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lunes, 29 de octubre de 2012

El colapso de una nación


La simultánea conjunción de la crisis económica y el debilitamiento de las instituciones representativas han producido un doble y predecible efecto en la estructura territorial del Estado.

Álvaro Lobato y Cristina Jiménez Savurido* 

El País

26/10/2012

Por colapso se entiende el fracaso simultáneo de un conjunto de funciones vitales que precipita el desencadenamiento de una crisis sistémica de consecuencias, en muchas ocasiones, fatales.

Pues bien, eso es exactamente lo que, con toda evidencia, está sucediendo en este país; una quiebra extendida y generalizada de las instituciones fundamentales del Estado, una fractura irrecuperable de la actual estructura territorial diseñada conforme al modelo constitucional de 1978, una acelerada desvertebración social que conduce directamente a la pobreza a amplias capas de la población dependientes de las ayudas públicas, la emergencia de un clima de efervescente agitación social que tiene su origen en la frustración colectiva de las expectativas generadas.

El consenso social forjado en la etapa de la Transición, y que en lo sustancial se ha conservado durante los últimos 35 años, se sustentaba en el clásico modelo de crecimiento keynesiano que se impuso en toda Europa occidental en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Nosotros llegamos tarde al Estado de Bienestar, pero nos instalamos cómodamente en su regazo porque garantizaba ese primordial valor de la convivencia y la paz social que anhelaba una gran mayoría de españoles deseosos de evitar los riesgos de la descomposición social y el enfrentamiento civil que aún se cobijaba en la memoria, como un revelado en negativo, de aquella generación que protagonizó el cambio político.

Esa Arcadia feliz concluyó un día del año 2008, cuando en la ciudad de Nueva York unos banqueros fueron desalojados de sus mesas de trabajo cuando la entidad en la que trabajaban fue intervenida por el Gobierno Federal. El vendaval que entonces se desató se ha convertido en un huracán incontrolable que nos ha despertado, sobresaltados, de aquel espejismo que habíamos confundido con la realidad. De repente, hemos descubierto que no podemos gastar más de lo que tenemos, que si nos endeudamos estamos obligados a devolver el dinero prestado, que los servicios públicos que nos proporciona el Estado no son gratuitos y tenemos que sufragarlos mediante impuestos que no queremos pagar, que tenemos que trabajar más para ganar menos y que en el horizonte de nuestras vidas y de las de nuestros hijos va perfilándose cada vez con mayor nitidez aquel destino del que huimos como una maldición: empobrecimiento.

En muy poco tiempo, el consenso se ha disuelto como un azucarillo. Cada sector social, cada grupo, cada individuo lucha por sobrevivir, resistiéndose encarnizadamente frente a la sombra amenazadora de la pobreza y todos juntos, como en un coro desafinado de voces discordantes, elevan sus demandas y sus protestas frente a aquel que tradicionalmente se encargaba de satisfacerlas: el providencial Estado del Bienestar, convertido ahora en una especie de Rey Mago al que se le han acabado los juguetes en el almacén. Y así se desencadena una espiral que transforma el virus de la inestabilidad económica en la pérdida de la legitimidad política.

Paralelamente, en el contexto de inestabilidad económica generada por la crisis, asistimos al desmoronamiento del diseño institucional surgido de la Constitución de 1978. En una u otra medida todas las instituciones representativas que encarnan los poderes del Estado han sufrido un generalizado descrédito por parte de la opinión pública. Tanto el poder judicial, como los partidos políticos, los sindicatos o la jefatura del Estado que ostenta la función simbólica representativa por excelencia, han experimentado una sustancial pérdida de legitimidad que erosiona la totalidad del sistema político institucional. Este desdoro se acentúa en muchos casos cuando va acompañado de conductas indecorosas o manifiestamente corruptas.

La naturaleza básicamente extractiva, utilizando el plástico lenguaje de Daron Acemoglou, de los dirigentes políticos en nuestro país es un mal endémico que se remonta a la fallida construcción de un Estado, incapaz de integrar en sus estructuras políticas a los sectores más dinámicos y emprendedores de una sociedad escasamente vertebrada, gobernada en su infancia por una aristocracia semifeudal, a la que le sucedió una singular burguesía burocrática y centralista siempre de una extrema debilidad, apuntalada por el fusil y la cruz, una extraña amalgama que bloqueó durante decenios cualquier pretensión modernizadora.

El desarrollo económico vinculado a los últimos 20 años del denominado tardofranquismo hizo posible, por primera vez, que una mayoría de ciudadanos se beneficiará ampliamente de las ventajas de la expansión económica y del consumo de masas, un proceso que culminó con la incorporación a la Unión Europea y el despegue económico de los años noventa. Pero las transformaciones políticas siguieron otro ritmo. La denominada Transición, un puente entre el pasado y el futuro sin el coste sangriento de una revolución, favoreció la continuidad sin traumas excesivos de los mismos sectores sociales que se habían encargado de dirigir la política de la nación en los últimos 40 años, con los usos, prácticas y sistemas de cooptación heredados de nuestra vieja tradición extractiva y excluyente.

El famoso consenso constitucional descansaba sobre una coalición de intereses marcadamente heterogéneos cuyo inestable equilibrio solo podía asegurarse mediante la provisión de recursos adicionales que satisficieran las crecientes demandas de todos los afectados. Cuando se acabó el combustible y la caldera dejó de funcionar, nadie estaba dispuesto a pasar frío. La crisis económica precipitó una crisis de legitimidad de las instituciones que articulaban una asimétrica distribución del poder entre los distintos grupos sociales. De repente los ciudadanos empezaron a formular algunas preguntas inquietantes: ¿para qué sirven las instituciones? ¿Cuánto pagamos por su funcionamiento? ¿Cuantos políticos tenemos y cuánto nos cuestan?. El edificio que almacena las reliquias de la democracia política representativa es tan endeble que bastan estas simples preguntas para socavar los cimientos de toda la estructura. De la mera toma de conciencia al ejercicio de una acción que conduce directamente al estallido social sólo hay un paso, y muchos ya han empezado a darlo.

La simultánea conjunción de la crisis económica y el debilitamiento de las instituciones representativas han producido un doble y predecible efecto en la estructura territorial del Estado.

En primer lugar, la crisis fiscal de los distintos gobiernos autónomos ha hecho emerger en aquellos territorios históricos que tradicionalmente han enarbolado la bandera del nacionalismo, ese viejo sentimiento de agravio soterrado por el pacto constitucional, que está en la base de toda reivindicación soberanista.

En especial, en Catalunya ha ido fraguándose progresivamente, hasta adquirir el simbólico valor de un icono en el imaginario colectivo, la sensación compartida, agitada en ocasiones por el báculo populista, de que el patrimonio y la riqueza nacional de Catalunya está siendo expropiada por el resto del Estado para ser distribuida en forma de ayudas y subvenciones a aquellos que disfrutan de los beneficios del trabajo ajeno. Hay mucho de verdad en esa creencia, pero no basta por sí sola para dinamitar una asociación con el Estado español que, por otra parte, también ha sido beneficiosa para Cataluña. Hace falta algo más: envolver una reivindicación razonable en una bandera y aderezar el cóctel con las típicas identidades culturales e idiomáticas. A ello ha contribuido, sin duda, la miopía histórica de la derecha española aferrada, una vez más, a las retóricas de la intransigencia, a esa antigualla de la patria común e indivisible que sólo enfatiza el lastre histórico de su debilidad.

En segundo lugar, el deterioro de la imagen nacional, de la marca España, ha contribuido a debilitar decisivamente el atractivo de la pertenencia común a un espacio geográfico, económico y cultural que, recientemente, había logrado ocupar un lugar preeminente entre las naciones desarrolladas. Si a un catalán en los Estados Unidos o en Alemania se le identificaba como miembro de una comunidad más amplia, próspera, rica y moderna, aún sin renunciar a su identidad más inmediata, podía sentirse partícipe de un proyecto conjunto. En alguna medida, en esa singular escala que mide el orgullo de la pertenencia nacional, España sumaba más que restaba.

En estas condiciones, en un país sumido en una profundísima crisis económica, convulsionado por inevitables enfrentamientos sociales, cuyas instituciones políticas, fuertemente deterioradas, no gozan de credibilidad ciudadana alguna y aquejado de una endémica falta de vertebración territorial que amenaza con implosionar el concepto mismo de nación, apenas puede sorprender a alguien que no resulte muy atractivo identificarse como español, porque ahora España resta más que suma.

El resultado más evidente e inmediato de la severa crisis económica que padecemos y de las políticas diseñadas por la Unión Europea y aplicadas por los respectivos gobiernos para superar esta coyuntura, acarreará ,sin duda, un significativo empobrecimiento de España como país y de los ciudadanos cuyas economías domésticas ya fuertemente castigadas, se contraerán aún más en los próximos años.

Ese empobrecimiento, naturalmente, afectará de manera desigual a los diferentes sectores sociales pero se extenderá a todas las capas de la población. Desde luego, aquellos que tengan mayor capacidad adquisitiva gozarán también de una posición privilegiada para poder reducir su nivel de vida sin que las necesidades básicas se vean afectadas. Pero para la inmensa mayoría de la población, y particularmente para quienes perciben rentas, subsidios o ayudas del Estado y de las administraciones públicas, para los beneficiarios de la educación universal o de la sanidad gratuita, para los sectores más desamparados de la sociedad que sobreviven con muchas dificultades gracias a las prestaciones sociales, para las nuevas clases medias surgidas en el auge económico de los años noventa bajo la protección del Estado Social, el futuro a corto y medio plazo se parecerá mucho más al que vivieron sus padres y abuelos que, al que una vez, imaginaron para sus hijos.

Un futuro sombrío sin otra certeza que un empobrecimiento seguro, no es una buena noticia. Y nadie quiere escuchar noticias desagradables, mucho menos soportar, complacientemente , el sufrimiento que se anuncia como inevitable. Lo que se avecina es un periodo de crítica inestabilidad, de enormes convulsiones sociales y agitadas y peligrosas derivas políticas. No es posible aventurar con cierto rigor cuál sea el resultado final de algunas de las incertidumbres que nos acechan, pero lo que es seguro es que la España que amanecerá después del sueño triunfalista y faraónico del que estamos despertando, apenas nos será reconocible.

Las organizaciones sociales, con los sindicatos al frente, lucharán hasta el agotamiento, en una batalla necesariamente perdida, tratando de evitar que los más desfavorecidos, aquellos que tradicionalmente se han beneficiado de las políticas sociales del Estado del Bienestar, soporten la mayor parte del costo de la factura que nos impone nuestra pertenencia a la Unión Monetaria. Es una tentativa destinada, sin duda alguna, al fracaso. Pero dejará a su paso la huella del sufrimiento y el enfrentamiento civil.

El Estado del Bienestar y las instituciones sociales y políticas vinculadas a este modelo, desaparecerán, al menos tal como se han configurado hasta el día de hoy. Las prestaciones sociales y los servicios universales en educación, sanidad y otras áreas pertenecen al pasado. Asistiremos a una miniaturización del Estado social, a una especie de "jibarización" que dejará reducido a algo más que a una maqueta aquél gigantesco proyecto que nos iba a garantizar la seguridad de la cuna a la tumba. Habrá muchos perdedores y, desde luego, algún ganador

En este escenario el conflicto y el enfrentamiento civil serán algo más que una posibilidad. Con toda probabilidad, el incremento de la pobreza, el progresivo deterioro de las condiciones sociales y el consiguiente desarraigo de amplios sectores de la población contribuirán a un sustancial incremento de la inestabilidad política, poniendo en jaque a las instituciones y cuestionando la actual ecuación de distribución del poder; esto es, estarán gestándose las condiciones para un estallido social revolucionario, como ya sucedió en los años treinta, una crisis con la que guarda muchas identidades la actual coyuntura por la que atraviesa Europa.

* Álvaro Lobato es abogado socio de DLA Piper y Cristina Jiménez Savurido es magistrada en excedencia y presidenta de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).


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