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viernes, 31 de enero de 2014

La Unión Europea: una nueva colonización (I y II)


La Unión Europea: una nueva colonización (I)

Héctor Illueca* y Adoración Guamán**

Público

11/01/2014

La crisis económica que afecta a nuestro país y las políticas de austeridad impuestas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) están provocando una fractura social cada vez más evidente. La ciudadanía observa atónita la degradación de la vida cotidiana y la tolerancia del poder con los abusos cometidos por los más privilegiados del país. Como no podía ser de otra forma, el creciente deterioro de las condiciones materiales de una cada vez más amplia mayoría social llega acompañado de gravísimos escándalos de corrupción que salpican al conjunto de las élites políticas y económicas, alumbrando una sociedad cada vez más instalada en la injusticia y la desigualdad.

En este contexto, el sueño de la integración europea ha devenido una pesadilla que impone un duro presente y nos condena a un porvenir sombrío. De una forma intencionada, se ha ofrecido a la ciudadanía una imagen falsa, ideológica e idílica de la hoy denominada Unión Europea, utilizando los medios de comunicación para proyectar una visión mítica y alejada de la realidad: una Unión Europea completamente ajena a los principios de cohesión y colaboración solidarios, que se ha convertido en una suerte de reserva de caza alemana en la que las economías fuertes explotan sus ventajas económicas y comerciales para aplastar a las débiles. Una Unión Europea gobernada por la ley de la selva.

Sin embargo, la gravedad de la situación económica y la caída del velo del bienestar individual hacen que comience a abrirse paso entre los habitantes de la periferia la idea de ser víctimas de una nueva colonización. Cada vez es más difícil ocultar que la implantación del euro ha generado una relación centro-periferia en el seno de la Unión Europea que enfrenta al Norte central y dominante con el Sur periférico y dominado. Ya no es posible negar que la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como importadores netos de demanda general. Para decirlo claramente y en pocas palabras: la unión económica y monetaria ha permitido que los países centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la cuenca mediterránea. Los países fuertes del centro, como Alemania, Holanda o Finlandia, incrementan su competitividad, conservan su soberanía nacional y financian sus estados de bienestar gracias a la pérdida de la competitividad, la destrucción de la soberanía y desmantelamiento del bienestar de sus compañeros de moneda, la periferia europea.

Los trabajadores del Estado español, junto a los del resto de economías periféricas, se han convertido en una reserva de mano de obra low cost. Como han señalado algunos autores, el proceso de construcción europea ha generado una nueva división internacional del trabajo, alimentando una dinámica colonialista caracterizada por la hegemonía alemana y por la subordinación de las economías periféricas [1]. Esto es lo que explica que las actuaciones estatales de control sobre el mercado y de protección de los derechos sociales estén siendo destruidas al ritmo de los dictados de la unión económica y monetaria. Cuando las exigencias del proceso entran en contradicción con las disposiciones estatales en materia de política social, los Estados periféricos proceden a adaptar sus respectivos sistemas de bienestar, siempre en el sentido de disminuir la protección de los derechos laborales y sociales. El dumping social no sólo no se ha combatido, sino que se ha fomentado, situando la regulación del factor trabajo como elemento de competitividad y desencadenando un feroz darwinismo normativo para reducir los estándares laborales y de protección social.

La nueva división europea del trabajo explica y promueve la progresiva destrucción de los modelos sociales estatales auspiciada por la troika e inmediatamente perceptible en dos ámbitos fundamentales: la flexibilización de los mercados de trabajo (en concreto, mediante la rebaja de la tutela de la estabilidad en el empleo y la devaluación del coste de la mano de obra) y la reducción de la protección social, en particular de los sistemas de Seguridad Social (reducción de la cuantía de la pensión de jubilación, reforma sanitaria, etc.). Su influencia se advierte igualmente en la reforma educativa del ministro Wert, también auspiciada por las instituciones europeas, que orienta el sistema educativo hacia la preparación de mano de obra barata, provista de los conocimientos indispensables para desenvolverse adecuadamente en el mercado laboral basura que caracteriza a los países subdesarrollados. La posición dependiente y periférica de nuestra economía en el esquema europeo es radicalmente incompatible con la existencia de pensiones públicas, la educación y la sanidad públicas y un mercado laboral medianamente digno. 

Al aceptar los dictados de la troika, las clases dirigentes de los países periféricos asumen su incapacidad de afrontar un camino independiente para sus respectivos países y sellan una relación de subordinación y dependencia semejante a la que se produce en el proceso de colonización clásico, caracterizado por la desposesión sistemática de las economías periféricas y la sobreexplotación de sus trabajadores. No debemos olvidar que son las clases dirigentes de los diferentes Estados miembros las que han construido y abonado este modelo de Unión Europea, bajo cuya intocable legitimidad han resguardado las más impopulares y duras reformas. La posibilidad de socavar la posición negociadora de los sindicatos abonó la traicionera connivencia de las élites de los países deficitarios, alimentando una alianza sólida y estable con la burguesía alemana para imponer un nuevo orden político-social a escala europea.

En este contexto, no deja de sorprender que determinados sectores de la izquierda española y europea insistan en reformar la eurozona como solución a la actual situación de emergencia social y económica. Con cierto aire panglossiano, invocando la necesidad de “más Europa”, se critica la fragmentación de la política fiscal y se denuncia la actuación de un BCE dispuesto a proporcionar abundante liquidez a los bancos mientras abandona a los Estados endeudados que soportan los ataques especulativos. Como propuesta política, se reclama la abolición del Pacto de Estabilidad, la creación de una autoridad fiscal y la modificación de los estatutos del BCE para que pueda conceder préstamos a los Estados que atraviesan por dificultades. En un arrebato de ingenuidad, incluso llega a hablarse de un “euro bueno” en el que podría establecerse un salario mínimo europeo para reducir los diferenciales de competitividad entre los países.

Se trata de una quimera que ha paralizado durante décadas a buena parte de la izquierda y del movimiento sindical y que bloquea la construcción de una alternativa al servicio de las clases populares de nuestro país. La zona euro carece de un estado único europeo y no hay ninguna expectativa de que pueda crearse uno en un futuro cercano. La unificación de la política fiscal supondría una completa reestructuración de la soberanía en toda la Unión Europea, construida a partir de una rigurosa jerarquía de estados y un cuidadoso cálculo de intereses nacionales, y precisaría un consenso que no va a producirse. Cualquier reforma posible debería respetar la jerarquía de poder existente, caracterizada por el dominio de los países de la zona central y muy especialmente de Alemania. Por expresar la idea con mayor precisión, el euro ha sido el medio utilizado para forjar la hegemonía del capital alemán, que se impone inexorablemente en el escenario europeo y que impide la posibilidad de realización de un programa que atienda a las necesidades de las mayorías sociales.

En nuestra opinión, cualquier agenda política que pretenda romper realmente con el neoliberalismo, incluso en un sentido reformista, debe plantearse en serio la salida del euro y enfrentarse a la Unión Europea como tal. Como ha señalado Costas Lapavitsas [2], la única salida progresista para nuestro pueblo consiste en abandonar de la zona euro y recuperar el control de la soberanía, en el marco de un desplazamiento radical del poder económico y social hacia el Trabajo. Una estrategia que empieza con el impago de la deuda soberana y se amplía a una salida del euro que permita a nuestro país escapar del cataclismo de la devaluación interna impuesta por la Unión Europea. Nuestro país tiene futuro, pero un futuro digno pasa necesariamente por romper con esta Europa y con las instituciones de esta Europa.


[2] LAPAVITSAS, C. Crisis en la eurozona. Madrid, Capitán Swing, 2013.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/8679/la-union-europea-una-nueva-colonizacion-parte-i/

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La Unión Europea: una nueva colonización (y II)

Héctor Illueca* y Adoración Guamán**

Público

25/01/2014

La Unión Europea se ha construido a golpe de falacias. Desde su creación, con la Comunidad Económica Europea en 1961, la defensa de la paz y de la libertad han aparecido como objetivos idealizados, en un espacio supranacional aparentemente basado en relaciones de igualdad y solidaridad entre los pueblos europeos. Este ideal actuó como un potente cebo para la ciudadanía del sur de Europa, muy especialmente la española, la portuguesa o la griega, que salían de sus dictaduras con el ansia de entrar en lo que parecía el club de la democracia y la prosperidad. A esta idealización contribuyó de forma notable el publicitado crecimiento económico que en el ámbito de la antigua UE-15 se produjo (en beneficio de unos más que de otros) durante casi dos décadas y que dotó de legitimidad y de un atractivo innegable al proyecto europeo.

No obstante, pronto se demostró que aquel “club” no era garantía ni de la democracia ni de la prosperidad, sino una trampa para inhibir la primera y arrumbar la segunda. En realidad, y como veíamos en un texto anterior, la trampa europea encubría una nueva colonización basada en relaciones de fuerza y caracterizada por el dominio de los países del norte europeo, fundamentalmente de Alemania. El Tratado de Maastricht y la aparición del euro desencadenaron una guerra comercial que ha devastado las economías de los países periféricos y lleva camino de hacer lo propio con sus sistemas políticos, destruyendo la soberanía y desmantelando el bienestar de los estados que se encuentran en dificultades. Pronto se evidenció que aquella prosperidad había derivado de un previo y continuado desarrollo económico y social conseguido en el plano nacional por estados enmarcados en el constitucionalismo social de posguerra, con dinámicas intervencionistas y planteamientos redistributivos que la unión económica y monetaria ha eliminado por completo. Se trata, en palabras de Emmanuel Todd, de la negación de Europa.

En este contexto, se antoja imprescindible desbordar los márgenes impuestos y atreverse a plantear la ruptura con las limitaciones que impiden el avance de un programa realizable de transformación social. En nuestra opinión, la salida del euro constituye una alternativa necesaria para recuperar la soberanía y superar la gravísima crisis que atravesamos. Se trataría, junto con la negación al pago de la deuda ilegítima, del primer paso de una estrategia constituyente que pretenda el reequilibrio de la economía en el marco de un desplazamiento del poder económico y social hacia el Trabajo, situando al Estado en el puesto de mando de la economía.

La estrategia tiene numerosos y diversos eslabones. De entrada, es previsible que la devaluación monetaria provoque un incremento de la deuda externa, pues debería liquidarse en una moneda mucho más valiosa que la nuestra y sería imposible continuar satisfaciéndola. Por lo que respecta a la deuda pública (alrededor de 300.000 millones de euros), parece ineludible la suspensión de pagos y la realización de una auditoría pública para asegurar una quita sustancial que aligere el aplastante peso de la deuda sobre nuestra economía. En particular, consideramos que debería declararse ilegítima la contraída por el Estado en la reestructuración y rescate del sistema financiero, que ha supuesto una obscena socialización de las pérdidas acumuladas por la banca en la financiación de las burbujas bursátiles e inmobiliarias.

Por lo que respecta a la deuda privada, los bancos estarían bajo presión y tendrían que afrontar quiebras. Las tensiones que experimentaría el sector financiero harían insoslayable la nacionalización del mismo y la creación de una banca pública con el fin de garantizar los depósitos y asegurar una financiación estable a las pequeñas y medianas empresas. Además, y fundamentalmente, el control público del crédito haría posible afrontar los desequilibrios de fondo que han provocado la crisis, convirtiendo la banca pública en un instrumento clave para revertir la financiarización de la economía y transitar de un modelo dependiente basado en la especulación a un modelo basado en la economía real, productiva e industrial.

En paralelo, el Estado debería nacionalizar los sectores estratégicos (servicios públicos, transporte, energía y comunicaciones) y promover una política de inversiones públicas que, manteniendo la protección y defensa del medio ambiente como pilar fundamental, contribuyese a modificar y renovar la estructura productiva del país, deteniendo los procesos de desindustrialización y especialización productiva que derivan de una inserción asimétrica en la economía europea. Como han destacado algunos autores, la crisis económica está provocando un preocupante deterioro de nuestra capacidad productiva motivado por la debilidad de la actividad inversora, la descapitalización del tejido industrial y la descualificación de la fuerza de trabajo, ahondando la fractura productiva que separa al centro de la periferia [1]. En este contexto, la reconversión del modelo productivo deviene una tarea urgente, so pena de embocar una rápida y dramática transición al subdesarrollo. En definitiva, se trata de iniciar una trayectoria de crecimiento diferente, caracterizada por la intervención pública en la economía, la colaboración de un sistema bancario público y el respeto al principio de sostenibilidad ecológica.

Como correlato de lo anterior, la estrategia constituyente tendría que abordar dos aspectos cruciales para detener y revertir la ofensiva neoliberal: una reforma fiscal progresiva y una profunda reestructuración del mercado de trabajo, como expresión de una nueva racionalidad económica que sirva a los intereses de la mayoría social. En efecto, la extensión de la base imponible a los sectores más poderosos y la persecución del fraude fiscal permitirían expandir el gasto público y mejorar las prestaciones sociales, especialmente sanidad y educación, que han sufrido un importante deterioro a causa de los recortes presupuestarios. Del mismo modo, harían posible la reorganización del sistema de pensiones transfiriendo recursos de los presupuestos generales del Estado para garantizar la sostenibilidad del sistema y el poder adquisitivo de las prestaciones [2].

En lo que atañe al mercado de trabajo, urge una respuesta contundente y efectiva a la emergencia social provocada por la situación de paro y precariedad generalizados, otorgando a la legislación laboral un necesario protagonismo político. De entrada, nos enfrentamos a la necesidad de desandar el camino andado durante las dos últimas décadas, retomando la creación de empleo decente como eje nuclear de la política económica. En este sentido, las últimas reformas laborales aprobadas por el PSOE (2010-11) y el PP (2012-13) deben ser expresamente derogadas. Las nuevas normas laborales deberían incentivar la creación de empleo decente, estable y con salarios dignos, mejorar las condiciones de trabajo, prestando una atención especial a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a la corresponsabilidad y a la inserción laboral de la juventud así como reforzar la negociación colectiva. Partiendo de esta base, una de las estrategias para combatir el paro que permite una salida progresista y solidaria a la grave situación actual es la reducción de la jornada laboral de manera generalizada para facilitar la colocación de los trabajadores desempleados. Esta medida estratégica debería complementarse con un incremento significativo del salario mínimo interprofesional y con la extensión de la protección por desempleo, a fin de contrarrestar los efectos más nocivos del ajuste interno y alumbrar un modelo diferente de distribución de la riqueza producida por la sociedad.

En los anteriores párrafos hemos resumido la estrategia que, en nuestra opinión, permitiría superar la dinámica colonial en la que nos encontramos tras la implantación del euro. Por supuesto, el empleo del término “constituyente” tiene un significado preciso y congruente con la hoja de ruta anteriormente esbozada: la clave es impulsar un proceso constituyente para realizar una transición democrática completa, que solvente las graves carencias arrastradas desde la dictadura y que refleje un nuevo equilibrio de fuerzas entre clases y entre géneros. No puede haber un reequilibrio de la economía a favor de los trabajadores sin una profunda transformación del Estado en un sentido republicano, plurinacional y democrático, con pleno respeto al derecho a decidir de los pueblos. Una transformación que refleje una gran alianza político-social para sustituir mecanismos de gobierno ineficientes y corruptos por la transparencia y la participación popular permanentes. Esta alianza existe de manera potencial en nuestra sociedad y podría materializarse si las izquierdas políticas y sociales se aglutinasen en un giro radical alrededor de una estrategia constituyente que dispute la hegemonía a la oligarquía.


[2] Vid., en esta línea, el documento “En defensa del sistema público de pensiones”, disponible en http://documentopensiones.org/.

http://blogs.publico.es/dominiopublico/8857/la-union-europea-una-nueva-colonizacion-y-ii/

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* Héctor Illueca Ballester es doctor en Derecho e inspector de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Valenciana.

** Adoración Guamán Hernández es doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia.

miércoles, 29 de enero de 2014

La generación perdida no mola

24/01/2014

Algún genio del storytelling político debió de inventar lo de la “generación perdida”, que tanto éxito ha tenido y todos repetimos cuando hablamos de los jóvenes golpeados por esto que llaman crisis. Bajo su significado negativo, me reconocerán que lo de “soy de la generación perdida” suena cool, tiene algo de la tan prestigiada estética del perdedor, y evoca escritores borrachos en París y rockeros malditos. Nadie se pondría una camiseta que dijera “Soy de la generación empobrecida y saqueada”, ni “Cuando deje de ser joven seguiré siendo precario”. En cambio, una chapa de la generación perdida me la pongo hasta yo. Y si encima te lo dice en inglés un organismo internacional o un medio extranjero, ya es que te entran ganas de formar un grupo punk o escribir una novela desesperada: the lost generation.

Pues no, oigan: aunque suene chulo, ser de la generación perdida no mola nada. Pero nada. Jóvenes, olvidad las telecomedias y el cine independiente: vosotros no sois esos.

La EPA de ayer, por ejemplo, funciona como foto de grupo de la generación perdida (en la que entran por igual los veinteañeros y los primeros cuarentones). Y la imagen resultante no es como para hacerse un póster: una tasa de paro juvenil terrorífica (y no soy yo el que elige el adjetivo), menos población activa joven y menos población joven en general (como en una posguerra, vamos), aumento del tiempo parcial. Es decir, un mercado laboral que para los jóvenes (y los no tan jóvenes que también se perderán) solo ofrece precariedad o emigración. No extrañe que, quienes no se van, digan que aceptarían lo que les echen, pues ha calado el discurso de “mejor un trabajo basura que no tener trabajo”.

¿Se da cuenta la generación perdida de hasta qué punto está de verdad perdida, arrojada al basurero del siglo? ¿Comprenden los jóvenes que lo de generación perdida no son unos años jodidos y a esperar los buenos tiempos, sino echar a perder toda la vida? Si uno es generación perdida, lo puede ser ya para siempre.

Dicho con crudeza: al paso que vamos, y si nada cambia, la generación perdida dejará atrás la juventud precaria para convertirse en adultos precarios (y en madres y padres precarios), hasta alcanzar una vejez tanto o más precaria. ¿O qué esperan? ¿Tener pensiones dignas cuando se jubilen? ¿Esperan siquiera jubilarse? ¿Cuántos años creen que van a cotizar, y por qué cuantía? ¿Y cuántas contrarreformas de pensiones pueden caer en los próximos treinta o cuarenta años?

Y la precariedad, vivir a salto de mata, compartir piso o pedir dinero a la familia puede tener su gracia con veintitantos, pero a los cuarenta es muy triste, y a partir de ahí es todo cuesta abajo. Decir con setenta años que eres de la generación perdida dará para unas risas, pero no propias.

Así es, amigos: la generación perdida no mola. Ya podéis asumirlo, entender la magnitud de lo que está pasando, y empezar a gamonalear más a menudo, porque lo que está en juego no es precisamente una plaza de aparcamiento.


jueves, 23 de enero de 2014

La izquierda y las elecciones europeas


Tiene que haber una sola lista de la izquierda real. Si no, dará igual que la culpa sea de uno o de otros. Será de todos

Juan Manuel Aragüés Estragués*

El Periódico de Aragón

23/01/2014

Hacía semanas que había decidido escribir un artículo sobre la izquierda y las elecciones europeas. La óptica del mismo debía ser la que viene presidiendo mi planteamiento político en las páginas de El Periódico desde hace más de tres años: la necesidad de una convergencia entre la izquierda real que, en este caso, desembocara en un única candidatura en todo el país. Entendía, y sigo entendiendo, que las especiales características de las europeas las convertían en un laboratorio ideal en el ámbito electoral de lo que se reclama desde una parte de la sociedad: la unidad de la izquierda real para hacer frente a los que nos roban y maltratan.

Sin embargo, el anuncio hace escasas fechas de Pablo Iglesias Turrión, estrella mediática de esa izquierda real, de que iba a presentarse a las mismas, suponía un cambio de escenario. No, desde luego, en cuanto al objetivo, que sigue siendo el mismo, una única candidatura, pero sí en cuanto a cómo llegar a él. Antes de la iniciática de Pablo Iglesias iba a escribir intentando espolear a IU para que se creyera de verdad esa política de convergencia de la que hablan sus papeles y, de ese modo, encabezara, de manera generosa y decidida, un proceso de construcción de un bloque electoral unitario. Tras la iniciativa de Pablo Iglesias, que se da a conocer como Podemos, escribo desde un sentimiento de inquietud esperanzada. Inquietud porque la inesperada iniciativa de Podemos puede generar enroques en IU y otras organizaciones, ante la aparición de lo que pueden entender como un competidor. Esperanza porque quizá la iniciativa de Podemos pueda servir de catalizador para desbloquear las inercias que se observan en los partidos tradicionales, atentos a sus debates internos y cuotas de poder. En el peor de los casos, podríamos encontrarnos con el enfrentamiento entre estructuras partidarias tradicionales poco dispuestas a atender cualquier dinámica externa y una apuesta personalista. En el mejor, con un revulsivo que encauce el proceso hacia esa unidad que muchísimos anhelamos.

Porque si hace dos años, aquí en Aragón, algunos nos dirigimos a CHA e IU para pedirles que hicieran el favor de ponerse de acuerdo, dos años después lo que decimos es que estamos hasta las narices de avanzar tan despacio, caso de que se avance. Que es impresentable que mientras el capital hace frente común para expoliarnos, para echarnos de nuestras casas, para alimentar a sus tiburones, para violentar nuestros cuerpos, para esclavizarnos laboralmente, nosotros y nosotras sigamos viéndolas venir y decidiendo si es menganita o zutanito el que debe encabezar una lista, cuántos coloca en la lista tal o cual tendencia, o subrayando nuestras esencias frente a otros. Ya estamos hartos. Nos da igual el nombre, nos dan igual las siglas, nos da igual quién encabece: lo que queremos es una opción política en la que nos reconozcamos como mayoría social y que nos permita derrotar a esta élite mafiosa que nos dirige. Porque si no lo hacemos pronto, acabarán con nosotros.

Estamos en una coyuntura histórica. No hago retórica. Nos estamos jugando el futuro, el nuestro y el de nuestros hijos e hijas. ¿Acaso queremos legarles la sociedad de esclavitud, miseria y opresión que diseña el capital? Pues si no lo queremos, manos a la obra. Y eso pasa por buscar denodadamente el encuentro. Y por olvidarnos de gilipolleces. Para las elecciones europeas, tiene que haber una sola lista de la izquierda real. Si no la hay, me dará igual que la culpa sea de uno o de otros. La culpa será de todos. Y será un verdadero desastre.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=914993

Juan Manuel Aragüés Estragués es profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Fue secretario general del Partido Comunista de Aragón entre 1993 y 1999. Actualmente coordina las Mesas de Convergencia de Aragón.

martes, 21 de enero de 2014

Coyuntura actual: un tiempo de enorme responsabilidad


José Luis Pitarch*

Crónica Popular

20/01/2014

Unidad Cívica por la República (UCR) constituye una Asociación cuyo objeto es promover el republicanismo en convergencia federal. Asumimos, pues, un papel concientizador e informador para con la ciudadanía, que en buen número desconoce la hondura que entraña el concepto “República” y la abyección que ha sido para España la monarquía borbónica, especialmente desde Carlos IV hasta hoy, con monarcas particularmente infames como Fernando VII, asesino de Riego, Isabel II, manceba profusa de militares y otros, Alfonso XIII; o la actual perla mata-elefantes y fornica-princesas, acaparador de dineros, que nos impuso el dictador genocida Franco, quien decía (Juan Carlos) el 23 de julio de 1.969 en La Zarzuela: “Prometo firmemente velar por los Principios de nuestro Movimiento Nacional”, juramento que repitió ante las Cortes, añadiendo: “Recibo del Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1.936”.

Este papel que asumimos, con humildad y decisión, de informar a los ciudadanos/as de lo que significa la República adquiere principal dimensión y responsabilidad en un momento de terrible situación social y política en nuestro país, saqueado por los grandes poderes económicos, con una “clase política” supurando corrupción por todos sus poros, padeciendo como nunca la abyecta alianza de esos poderes bastardos con una Iglesia traidora a su Evangelio (no hablo de todos los clérigos, sino particularmente de los obispos, a quienes no se oye llorar por los más pobres y abandonados como haría su Cristo,sino llevarse inmensos fajos del dinero de todos nosotros).

En esta situación, ha ido ganando fuerza la idea y porvenir de República, y por todas partes se oye y lee el binomio “Proceso Constituyente”, como un ilusionante proyecto de futuro social y político, futuro republicano. Aunque muchos no sepan explicar del todo en qué consiste, a la vez que “huelen”, respiran su hondura y firmeza. Digamos algunas palabras al respecto. En primer lugar, ¿qué queremos decir con “proceso”? La respuesta tiene dos caras confluyentes, como una moneda. De un lado, “proceso” es una serie o conjunto de Acciones, de “batallas”, que apuntan hacia unos resultados o logros. Tratándose de un Proceso Constituyente, el logro será una Constitución, una nueva Constitución. En nuestra coyuntura, una Constitución republicana, esto es, la III República.

Desde otra perspectiva (la otra “cara”), “proceso” es el itinerario o viaje de ir conjugando, uniendo alientos de fuerzas populares y políticas, de múltiples iniciativas republicanas, creando conciencia cívica y poder popular en su mejor sentido. Hasta llegar unidos a una ruptura democrática, ejerciendo el derecho a decidir sobre la forma de Estado y edificar un nuevo orden o modelo, un nuevo contrato social y político que entrañe una verdadera Legitimidad, una legitimidad republicana. Que entierre la ilegitimidad de una monarquía por dedazo del caudillo fascista y bajo palio como la hostia santa.

Seamos, pues, informadores y catalizadores de este Proceso Republicano. Hagamos ver a la gente que hablar de República es hablar de Derechos Humanos, de dignidad política y social. Es hablar de Justicia y Laicidad, sin interferencias de ninguna religión. Explicar que la “Transición” fue un fiasco, fue una “transacción”, esto es, un “transigir”, que significa consentir lo que no se cree justo o verdadero. República, en suma, es simplemente Regeneración, lo que este pueblo necesita tanto.

Nuestro Proceso Constituyente equivale a reunir, en una dinámica de acumulación de fuerzas, apostando por lo que tenemos los republicanos en común. Y es una dinámica de brío político hacia un probable Referéndum Monarquía-República, como en Italia y Grecia tras sus dictaduras fascistas. La ilegítima Constitución de 1.978, fabricada bajo coacciones y ruido de sables, es como una ratonera que tiene al pueblo español de ratón. Los Títulos Preliminar y Primero de la misma blindan la monarquía de Franco.

Luchamos, en suma, por una República que sea un Régimen (no amañado como la actual Constitución) de Derechos Humanos. Sigamos, para ello, en la brecha, creemos Ateneos Republicanos y nuevas “UCRs” regionales cuando sea posible, expliquemos que éste es un tiempo de enorme responsabilidad, y muchos resultados en la vida dependen de nuestras propias expectativas. Exijamos, en fin, la Devolución de una importante parte de la Soberanía que retiene, gracias a la amañada Constitución de 1.978, una dinastía borbónica que ya ha venido cuatro veces y sabe que por quinta vez, ¡ni hablar!


sábado, 18 de enero de 2014

10 puntos contra Catalunya y España


Todo apunta a que el pacto en las alturas, de las élites –la esencia de la Cultura de la Transición–, es la opción perseguida por el régimen. Todo apunta a una federación en la que el rey sería el jefe de Estado de varios Estados.

Guillem Martínez*


14/01/2014

1. El proceso catalán nació como una revolución democrática en 2009, en el municipio de Arenys de Munt, a través de la primera de una serie de consultas municipales, organizadas sin apoyo de partidos políticos. Este proceso era absolutamente rupturista. Es decir, consistía en la reclamación de una democracia directa, sin mediación de partidos, suponía la superación radical, sin intermediarios, del único tema político posible en la CT (Cultura de la Transición), el tema territorial, y explicitaba la construcción de políticas de abajo arriba, a través del municipio.

Por el mismo precio, era un cuestionamiento del concepto unidad nacional, fijado verticalmente en 1874, y renovado con verticalidad, sin cambios ni participación, en 1939 y 1978. Suponía, en fin, la posibilidad de acabar con el tabú de los temas indiscutibles, problemáticos y aparcados desde 1978. Era, en fin, otra agenda de lo posible, distinta a la gubernamental.

2. En 2012, el Govern de CiU asume, después de la nutrida manifestación del 11S, una parte de ese movimiento ciudadano: el proyecto de realizar una consulta sobre la independencia en Catalunya. Lo hace justo después de haber protagonizado los recortes más radicales en democracia –y de haberse negado, por cierto, a someterlos a consulta–, que sellaron el fin del bienestar en Catalunya. Es decir, un Govern desgastado y desautorizado y desprestigiado asumió una intensificación democrática a la vez que participaba en el desmoronamiento de la democracia, materializado en la reforma constitucional exprés, votada por CiU.

3. El proceso ciudadano y el gubernamental son diferentes y contradictorios. Eso queda patente en las preguntas que proponen. En los referéndums municipales, organizados por la ciudadanía, se optó por la pregunta: "¿Está de acuerdo con que Catalunya sea un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la UE?".

La propuesta gubernamental, en contra de esta pregunta nítida y directa, es la doble pregunta: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado? Y, si es así, ¿quiere que sea independiente?".

En un momento en el que en el sur de Europa el Estado democrático, social y de derecho hace agua, la pregunta gubernamental –de un Gobierno que ha participado activamente en la formulación posdemocrática del Estado– no supone una intensificación democrática, sino que dibuja la instrumentalización al uso de una demanda ciudadana.

4. Una doble pregunta en un referéndum en el que se plantea la secesión es una devaluación democrática. Consciente. Los promotores de los referéndums de Quebec han señalado ese hecho, mientras que los promotores del referéndum de Escocia han mantenido unas distancias llamativas con la propuesta gubernamental catalana.

Eso es un indicativo de que el referéndum carece, pues, de posibilidades para un rigor, validación y prestigio internacionales. Carece aún más de ello la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias, opción sin precedentes democráticos internacionales, apuntada por el Govern ante la eventualidad de que el Gobierno no autorice el referéndum –la posibilidad más probable si se observa la cultura democrática del Gobierno–.

5. La consulta catalana, por tanto, tiene pocas posibilidades de verse realizada. El proyecto gubernamental catalán, por tanto, es un producto propagandístico para consumo interno. Tiene funciones políticas internas, la principal de ellas, mantener vivo a un Gobierno.

No es una intensificación de la democracia, es su aplazamiento. Es la apropiación gubernamental de una iniciativa ciudadana, que ya ha supuesto un éxito gubernamental: CiU es el primer partido del sur que, tras recortar la democracia, volvió a ganar unas elecciones.

6. Aparte de sus funciones gubernamentales, puede ser que el proceso no exista. Al menos, desde la firma del pacto de gobierno CiU-ERC, en el que se marcaban los tiempos a seguir hasta la consulta, el calendario se ha cumplido precariamente, salvo en sus tramos propagandísticos.

La Generalitat no ha intensificado, o ha sido incapaz de intensificar, iniciativas diplomáticas de calado. Al frente de los contactos con UE hay personas de bajo perfil. No consta, de hecho, ningún contacto directo con la UE.

Lo mismo sucede con las "embajadas". No consta ningún contacto de la "embajada" en Berlín con la RFA. Las iniciativas internacionales más llamativas –ejemplo: una circular de Mas a diversos Gobiernos europeos– carecen de valor, itinerario y funciones. Son meramente, lo dicho, propagandísticas.

7. Pero hay otros datos políticos que indican que no existe el proceso: no ha habido pugna entre el Estado y la Generalitat para rivalizar entre sí ofreciendo derechos a la ciudadanía catalana, como sucede en los contenciosos Escocia-UK, o en el de Quebec-Canadá. Más bien, ambos Gobiernos han recortado derechos ciudadanos en direcciones parecidas.

Un Govern virtualmente secesionista no ha defendido a sus ciudadanos frente a los cambios legislativos estructurales que acaban con el bienestar y rebajan la democracia y los derechos, emitidos por el Gobierno Central. De hecho, CiU ha votado en el Congreso el grueso de esos cambios estructurales.

Por parte de la Generalitat –un Gobierno, se supone, secesionista, es decir, rupturista–, no ha habido la más mínima instrumentalización del hecho de que el régimen agoniza. Así, no se ha cuestionado la Monarquía corrupta y acosada por la Justicia y la opinión pública, no se ha cuestionado el funcionamiento corrupto de la democracia que, a través del caso Bárcenas –y el caso Palau/Ferrovial–, ha evidenciado cómo los Gobiernos y partidos venden a las empresas sus políticas.

No se ha denunciado la ausencia de soberanía del Gobierno español, sometido a instancias no democráticas, como la troika. Todo eso no ha pasado porque el Govern es parte de ese régimen y de esa cultura. No dispone de otra. Cualquier proceso que lidere, limita con ese régimen y esa cultura, que es la suya.

8. La doble pregunta –anormal en democracia, y absurda hasta el punto de que aún no se conoce el algoritmo que valide el recuento en un hipotético referéndum–, y la fecha, demasiado lejana para un referéndum del que el Govern ha anunciado que sólo se realizará bajo autorización del Gobierno central, es un indicio de que tanto la pregunta como la fecha son piezas a intercambiar en un deseado pacto intergubernamental.

El PSOE ya ha anunciado su voluntad de una reforma constitucional federal. Informes de FAES orientan sobre la simpatía del PP por esa reforma. Es la opción que ha empezado a defender el Grupo Prisa y, recientemente, el Grupo Godó, muy influyente en la formación de opinión en Catalunya.

El alto empresariado catalán y español, así como entidades financieras españolas y catalanas –las dueñas de la deuda de los partidos, que en las últimas semanas han perdonado pagos a UDC y ERC, por ejemplo–, también se ha inclinado por esa opción. Todo apunta a que el pacto en las alturas –la esencia de la CT– es la opción perseguida por el régimen.

Un nuevo pacto de élites puede volver a aplazar, por generaciones, una democracia real en la península, y ubicar a la ciudadanía en esa minoría de edad de la que no ha podido salir en los últimos 35 años. Esta opción supondrá, todo apunta a ello, cambios aparentes y mínimos en el régimen, salvo un reforzamiento de roles de la Monarquía –el sello de lo indiscutible– en una federación en la que el rey sería el jefe de Estado de varios Estados.

9. En todo este proceso, el periodismo está participando activamente, emitiendo CT. En Catalunya, es común asistir a la defensa informativa de puntos de vista gubernamentales, que avivan, frenan –modulan, en fin–, el proceso, a tenor de los intereses coyunturales del Govern.

Estos puntos de vista se polarizan con otros en los que se defiende una Constitución –ese documento definitivamente sobrepasado tras su reforma exprés, y que no defiende a la ciudadanía de las políticas contrademocráticas del Gobierno– como marco legal infranqueable y garantía de convivencia en una sociedad precarizada a niveles que, por otra parte, no amenazan ya la convivencia, sino la vivencia, la calidad de vida razonable y mínima.

El proceso catalán, instrumentalizado por el Govern, verificable en el periodismo, pero no en la realidad, suple, en los medios que lo defienden o que lo atacan, la información sobre el proceso posdemocrático en el Estado, que está acabando con derechos que han costado generaciones de represión. Una contrarreforma democrática voluminosa, sin precedentes, se desarrolla imparable mientras las tertulias –el gran género informativo español– vociferan por la unidad nacional, por el proceso que lidera un Govern, o por otros mitos culturales sobre los que descansa el régimen.

10. El régimen de la Transición sólo puede reeditar la Transición. Y eso es lo que está haciendo. Posiblemente, el final del proceso catalán puede ser el broche de oro formal, la génesis de otra Constitución que selle, a través de una forma federal de bajo perfil, los cambios que se está verbalizando el régimen a sí mismo: un Estado corporativo –en el que la empresa es voz determinante–, sin una separación nítida de poderes –como está quedando patente en los casos judiciales por corrupción que se está llevando a cabo–, sin soberanía –como atestigua la reforma exprés y otras leyes estructurales dictadas por instancias foráneas–, confesional –como apunta la ley del aborto–, autoritario –como dibuja la Ley de Seguridad Ciudadana–, con derechos laborales, sociales y personales en retroceso dramático, con una Monarquía blindada –en lo que es una metáfora del blindaje de la clase política– y con el tema territorial como único asunto de discusión posible, otra vez.

Desde 2011, partes llamativas de la sociedad están en la calle contra todo eso. El proceso catalán ha sido la única reclamación de la calle recogida por un Gobierno, instante preciso en el que dejó de ser un elemento de ruptura. La ruptura, en Catalunya, es un referéndum con pregunta clara sobre la independencia, y luego una catarata de referéndums para determinar el nuevo Estado –entre otras cosas, también para decidir su posible federación o no–. La ruptura, en España, también es una catarata de referéndums. Parece ser que eso no se producirá. O no se producirá a través del proceso catalán.

Fe de errores: En la versión inicialmente publicada de este artículo, se podía leer este fragmento: 'Lo mismo sucede con las "embajadas". A modo de ejemplo, la de Berlín está dirigida por una sobrina de una consellera, que ni tan siquiera habla alemán'. Contrariamente a lo publicado en diversos medios catalanes, que interpreté como fuentes, la "embajadora" no es sobrina de ninguna consellera y habla fluidamente alemán, si bien sigue sin constar ningún contacto oficial con la RFA para un Proceso de Soberanía.


domingo, 12 de enero de 2014

Burgos revolution


El Mundo

12/01/2014

Un español cualquiera enfrenta el insomnio. Durante un rato ha estado viendo la televisión y en ella ha aparecido un juez proclamando que el sistema está completamente podrido, que el país se está saldando de mala manera y que los responsables de la corrupción y de la ruina, esas dos primas cercanas, están amañándolo todo para salir de rositas. El juez investigó a un ex alto banquero, le intervino el correo electrónico y leyéndolo sacó petróleo acerca de cómo se manejaba el dinero y se tomaban decisiones estratégicas en una entidad financiera que acabó exigiendo un rescate multimillonario y, de rebote, la puesta en almoneda del país y de los derechos de sus habitantes.

El juez, que envió al ex banquero a prisión preventiva, está encausado por tal motivo, y el español cualquiera se pregunta si se halla ante un hombre acorralado que trata de salvarse como puede de un error que cometió, que es como lo presentan sus adversarios, o si por su boca estará diciéndose la gran y ominosa verdad que muchos intuyen, que alguna voz musita y a veces grita la calle, pero nadie acierta, en fin, a hacer valer.

Si lo que el juez dice fuera cierto, el español cualquiera piensa que se habría llegado a una terrible disyuntiva: o la ciudadanía acata ser burlada, estafada y despojada, por incapacidad para impedirlo, o de lo contrario, si no está dispuesta a pasar por ahí, busca una forma efectiva de revolverse contra quien, siempre según ese relato, le habría enajenado la soberanía. No hay tercera vía, tal y como se plantea el conflicto: limitarse a seguir tuiteando el descontento equivale a resignarse a que sus causas permanezcan intactas. Los tuits, al final, no mueven otra cosa que la facturación de las operadoras telefónicas.

En el silencio de la madrugada, el español cualquiera sopesa el delicado concepto que se ha colado en su pensamiento: revolución. En el pasado, no cabe duda, las revoluciones tuvieron sentido e incluso éxito. Algunas de ellas se veneran como fundacionales de estados de primer orden: desde los Estados Unidos (que llaman Revolution a su lucha por la independencia) hasta la República Francesa. Pero hoy, cuesta imaginarlas. Y menos en España, un país que hizo tantas y al que tan mal le salieron, con más sangre que logros. La mansedumbre del español se alimenta de su indolencia y del miedo genético a la algarada estéril y a su posterior represión, a los que viene a sumarse la distracción característica del hiperinformado ciudadano occidental.

Sin poder dormir, el español cualquiera acaba curioseando, por debilidad, lo que se cuece en ese Twitter que tanto contribuye a la dispersión y la inercia. Y ve que en Burgos, por segunda noche consecutiva, los vecinos del barrio de Gamonal se han echado a la calle para plantar cara a la policía. Fotos de contenedores ardiendo, cargas. Los vecinos protestan, dicen los medios, porque no quieren que una calle del barrio se convierta en bulevar. Ocho años atrás ya pararon de esa forma, al parecer, un aparcamiento subterráneo. Así leído, parece una pataleta, una reacción desproporcionada. Busca un poco más y encuentra una octavilla de los manifestantes: lo que les indigna es que la operación tiene un coste de veinte millones de euros y que hay responsables políticos que van a lucrarse, dicen, con una obra que no atiende a ningún interés público perentorio.

La noche anterior ya hubo incidentes, con un saldo de diecisiete detenidos y una decena de policías heridos. Y el español cualquiera vuelve a dudar. La Primavera Árabe comenzó con la protesta de un vendedor ambulante. ¿Son esos fuegos de Burgos un primer atisbo de revolución de la España adormecida?

El insomnio, ya se sabe, desdibuja a menudo las cosas.


jueves, 9 de enero de 2014

Imputación, abdicación y abolición


Jcromero

Demasiadas palabras

08/01/2014

De la imputación de la hija menor del rey lo que más me interesa es que se devuelva el dinero publico malversado, que conozcamos los posibles tejemanejes de la Fiscalía o de la Hacienda de Montoro y que se juzgue, judicial y democráticamente, la pleitesía cateta y supuestamente delictiva de los Matas, Camps y similares.

No ha comenzado bien el año para la Casa Real, a la poca luz sobre el atril, algo consustancial a la historia familiar de los Borbón, se une la imputación de la infanta por blanqueo de capitales y delito fiscal.

Sinceramente, más que la imputación y esa abdicación que asoma cada vez que el viejo monarca exhibe sus años sin Photoshop revistero, lo que me interesa es la abolición de la monarquía. Es cierto que el último intento fracasó por el golpe militar perpetrado por aquel general ante quien el actual monarca hincó la rodilla para recibir su bendición.

Con los precedentes históricos en la memoria, la Tercera debe llegar por convencimiento social y democrático. Mal asunto si llegara por las tropelías, chanchullos y mangoneos de la familia real. Mal asunto, cuando solo es un juez el encargado de defender la dignidad de todo un pueblo. Nuestra dignidad como colectivo, igual que la libertad y la misma democracia, necesita de la justicia pero, sobre todo, precisa que conciencia social y justicia vayan juntas transitando los mismos caminos.

Con la imputación se abre un período espectacular pero que puede no pasar de ser un episodio mediático más. La sentencia judicial dirá su parte; la sentencia social, también. Muchos medios nos ofrecerán el medieval linchamiento público pero con cámaras de televisión y las redes sociales echando humo; otros, un baboseo bobalicón. En todo caso, desengáñate: el camino hacia la Tercera no puede ser otro que la palabra, el razonamiento y la persuasión.

Quienes tienen en el objetivo a Juan Carlos I se equivocan; la meta es la monarquía como institución y no un monarca con poca luz y caducado. La imputación es un episodio que debiera resolverse en los tribunales sin presiones políticas, ni apaños ministeriales. La abdicación, el aliento de los monárquicos. Aquí no hay otra meta que la abolición.

http://dpalabra.wordpress.com/2014/01/08/imputacion-abdicacion-y-abolicion/

martes, 7 de enero de 2014

La decadencia del rey y de su prestigio


Iñigo Sáenz de Ugarte*


05/01/2014

Ni la propaganda ni los buenos oficios de los cirujanos pueden obrar milagros. Cuando los responsables de la Casa Real sólo pueden ofrecer como argumento de recuperación el hecho de que el rey podrá reanudar a lo largo de 2014 su "agenda internacional" de viajes es que no hay mucho más margen para actuar dentro de nuestras fronteras. El prestigio de la monarquía continúa cayendo. Lo peor para los monárquicos es que la única alternativa pasaría por un hecho tan dramático y por tanto improbable como la abdicación. Podemos esperar por tanto muchos años de decadencia.

El último sondeo conocido, publicado el domingo por El Mundo, añade un titular más a esa pendiente. Casi el 70% de los encuestados no cree que Juan Carlos I pueda recuperar el prestigio perdido. La opinión pública ya ha dado su veredicto y cerrado el último capítulo de su reinado. A partir de ahí, sólo se puede ir hacia abajo. Por definición, un monarca tiene limitada la capacidad de intervenir en los asuntos de interés público. Eso le beneficia (su imagen no se vio especialmente dañada en épocas anteriores de crisis de la política) y al mismo tiempo le perjudica (en caso de necesidad, tiene pocos instrumentos a su alcance). En la situación actual, es difícil saber qué puede hacer el rey para corregir estos números. Los discursos son una herramienta tan habitual como de escasa efectividad.

En la encuesta, sólo el 41% hace un balance bueno o muy bueno de su reinado. Eso deja un 56% con una opinión regular, mala o muy mala. No es muy aventurado suponer que los primeros miran más al pasado que al presente. Los segundos piensan más en el presente y en el futuro. El deterioro producido en los dos últimos años ha sido espectacular. Entonces el porcentaje de los que le concedían un balance positivo era el 76,4%, según otro sondeo del mismo periódico. Es una hemorragia que no puede deberse sólo al caso Urdangarin. De ahí que pensar que vaya a detenerse cuando se dilucide la investigación penal del yerno del rey sólo sea un ejercicio de imaginación poco creíble.

A la pregunta que el CIS no se atreve a hacer (sobre el apoyo a la monarquía "como forma de Estado"), en este sondeo un 49,9% se posiciona a favor, frente a un 43,3%, "seis famélicos puntos" en expresión de El Mundo. El periódico debe de contar con datos sobre la opinión de los más jóvenes (sobre la abdicación dice que está a favor el 78% de las personas de entre 18 y 29 años), pero prefiere ocultarlos de forma pudorosa. Algunos podrían indigestarse con el roscón de ¿Reyes?

Incluso se podría decir que ese 49,9% es una nota demasiado optimista como para creérsela. En diciembre de 2011, El País publicó un sondeo que daba un porcentaje casi idéntico. Antes de Botsuana. Antes de todas las informaciones que implican a la infanta Cristina en los negocios sucios de su marido. Seamos misericordiosos y pensemos que es difícil comparar encuestas hechas por empresas diferentes con distintas metodologías. Seamos misericordiosos y algo ingenuos.

La Casa Real apuesta todos los números al fin de la instrucción judicial del caso Urdangarin. Eso explica las declaraciones del jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, que ha reclamado en público al juez Castro que concluya el sumario fin, porque es un "martirio". Es probable que la Zarzuela ya no esté preocupada por la suerte de Urdangarin e incluso que le convenga un castigo en forma de pena de prisión. Pero estos comentarios son una forma evidente de presión, más grave que la defensa hecha hasta ahora de la hija del rey y del secretario de las infantas.

La mayor parte de la clase política y de los medios de comunicación reaccionará de la forma acostumbrada ante este sondeo (la agencia Efe ni se ha atrevido a enviar a sus clientes un resumen de la encuesta de El Mundo como hace con todos los sondeos que se publican en la prensa nacional). Mirarán para otro lado o se lanzarán como fieles cortesanos contra el juez Castro (ya lo han hecho antes) sin saber que no servirá de nada. Esa defensa numantina de la institución no ha dado resultado. Hay que recordar que periódicos como El País llegaron a decir que era "estrambótica la suposición de que el rey no tiene derecho a unos días de asueto y ocio, cualquiera que sea la dureza de la crisis económica", en relación al viaje a Botsuana, o que un directivo de ABC dijo indignado que en ningún caso el rey debía disculparse por tal error, justo antes de que el propio monarca lo pusiera en evidencia. Sus argumentos para atacar a Castro han sido igualmente estériles.

En estos dos años en que el prestigio de la institución ha ido cayendo sin remisión, el rey no ha conseguido librarse de los efectos de la crisis política y económica del país. Sus discursos han acompañado los mensajes del Gobierno, a veces de forma inevitable y otras con declaraciones que no le hacen ningún bien. Si el jefe de Estado cree que puede convalidar con sus palabras decisiones que no gozan del apoyo de la opinión publica, no es extraño que esta última le pase factura. Además, el discurso oficial ha continuado impertérrito: el rey puede forjar consensos, promover grandes acuerdos y hasta "mediar" (que así tituló ABC en el titular más nefasto que se pueda imaginar para los intereses de la monarquía).

Todo eso cuestiona su legitimidad porque su implicación en el juego político, por más que se presente en tonos ditirámbicos, resulta en una merma de su neutralidad, sin la cual sencillamente no puede ser rey. Y es increíble que algunos de sus cortesanos no sean conscientes de esto último.

El discurso de Nochebuena del monarca fue bastante decepcionante al abundar en las generalidades que se esperan en este tipo de mensajes. Sólo una frase destacó del resto: "Para mí, la crisis empezará a resolverse cuando los parados tengan oportunidad de trabajar". Fue una de las pocas frases que parecían estar escritas pensando en los intereses de los ciudadanos, no de los políticos. Es decir, poner el listón alto en el debate sobre la recuperación económica y no olvidarse de las víctimas de la crisis. Que parezca que te preocupas más por la suerte de los parados que por el impacto de la crisis en las instituciones.

Sin embargo, no se pueden quitar las manchas a un leopardo. En el discurso, el rey insistió en defender las virtudes del sistema político nacido de la Constitución porque hay gente que lo olvida "cuando se proclama una supuesta decadencia de nuestra sociedad y de nuestras instituciones".

Supuesta decadencia. La Casa Real continúa en el estado de negación de la realidad.


domingo, 5 de enero de 2014

Chavales, ¿queréis crecer en un país desalmado?




20/12/2013

Durante el último año he contrastado a menudo estados de ánimo con extranjeros hermanos de lengua y con españoles emigrados en cuyos rostros he visto la claridad de la decisión. Ya en el avión de regreso, nada más mirar de reojo la portada de los diarios, las sensaciones empiezan a cambiar de signo. La luz peninsular, graciosamente indecisa, entre europea y africana, proporciona un minuto de ilusión, pero tarda poco en dejar paso a la sombría impresión de retornar a un estado de cosas gris y amenazador, que se confirma con el primer informativo. Las noticias transmiten una sensación de estancamiento insoportable, de recaída en una especie de castigo divino. Me refugio en la distancia de la curiosidad etnográfica para anotar esta observación: la naturaleza en mi país tiene virtudes que se apagan en cuanto alzan la voz sus nativos. 

Al caudal obtenido por procedimientos ilegítimos, puesto a salvo en paraísos fiscales y ratificado por el apaño legislativo, la negra avaricia de nuestras élites puede añadir en la columna de su haber el desánimo completo de la sociedad española. La especulación que se apodera del bien común no solamente ha desangrado la economía y aflojado el pulso del cuerpo social, sino que, al pretender hacer pasar por bueno un estado corrupto, ha dejado al país sin espíritu, literalmente desalmado. He aquí el efecto más temible de la crisis. En otras latitudes la maldad actúa sin máscara, pero en España aspira a ser bendecida por un carcomido derecho de señorío, a justificar el sometimiento de las clases populares y la apatía de los jóvenes con una democracia de cartón piedra que se publicita en imágenes digitalizadas. 

La pérdida anímica de la sociedad española tiene sobrados precedentes históricos: en el bandolerismo primitivo, en la corrupción de la nobleza aliada con la delincuencia, en el anhelo de fortuna desmedida, en el desprecio por los oficios manuales, en el ideal imposible de la limpieza de sangre, en la exaltación de la fe reducida a espectáculo. Pero está a punto de consumarse precisamente cuando los españoles parecíamos haber llegado por primera vez a un consenso para poner remedio a nuestros males atávicos. Un falseamiento paulatino de los artículos de la Constitución relativos al estado social libre y de derecho, a la soberanía popular, a la separación de poderes, a la nación de naciones, está al cabo de lograr lo que no pudieron siglos de absolutismo, la cansina alternancia en el gobierno de los partidos burgueses y las dictaduras militares. 

La explicación de estos hechos es simple, aunque de intrincada apariencia, y debe ser urgentemente compartida con las jóvenes generaciones tanto en casa como en la escuela. El sistema de partidos ha protegido la alternancia excluyente de la derecha tradicional con la socialdemocracia, garantizándose el beneplácito inicial de los nacionalismos conservadores, que luego acaban por pasar factura. El predominio de los partidos de gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico, se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la especulación financiera y la manipulación de la opinión pública. Los especuladores financian a los partidos de los que obtienen contratos prometedores, los partidos favorecen a los grupos mediáticos afines, los grupos mediáticos aprovechan su influjo para engrosar las cuentas de sus directivos. 

Esta circulación del poder no constituido influye poderosamente sobre el voto, que es el único modo de participación democrática, y secuestra la soberanía popular, obligándola a pasar por el aro de la filiación clientelar. No hace falta perder mucho tiempo en discusiones sobre formas del estado que son mero decorado de teatro: vivimos sometidos a una oligocracia financiera, partidista y mediática. Quien no participa en el reparto de favores económicos, de cargos públicos o de horas de entretenimiento deportivo, está virtualmente fuera del sistema. Si todavía dispone de un puesto de trabajo, gracias a un oficio ajeno a la especulación, a la política de ámbito nacional o local, a los operadores de comunicación, está seriamente amenazado de perderlo, por muy liberal y respetable que sea su profesión. 

Algo parecido ocurre en la mayoría de los países occidentales que nos han proporcionado el modelo, pero aquí el cerco que amenaza a la democracia se estrecha rápidamente debido a algunos factores determinantes: la apropiación de las estructuras sociales por parte de las élites más voraces y la calculada dependencia de la judicatura o de la Agencia Tributaria respecto del ejecutivo agravan las consecuencias de la cesión de la soberanía popular en manos de los partidos mayoritarios, de quienes los financian ilegalmente, de los medios que encubren la manipulación de la opinión pública bajo un ligero y pegajoso barniz de independencia informativa. 

La mentira se ha convertido en sinónimo del quehacer político, justificada por las técnicas de imagen y por los índices de audiencia. Son incontables los casos en que los responsables públicos mienten sin recato en los medios de comunicación o en las audiencias judiciales y, cuando sus mentiras son puestas al descubiertο, prosiguen tranquilamente en sus cargos. Cada vez es más difícil que la verdad se abra paso en la política española. Los jueces que se atreven a plantar cara a la corrupción se ven obstaculizados o apartados de sus funciones. En particular quienes ponen el dedo en la llaga de la banca que ha servido para expoliar y endeudar a las comunidades locales, corrompiendo a sus funcionarios, extendiendo la red de la infamia por las cuatro esquinas del mapa. 

Por si esta barbarie que ha desangrado el país fuera poca cosa, el partido en el Gobierno —principal responsable, aunque no único, en el diseño de esa estructura dispuesta para el saqueo— pretende no solo quedar impune modificando las leyes a su medida, sino extender definitivamente el alcance de la especulación privada a las áreas más sensibles del bien común. Imaginemos el porvenir de la sanidad y de la educación en manos de empresarios como los que han saqueado las cajas, a los que hay que rescatar mientras multiplican sus ingresos millonarios, prestos a vender a la primera de cambio su mercancía a intereses foráneos, aún más voraces y experimentados en hundir empresas en aras de la libertad de mercado.

La reforma laboral nos engaña al pretender que va a crear nuevo empleo. Su objetivo principal es aligerar los costes del despido libre, el secundario repartir empleo precarizado. La destrucción masiva de empleo se debe al estallido de la burbuja inmobiliaria, que lo creó de forma artificial, pero también al hecho de que las nuevas tecnologías tienden a suprimir tareas y oficios tradicionales. Para crear empleo saneado y durable habría que inventar empresas nobles, abrir para las energías jóvenes cauces prometedores, más anchos que el deporte de élite, si bien no exentos de pagar impuestos. La ciencia y la tecnología tendrían que aliarse con las humanidades y las artes —que representan nuestra mejor tradición sin que la Constitución las reconozca— y atraer estudiantes extranjeros hacia nuestras viejas universidades. Eso no parece entrar en las miras de la nueva ley de educación. El país no tiene energía para inventos. Ni para reconocerse a sí mismo.

No es exagerado decir que nuestro país está, más que desanimado, desalmado por la falsedad, por la falta de conciencia social e histórica, por una apariencia de democracia que amenaza con derrumbarse, que intenta sostenerse con medidas autoritarias dictadas por el miedo. Miedo al reflujo de la verdad, a las previsibles reacciones populares, a la inmigración proveniente de los países más pobres. Se desvían del alcance de los jueces sanciones desmesuradas contra la libertad de expresión, en nombre de la seguridad exclusiva de los servidores de la plutocracia; se arman barreras crueles en las fronteras, que no pretenden sino contentar a los señores de Europa con el llamativo color de la sangre. Tanto celo se pone en proteger los privilegios de las élites que los propios arietes de las finanzas tienen que corregir el ardor de sus cancerberos. 

Una temible arrogancia de larga tradición en España proclama que es natural la desigualdad entre los hombres, mientras hace todo lo posible por aumentarla artificial e ilegalmente. Privatiza el bien común, pero nacionaliza agujeros bancarios e infraestructuras deficitarias. Habla sin respeto de «izquierda indigente» y encarece la inteligencia de un sistema de mercado que funciona por automatismos más bien primarios. Su orgullo de casta se apoya en un razonamiento bastardo, que falsea la prueba concluyente. Su concepto de sociedad consiste en fortalecer a la minoría dirigente en edad productiva y en mantener a la mayoría cerca de un umbral de pobreza graduable a voluntad. Es un concepto de sociedad sin futuro.

Esto ya no es un asunto de izquierdas o de derechas. La posibilidad de buscar otro horizonte está en manos de todos, pero principalmente en las vuestras, chavales, cualquiera que sea la educación que hayáis recibido. Tal vez podáis evitar, con un nuevo concepto de generosidad respetuosa, que nuestros lares pierdan el ánima para siempre. Vuestros hermanos mayores ya están buscándose la vida en el extranjero, son el renovado exilio de la ilusión, de la creación y del pensamiento hispanos. Cuando me encuentro con ellos en ciudades del Viejo o del Nuevo Mundo, me reciben con la misma alegría cualquiera que sea su comunidad de origen. Eso me hace pensar que quizá un país que pierde el alma pueda empezar a rehacerse en la imaginación de los que se han visto obligados a marcharse. La pregunta, chavales, es si vosotros queréis crecer en un país desalmado. Si respondéis que os da lo mismo, yo también emigro. Y si me viera atrapado por el hechizo de las luces y de las sombras peninsulares, emigro al menos con el pensamiento, me quedo como ausente entre vosotros.


* Santiago Auserón Marruedo, también conocido como  “Juan Perro”, es cantante y compositor de rock latino. Entre 1980 y 1992 lideró el mítico grupo musical Radio Futura.

jueves, 2 de enero de 2014

2 de enero: nada que celebrar



02/01/2012

Cada fecha tiene su significado: 6 de diciembre significa Constitución y 28 de febrero, Andalucía. El 14 de abril no puede significar monarquía, ni el 18 de julio, república. De la misma manera, el 2 de enero no puede significar Granada. Toda conmemoración es una selección ideológica, porque el pasado es demasiado complejo para celebrarlo entero. Ninguna fiesta es natural ni neutra. No vale decir que esto es “de toda la vida“, ni preguntar qué de malo tiene gritar “¿qué?” tres veces en la Plaza del Carmen.

Seleccionar el 2 de enero como día de la ciudad tiene significado ideológico y político, para empezar porque implica que no celebramos otras fechas posibles -por ejemplo, 26 de noviembre, Capitulaciones; 25 de mayo, Mariana Pineda; o 5 de junio, Federico García- y sobre todo porque conmemorar el 2 de enero significa conmemorar el punto de vista de unos -los que tomaron- anulando el punto de vista de los otros -los que entregaron-. El día 2 de enero de 1492 sólo ocurrió una cosa: que las primeras avanzadillas militares de los cristianos entraron en la ciudad. Los Reyes Católicos llegaron el día 6, y el tratado de toma/entrega se suscribió el 26 de noviembre del año anterior. Esa primera entrada militar no fue además resultado de una victoria, sino primera ejecución de un contrato político en virtud del cual Granada se integró en las Españas. Lo que ocurrió después ya lo sabemos: una parte, la granadina, entregó y cumplió; y el nuevo estado (moderno sí, pero) absoluto tomó pero no cumplió. Vino la sublevación y esta vez a la deslealtad del fuerte se sumó el exterminio del débil: en la mal llamada guerra -sólo había un ejército, no dos- de los moriscos, las tropas del naciente estado absoluto practicaron la limpieza étnica, la segregación racial e innumerables crímenes de lesa humanidad.

Curioso sin embargo que esto todavía se lea como una historia de moros (malos que se fueron) y cristianos (buenos, modernos y democráticos que nos quedamos) cuando no es sino la enésima versión del enfrentamiento ancestral entre los pueblos y los estados, entre los poderes y los derechos. Y curioso que cuando se habla de este complejo de imposturas y olvidos históricos que asignan a Granada un papel pasivo en la historia -Granada es el objeto que se tomó y no el sujeto político que suscribió un tratado condicionado de entrega- no se vea relación alguna con el presente, con los problemas de marginalidad y discriminación que hoy sufre -la desde 1833 llamada provincia de- Granada. La fiesta de la Toma parecerá muy española si por España se entiende una unidad indisoluble superior y previa a la Constitución, pero no lo es tanto si se piensa que España es un estado constitucional y plurinacional integrado en la Unión europea.

En un caso y en otro, se piense como se piense, la fiesta es antigranadina.


* José Luis Serrano Moreno, escritor de prestigio y catedrático de Filosofía del Derecho en la UGR, es socio de UCAR-Granada. Su última novela es "La Alhambra de Salomón" (Roca Editorial, 2013).