrente en el corazón cansado de un Rey ya muy baqueteado a la altura de 2004 por historias de cama, desde su ya lejano primer largo apareamiento conocido con la mallorquina Marta Gayá. A diferencia de tantas otras mujeres como han pasado por su vida, de las que hay memoria por retazos perdidos entre escoltas, personal de la Casa, amigos de francachela y encubridores varios, la historia de Corinna, de soltera Larsen, ha adquirido una dimensión nueva y muy peligrosa para el futuro de la Corona, una dimensión política erigida sobre las columnas del discurso que la propia “princesa” levantó en su entrevista en el semanario ¡HOLA!: “El trabajo que he realizado para el Gobierno español, cuando se me ha pedido, ha sido siempre delicado y confidencial. Son asuntos clasificados, situaciones puntuales que yo he ayudado a solucionar por el bien del país”.

Las preguntas que, a borbotones, surgen después de escuchar una declaración de parte semejante ya fueron formuladas aquí el 3 de marzo. Interrogantes, en todo caso, inquietantes para la seguridad del Estado y alucinados para ese español medio que, de pronto, descubre la existencia de una moderna Mata Hari habilitada, comisión mediante, para hacer “trabajos” que, al parecer, no es capaz de llevar a cabo ni el Gobierno, ni sus embajadas en el exterior, ni sus servicios secretos. Abochornados por el lance, han sido varias las fuerzas que han pedido la presencia del general Sanz en las Cortes. Estamos ante un militar de alta graduación a quien el Gobierno Rajoy ha mantenido en el cargo por exigencia expresa del Monarca: con el escándalo Urdangarin y el escándalo Corinna, sexo y dinero, as usual, gravitando sobre su cabeza, el Rey necesitaba mantener al militar al frente de los servicios de inteligencia para poder seguir durmiendo tranquilo, como esta semana contó en estas páginas Federico Castaño.

Ni PP ni PSOE pondrán en apuros al responsable del CNI. El acuerdo entre ambos partidos al respecto ha llegado al punto de expulsar de la comparecencia al Grupo Mixto, en el que se cobija un testigo particularmente incómodo: la Esquerra Republicana de Cataluña. Lo de Félix Sanz será, pues, un paseo militar, nunca mejor dicho, un garbeo distendido que superará con dos largas cambiadas a base de negar la evidencia. La evidencia, sin embargo, es abrumadora para el futuro de España. Los problemas personales del Rey –el pésimo ejemplo que desde el punto de vista de la moralidad pública ha expandido de arriba abajo por el cuerpo social español-, los escándalos del Rey, se han convertido en uno de los grandes problemas de España, si no el mayor, hasta el punto de resultar necesario retorcer el normal funcionamiento de las instituciones para disimular, modular, ocultar los chispazos que diariamente llegan hasta la ciudadanía desde las alturas de esa conducta impropia. La vivencia diaria de unos servicios de inteligencia obligados a ocupar buena parte de su tiempo y recursos en tapar los deslices del titular de la Corona (tal que la presencia de Corinna en el recinto de el Pardo, en la puerta trasera del palacio de la Zarzuela, durante los últimos 6 años) no hace sino confirmar esa idea de que el Monarca se ha convertido en parte del problema de España, causa –si bien no única- del desprestigio de sus instituciones y obstáculo que se yergue frente a ese proceso de regeneración democrática que demanda como inaplazable una mayoría de españoles demócratas.

El sainete de la ex mujer de Kashogui

Para tapar evidencias ha sido necesario montar un sainete periodístico según el cual la cobradora de la comisión devengada por la firma, por parte de un consorcio de empresas españolas, del contrato para la construcción del AVE entre las ciudades de Medina y La Meca no ha sido la mencionada Corinna, sino una bella empresaria iraní que pasaba por allí, una tal Shahpari Zanganeh, mujer casada en su día con el magnate Adnan Kashogui, experto en el tráfico de armas fabricadas en España desde su empresa Alkantara, en la que tuvo por socio al mismísimo INI. ¿Misterio aclarado y a otra cosa, mariposa? Pues no, señor, porque desde hace tiempo se sabe que la Zanganeh, una mujer a la que Juan Miguel Villar-Mir –mecenas del Rey desde hace años, papel en el que ha sustituido a Manuel Prado y Colón de Carvajal y, más recientemente, a Alberto Alcocer- emplea para engrasar sus negocios de la península arábiga, es socia desde siempre de nuestra afamada Corinna, de modo que aquellos 135 millones de comisión muy bien podrían haberse repartido en tres partes y no precisamente iguales, al decir de las fuentes.

Va a ser difícil taparlo todo, enmascararlo todo, confundir a todos. Hay cosas especialmente graves, tal que las gestiones que sirvieron para desactivar un asunto tan espinoso como la violación de una modelo española ocurrida en Ibiza en la madrugada del 12 de agosto de 2008, en un camarote del yate de lujo Turama, alquilado por la familia real saudí y fondeado frente a las costas de la isla. Según la denuncia presentada en una comisaría ibicenca, el supuesto violador era el príncipe Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud, un personaje habitual en la lista Forbes, quien habría amenazado con adjudicar el contrato del AVE antes citado a un consorcio francés en caso de resultar imputado. Don Juan Carlos felicitó al príncipe saudí una vez que la Audiencia Provincial de Baleares anunció el archivo de la causa. ¿Eran estos los asuntos “delicados y confidenciales” a los que aludía Corinna?

El viernes conocimos el contenido de una nueva remesa de correos que el exsocio de Iñaki Urdangarin ha entregado al juzgado que investiga el caso Nóos. Las bombas que periódicamente van saliendo del arsenal de Diego Torres no solo hacen cada día más complicada la situación judicial del yerno del Rey y de su hija -¿cómo es posible que la señora de Torres esté imputada y no la de Urdangarin?-, sino la propia posición del Rey, cada vez más indefendible desde esa neutralidad impostada que pretende el establishment judicial, político y mediático. En esos correos, Iñaki le pide al Rey que haga “un par de gestiones” para atraer patrocinadores de marcas de lujo al Valencia Summit, uno de los eventos con los que el duque se lucró a costa del erario público. Esos patrocinadores “podrían venir si el Señor les anima a aceptar la invitación”, escribe el talonmanista en su correo a la Casa del Rey. ¿Por qué Iñaki se comporta de esa guisa? Porque es lo que ha visto hacer en casa de su suegro desde que puso pie en Palacio, razón por la cual “pasar el cepillo” le parece la cosa más natural del mundo. Una cuestión de costumbre.

Las aventuras de Corinna como gestora de fondos

Esta semana hemos tenido, por fin, cumplida información en este diario del Fondo de Infraestructuras Hispano-Saudí en el que 14 empresas españolas se embarcaron en 2007 con la idea de forrarse con los contratos que iban a llover en Arabia Saudí gracias a la fraternal amistad que une al Rey, patrocinador del Fondo, con la monarquía saudí, proyecto en el que la “entrañable amistad” se empleó a conciencia buscando dinero entre empresarios y family offices de la capital. La aventura acabó como el rosario de la aurora. Los empresarios que intentaron recuperar lo invertido recibieron del entonces secretario de Estado de Comercio, Pedro Mejía, la protesta de que poco podía hacerse porque “se trataba de un asunto muy delicado a nivel nacional”. El Fondo se liquidó el 12 de abril de 2010, después de que los paganos aceptaran un acuerdo por el que perdían la pasta entregada y se comprometían a pagar el 0,85% de las aportaciones totales comprometidas, a cambio de liquidar sus compromisos. Como fiduciario de la liquidación, un tal Energy & Infrastructure GP Limited, nacido en paraíso fiscal de “padres” desconocidos, tras el cual, no obstante, los afectados adivinan la mano de una “princesa”. La palmada fue de 21 millones de dólares.

Como en toda tragedia con ribetes de farsa que se precie, también aquí hay espacio para el humor, negro en este caso. Esta semana supimos, en fin, que Alberto Alcocer ha puesto a la venta su lujoso helicóptero. El anuncio correspondiente anima a los potenciales compradores advirtiendo, sin cortarse un pelo, que el aparato “fue inaugurado por un Rey” (sic). La realidad es que no fue solo inaugurado, sino que sirvió para depositar más de una vez en Zarzuela a Arturo Fasana, un gestor de fondos suizo que en Credit Suisse Ginebra maneja la llamada “cuenta de los españoles”, por la que han desfilado unos 15.000 millones de euros de 54 clientes, todos de alto copete, entre ellos, naturalmente, Francisco Correa, epicentro de la trama Gürtel. Les ahorro la moralina, pero es evidente que una situación como la descrita no se sostiene. No hay país que pueda abordar su futuro lastrado con carga pesada. Va siendo hora de que los españoles demos cuerda nueva al reloj de la Historia.

http://www.vozpopuli.com/nacional/22916-un-regimen-acabado-necesitado-de-cristiana-sepultura

* Jesús Cacho Cortés, periodista y escritor, es autor del documentado ensayo "El negocio de la libertad" (Editorial Foca, 1999), un texto imprescindible para conocer los entresijos de la Segunda Restauración Borbónica.

viernes, 15 de marzo de 2013

Apelaciones a la República


Luis Arias Argüelles-Meres*   


12/03/2013

"Y nuestros partidos de Gobierno no son más que unas cuantas familias que viven acampadas sobre el país, presidiendo esta orgía, trasmitiéndose de generación en generación, de nulidad en nulidad, los grandes puestos, con una impudicia execrable, que toman en boca los nombres de patria, justicia y libertad para sostener la mentira sin que se quemen sus labios". (Azaña)

Cada vez está más claro que, a pesar del carácter descaradamente cortesano de muchos medios, la Monarquía no sólo está dejando de ser un asunto tabú, sino que además las encuestas vienen atestiguando que su desprestigio va en aumento. No cabe ninguna duda de que la escandalera originada en torno a las actividades empresariales del yerno del actual jefe del Estado contribuye decisivamente a ello, así como la desafortunada cacería de elefantes en un momento en que la crisis golpea duramente a la ciudadanía.

Dicho esto, convendría no dejarse llevar por lo aparatoso y estridente, centrando la cuestión en argumentos racionales y profundos. Para empezar, decantarse por el republicanismo no tiene por qué ser la consecuencia de comportamientos poco edificantes por parte del Monarca o de sus familiares. No existe ninguna garantía -perdón por la obviedad- de que un presidente de la República nunca incurriese en corruptelas. Distinta cosa es que la podredumbre de nuestro sistema tenga mucho que ver con la forma en que se forjó la transición. De ahí, los vasos comunicantes que conducen a la ruina y a la indignación.

Para apelar a la República, hay que tener en cuenta nuestra propia historia. Las palabras que encabezan este artículo las escribió Azaña en 1911. Y podrían ser esgrimidas aquí y ahora. Entonces, como en este momento, la Restauración borbónica estaba totalmente desprestigiada, y, con ella, los principales partidos que la habían sustentado. No es nueva -vive el cielo- la desafección política.

Para apelar a la República es obligado ser conscientes de los peligros que trae consigo el rechazo a la política. A este respecto, hay unas palabras de Azaña, pertenecientes al mismo texto de la cita anterior, tan certeras como actuales: «No odiéis ni os apartéis de la política, porque sin ella no nos salvaremos. Si política es arte de gobernar a un pueblo, hagamos todos política y cuanta más mejor, porque sólo así podremos gobernarnos a nosotros mismos e impedir que nos desgobiernen otros».

Y es que la presente situación, entre los inquietantes riesgos que comporta, puede derivar en un golpe tecnocrático a la italiana, o en un triunfo populista, que harían cierto el tópico de que cualquier situación, por mala que sea, siempre resulta susceptible de empeorar.

Apelar a la República conlleva, como antes dije, memoria, la misma que el franquismo sepultó y que la transición destinó a sótanos y desvanes llenos de mugre y polilla. Memoria del significado del republicanismo español que apostaba, sin titubeos ni tibiezas, por una sociedad más justa y más culta.

Apelar a la República implicaría también regeneración. El problema no está, ni mucho menos, en la política, sino en los políticos actuales profesionalizados, que -¡oh, paradoja!- se encuentran atrincherados en los búnkeres de sus privilegios, y no abandonarán tan provechosos enclaves en tanto la ciudadanía no se plante con dignidad y determinación.

Y es que, hablando de política, aquí hay cosas vergonzantemente atípicas: una derecha, fundada por un ex ministro de Franco, y, frente a ella, una izquierda de siglas, el PSOE, que aceptó el papel de partido sagastino, que renunció a reivindicar no sólo su memoria, sino también sus postulados más irrenunciables, que tienen mucho que ver con la apuesta por la enseñanza pública de calidad y con el rigor y la honestidad de los dirigentes políticos.

Y es que, hablando de política y de vida pública, sólo hay un vivero posible para esa regeneración que tanto se invoca, y ese vivero es la ciudadanía que se sienta implicada en todo lo concerniente a cómo se administra y gobierna su país. Y de ese vivero, en el mejor de los supuestos posibles, saldrían gentes que ventilasen la atmósfera viciada de los partidos existentes, o bien que creasen otras formaciones políticas para nuestro aquí y ahora.

No tengo ninguna duda del fracaso de esta 2.ª Restauración borbónica en la que estamos. No tengo ninguna duda acerca de la pertinencia de apelar al republicanismo. No oculto que el ver flamear banderas tricolores en las manifestaciones me reconforta y hasta me emociona.

Pero estoy completamente persuadido de que aquí no serviría, como en la transición, una reforma lampedusiana que pusiese de presidente de la República a personajes como González o Aznar. Sería otra pantomima menos duradera que la que se pactó tras la muerte de Franco. 

Apelar a la República comporta la ruptura que no se hizo en la transición y que podría llevarse a cabo en el momento mismo en el que la ciudadanía tomase la antorcha de su propio destino, sin maquillajes, sin cambios cosméticos; con la lección bien aprendida del pasado, del más reciente y también del más lejano, que tantas infamias recibió y sigue recibiendo.

Me consta que las apelaciones de las que vengo hablando están en marcha; falta hace que no haya desmayos en las voluntades y que la ciudadanía las haga suyas con una irrenunciable apuesta de futuro.

http://comunidades.lne.es/blogs/luis_arias_arguellesmeres/apelaciones_a_la_repblica-9150.html

* Luis Arias Argüelles-Meres es profesor de Lengua y Literatura en el Instituto “César Rodríguez” de Grado (Asturias). En 2003 la Asociación Manuel Azaña le concedió el "Premio a la Lealtad  Republicana".   

martes, 12 de marzo de 2013

Fascismo de Sitcom


Daniel Bernabé*


05/02/2013

Muchos análisis caracterizan esta crisis no sólo como una crisis económica, sino también de régimen. Una crisis que debido al impacto que está teniendo en la vida cotidiana de muchas personas hace que estas se empiecen a plantear todos los ámbitos que conforman este modelo social: la organización económica, la estructura política, el carácter de la democracia, e incluso todo el andamiaje cultural o de valores. Esto es cierto, pero sólo a medias.

Es cierto en cuanto a que esta crisis revela la verdadera naturaleza del capitalismo decadente y ruinoso de principios del Siglo XXI, un sistema incapaz de desarrollar ninguno de sus factores productivos, abandonado a la ruleta especulativa que enriquece enormemente a unos pocos y condena a la miseria al resto.

Pero este análisis de crisis como fin de régimen no es cierto en cuanto a que aún la mayoría de la población no lo percibe como tal. Han hecho falta cinco años para que el descontento empiece a aflorar, un descontento con una naturaleza parcial y estanca. Un día abren el telediario unos señores estafados por las preferentes; otro día unas señoras enfadadas porque les cierran el ambulatorio de su pueblo; unos obreros despedidos por esa estafa llamada ERE para al minuto siguiente ver como cubren sus puestos con trabajadores precarios. Los ejemplos son cientos y reflejan el ambiente de enfado y descontento, pero sobre todo de desorientación, algo así como una pesadilla que, aunque cerremos los ojos muy fuerte, no desaparece al abrirlos. El descrédito de la izquierda reformista (la que acepta el capitalismo como sistema menos malo); la incapacidad de la izquierda transformadora para adaptar su análisis y acción a la fragmentación de la clase obrera; y sobre todo, un tenaz y refinado sistema de control ideológico que hizo olvidar a los trabajadores quién son ellos y quién su enemigo; explican esta situación por la que el enfado no se transforma en ideología liberadora, por la que no se establecen relaciones entre las causas y los efectos y todos los problemas permanecen fraccionados sin encontrar complicidades.

Sin embargo hay una idea que sí ha tenido un éxito completo en este entorno (se ha asumido como propia y se replica constantemente a sí misma). La idea de la clase/casta política. Esta idea básicamente opone esa abstracción llamada ciudadanía frente a los políticos. Viene a decir que los políticos son los culpables máximos de la situación, que sus intereses propios son los que nos han llevado a donde estamos.

Que esta idea haya tenido tanto éxito tiene diversas explicaciones. La primera de ellas es el bajo nivel político general de este país y la cobardía inmensa -arrastrada como una rémora desde el franquismo- de hablar de política en público. Es una idea de fácil aceptación en la barra del bar; bravata que no nos compromete con nadie y nos hace parecer gente preocupada por la situación que nos rodea. No hace tanto, quien se atrevía a hablar en público de política desde unas posiciones de izquierda que no tragaba con aquella gran estafa del milagro económico español (ese ladrillazo en el que usted, querido lector, fue víctima propiciatoria) era tratado como poco con extrañeza, cuando no con hostilidad.

La segunda causa del éxito de esta idea es que ha sido replicada desde la ultraderecha populista (donde nace, busquen el libro que acaudilla el término) hasta por sectores del 15M, sobre todo en aquel primer momento -el más masivo- donde lo que parecía importar, más que la pedagogía política de explicar por qué estamos en este desastre, era crear una catarsis que diera salida al descontento para que no fuera una amenaza real para el sistema. Es decir, el constructo casta política se ve apadrinado por campos aparentemente antagónicos, lo que le da una imagen de globalidad para la sociedad que lo adopta.

El tercer elemento que explica el éxito de esta falacia es en apariencia el más obvio: el carácter profundamente inútil, corrupto y procaz de la mayoría de políticos nacionales, autonómicos y municipales. La crisis ha servido como desmaquillador para esos cargos públicos electos que decían preocuparse por los “currantes”, esos hombres llanos que un día ponían los pies encima de la mesa de la Casa Blanca y al siguiente echaban una partidita de dominó con cualquier paisano.

Los que nos oponemos frontalmente al término de casta política, no lo hacemos porque defendamos a Bárcenas o a Rato, sino porque sabemos que esta idea es inútil, en cuanto a lo que pretende criticar, e interesada, ya que oculta a los verdaderos responsables de la crisis.

El concepto de clase política es una de esas ideas impuestas que, sin tener base real, han tomado la realidad misma. Una clase es un grupo social que tiene unos intereses propios en base a su relación con el sistema económico. Esa clase puede mutar, tener subdivisiones, adoptar otras formas, pero siempre que mantenga los intereses y la relación, seguirá existiendo. Y los políticos no son todos iguales, ni tienen intereses propios, ni tienen una relación directa con el sistema productivo. La primera idea nos va quedando clara, ¿verdad? Los políticos no son una clase social en sí misma.

“Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa” decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista escrito en 1848. Como ven lo que ocurre no es nuevo. Esta es la idea principal. No existe clase política, lo que existe es una mayoría de políticos y una mayoría de partidos que pretenden legitimar un sistema económico injusto y voraz con algún tipo de sistema electoral y parlamentario. Que legislan no de acuerdo a sus intereses (y por supuesto no de acuerdo a los intereses que dicen defender) sino a los intereses de sus jefes: los grandes empresarios y los banqueros, fundamentalmente.

De aquí podemos extraer decenas de análisis concretos. Por ejemplo, en la tan de moda corrupción. Si se fijan, desde los grandes medios se insiste en el carácter individual del asunto, en la manzana podrida, en el malvado metido a político. Nada más lejos de la realidad. La corrupción bajo el capitalismo es sistémica, es decir, es el capitalismo quien necesita a la corrupción para funcionar. ¿O para qué creen que sirve el dinero de los sobres? Para obtener jugosos contratos públicos, leyes favorables, tratos de favor. Bien es cierto que existen países donde la corrupción es más sibilina, donde el poder sabe lo importante que es mantener su apariencia de legalidad para conservar la legitimidad a ojos de la gente. O países donde directamente la corrupción se ejerce de forma legal mediante la forma de lobbys de presión o financiación de candidatos presidenciales.

De ahí la inutilidad del movimiento ciudadanista o de profundización democrática cuando sólo se queda en aspectos técnicos (sistema electoral, democracia directa, asamblearismo, sin duda importantes) y rehuye la crítica global del sistema económico-político. Las desigualdades no surgen de las decisiones políticas, sino que determinados políticos son los ejecutores de las necesidades del poder económico. Así, por ejemplo, la privatización de la sanidad no es un capricho de Güemes, sino que este ejerce de mamporrero -de pelo absurdamente frondoso y brillante- para los inversores que posiblemente apostaron por él. Esto tiene su efecto en las protestas: si nos fijamos se rodea el Congreso pero no la sede de la CEOE o de Goldman Sachs. ¿Ignorancia o desvío de la atención? Algunas veces parece que seguimos teniendo ese carácter infantil que nos hacía gritar al lobo del guiñol, cuando la verdad es que detrás del lobo había una mano que lo manejaba.

Por otro lado, esto de la casta política, en un momento de crisis, sirve para que opciones políticas con tradición de combatividad y postulados actuales anticapitalistas no crezcan, o al menos no lo hagan lo suficiente. Porque sí, porque todos los políticos no son iguales. Porque decir que Montoro y Alberto Garzón son lo mismo es una canallada política; porque decir que las CUP y CIU son lo mismo es grotesco; porque meter en el mismo saco a Tania Sánchez Melero y Ana Botella es terrorismo intelectual. Y la cuestión, no es siquiera las personas individuales -aquí es como en la corrupción pero justo a la inversa- es entender que hay organizaciones políticas que responden a unos intereses diferentes de los del poder económico. Es comprobar cómo la dialéctica entre los trabajadores y sus organizaciones se demuestra cierta, y cuanto más avanza el combate, la protesta y la manifestación social, más espacio hay para alternativas políticas que respondan a ese movimiento. Podríamos decir que mientras que las organizaciones de izquierda son máquinas (mejor o peor engrasadas, ese es otro tema) para la lucha política de los que menos tienen, de los de abajo, de los trabajadores, los partidos de derecha son cáscaras huecas sustituibles según sea oportuno (Francia es un buen ejemplo de esto).

Lo fundamental es entender, por nuestros intereses, que no se trata de clase política y ciudadanos, se trata de diferentes clases de políticos y diferentes clases de ciudadanos; ciudadanos con intereses contrapuestos: unos tienen el poder económico y otros la fuerza de trabajo; unos la necesidad de explotar a los otros para mantener sus niveles de vida escandalosos y otros de librarse de esa explotación para tomar las riendas de sus vidas.

Llegados a este punto deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿lo de la casta política es producto de la confusa situación de indignación o hay algo más detrás?

Partiendo de la base de, como he dicho antes, que el nacimiento del término tiene lugar en esas sacristías de la reacción que son los medios ultraderechistas, y que sus voceros no tienen reparo en hacer uso del término una y otra vez, deberíamos empezar a sospechar lo peor. Y no sólo en el sentido del interés de alimentar la confusión que evite que la izquierda transformadora crezca.

¿Qué es el PP? A mí me recuerda a aquella película llamada La Invasión de los Ultracuerpos. Un envoltorio en el que caben diferentes intereses, todos relacionados con la posesión de los medios de producción: desde los pequeños caciques regionalistas, hasta la gran burguesía centralista; desde las sectas ultracatólicas, hasta los creyentes en ese dios llamado especulación; desde el gran financiero, hasta el negrero de polígono industrial; pasando por elementos declaradamente franquistas o émulos del tea-party norteamericano. El único pegamento que mantiene unido al Partido Popular no es una ideología concreta, sino el amor al dinero y el odio hacia todo lo que huela a pérdida de sus privilegios. ¿Soy el único que se acuerda de cómo en el 2004 hubo hostias -literales- en Valencia entre zaplanistas y campsistas? ¿Respondía esto a algún tipo de escaramuza ideológica o más bien a qué familia controlaba el dinero público? El Partido Popular es el partido de la burguesía española, responde sobre todo a los intereses de los grandes bancos y las multinacionales (empresas públicas privatizadas) que son quienes dominan este país. Pero su base de afiliados se fundamenta en el clientelismo, en esa corrupción institucionalizada y socializada, tan zafia y casposa, retratada por Berlanga en La Escopeta Nacional o en los palmeros de chándal de táctel aplaudiendo a Camps a la salida del juicio.

El poder no juega nunca con una sola mano de cartas. Mientras que las cosas iban medio bien para el PP no importaba atizar desde el tdt-party con lo de la casta política: los votantes de derechas suelen ser profundamente acríticos con sus partidos. El mensaje iba dirigido, sobre todo, a esa masa de personas desinformadas, adictas al lenguaje grosero y populista de los medios ultras, pero que por su posición social (la mayoría de ellos trabajadores con problemas económicos) podían girar en tiempos de crisis a opciones de izquierdas.

Cuando las cosas empiezan a ir mal para el cascarón vacío que utiliza el poder para llevar a cabo sus propósitos, ya tenemos el caldo de cultivo para que nos impongan una tecnocracia desde la Troika; o remozar al PP al modo (aún más) ultra (o en serio piensan que Pedro J., uno de los personajes más oscuros y dañinos de este país, ha destapado lo de Bárcenas por su espíritu democrático…); o bien apostar por una tercera opción comodín como puede ser UPyD.

¿Qué es UPyD sino un cascarón vació donde cabe todo? UPyD puede ser el recambio del PSOE si este se acaba de desplomar definitivamente, UPyD puede ser el recambio del Partido Popular si es imposible mantenerlo por el desgaste de la crisis o la escandalosa financiación ilegal. O incluso UPyD puede ser ese fascismo de rostro amable con actor cabeza-hueca pero atractivo para el público, que diga esa frase de: “En este país lo que hace falta es mano dura y orden” aprovechando las contradicciones con la burguesía de derechas nacionalista del PNV o CIU. Nunca se fíen del “no somos de derechas ni de izquierdas”, los fascismos empezaron igual.

El fascismo no es otra cosa que la respuesta desesperada de la burguesía ante la posible revolución. Esto es, antes de perder sus privilegios prefieren otorgar el poder a esa alternativa populista que les despega de la culpa y que instaura el sistema de la dialéctica de las pistolas. O dicho de otra forma, la democracia que vivimos, esa que otorga el voto al vagabundo que se muere de hambre, les vale mientras que salgan los partidos que defienden sus intereses; cuando ven peligrar su modo de vida, no tienen ningún pudor en financiar otra opción que les permita seguir conservando su riqueza aunque sea en base a cargarse su legitimidad -y la libertad y la vida de muchos-.

¿Exageración? Miren a Grecia y su Amanecer Dorado y la connivencia con el PP griego, la policía y el ejército. Ya buscaremos luego la cabeza de turco para justificar las medidas “excepcionales”: los inmigrantes, el paro, algún “estado terrorista” de la orilla sur del Mediterráneo… Lo que sea. Que nadie se espere un general de bigote afilado y mirada torva: el fascismo del siglo XXI será un fascismo con rostro de sitcom.

A mí me parece estupendo dar caña al bipartidismo, principal mediador político de la situación de herrumbre de este país; o al sistema institucional, un mero aparato para salvaguardar los intereses de clase de la burguesía. Me parece genial destapar de una vez por todas esa mentira llamada “ejemplar” Transición, donde unos lo cedieron todo y otros casi nada. Pero me parece estupendo siempre que esta crítica -despiadada si es necesario- vaya unida indefectiblemente al sistema económico del que surge toda la desigualdad criminal: el capitalismo.

Lo otro, lo de la casta política, al final vale para leer aberraciones tan grandes como proponer como salida a esta situación “Una Constitución cuya redacción sea tutelada, si es necesario, por juristas constitucionalistas de los EE. UU. y la Unión Europea. Si no sabemos hacerlo mejor, pidamos ayuda a aquellos que sí saben” (Cristian Campos, El Virus se extiende, Jot Down) y que decenas de miles de lectores lo aplaudan enfervorecidos, sin darse cuenta de que precisamente esa es ya la situación actual: nuestra soberanía económica es dictada a manu militari por la mafia financiera internacional, y su representación institucional, llamada Troika.

Nunca me he fiado de los advenedizos, ni de la gente que se da golpes en el pecho con el palillo en la boca, ni de los que dicen “verdades como puños”. Y lo de la casta política es eso, alimento putrefacto envenenado por el apoliticismo.

Lo único que nos queda, en un momento tan jodido como este, es el análisis, la ideología, la organización. El espíritu sumamente crítico incluso con lo que parezca indignación, porque quizá, precisamente por ahí, es por donde intentarán colarnos a los nuevos camisas pardas.


* Daniel Bernabé Marchena es librero y autor de relatos cortos.

** En la fotografía, el actor y diputado Toni Cantó, provocador oficial de la derecha posmoderna y populista de UPyD.