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sábado, 30 de abril de 2011

Niños Luchando


Pablo Alcázar López

Granada Hoy

28/04/2011

No hay forma de convencer a Pánfilo -nuestro jubilado disruptivo- de que vote. Siempre contesta lo mismo: "Preferiría no hacerlo". Y mira que está persuadido de que habría que desalojar al PSOE del Gobierno andaluz, pero cuando le digo que vote al PP me contesta escuetamente: "Preferiría no hacerlo". Después de mucha conversación me ha aclarado que estaría dispuesto a votar a un partido que llevara en su programa cosas tan de sentido común como éstas:

1. Celebración de un referéndum, no más allá de 2015, sobre la forma de Estado. En una democracia todos los cargos públicos deberían de obtenerse por oposición o por votación, comenzando por la Jefatura del Estado.

2. Ha llegado el momento de que la presidencia del Gobierno la ocupe una mujer, por tanto, me dice mi amigo, no votará a ningún partido que proponga a un hombre para este cargo. Hay que adelantarse a la Iglesia que pronto, ante la escasez de curas, terminará abriendo las puertas del sacerdocio a las mujeres.

3. Celebración de referendos de independencia en las Comunidades Autónomas que lo soliciten. Las consultas pueden coincidir con la que se celebre sobre la forma del Estado. En aquellas Comunidades en las que la opción independentista fracase, no se volverá a plantear este asunto al menos en 100 años. El Estado se compromete a gestionar con rapidez y justicia, respetando los intereses de todos, la independencia de las Comunidades donde haya triunfado el sí a la secesión.

4. Nueva ley electoral que acabe con el bipartidismo y con la hiper-representatividad de los partidos nacionalistas.

5. Nacionalización de las ganancias de bancos y cajas de ahorros. Privatización de sus pérdidas que serán cubiertas por los directivos de las entidades.

6. Privatización del botellón municipal granadino y su paso a una multinacional de la gaseosa.

7. Denuncia del Concordato con el Estado Vaticano.

8. Los conflictos entre Junta y Ayuntamiento de Granada los resolverán el alcalde y el presidente en duelo singular de campeones, a las primeras heridas, en la calle Niños Luchando. El concejal y el consejero de menos edad presidirán las justas desde los balcones del Registro Mercantil y prenderán en las lanzas de los campeones sus divisas. Policías municipales y autonómicos desarmados fijarán las lindes.

Le señalo a Pánfilo que no hay partido que cumpla con todos esos requisitos. Y me contesta que esperará a que aparezca uno y que, hasta entonces, al que le pida que vote le va a contestar lo mismo que el escribiente Bartleby, de la novela de Melville, contestaba a las peticiones de su jefe: "Preferiría no hacerlo".

http://www.granadahoy.com/article/opinion/961331/ninos/luchando.html

jueves, 28 de abril de 2011

Redimidos por la Santa Transición


El asturiano Rafael Reig cuenta en Todo está perdonado una intriga que adoba con referencias de medio siglo de la historia reciente de España y que culmina en la Eurocopa de 2008

Luis M. Alonso

La Nueva España

14/04/2011

Cuenta el novelista que aquella fue la noche de la redención de España. Sólo podría serlo desde la ficción y en términos estrictamente irónicos. De modo que, como escribe Rafael Reig (Cangas de Onís, 1963), el centésimo octogésimo día del calendario gregoriano, festividad de San Pedro y San Pablo, quedará para los anales, pudiendo haberse consagrado también a San Luis Aragonés y a San Fernando Torres. En el Prater, la selección de fútbol de España, si lo prefieren la Roja, se imponía en la final de la Copa de Europa a la Mannschaft, un equipo con la victoria en sus genes, cuarenta y cuatro años después del legendario gol de Marcelino a Rusia.

Cuando en la carretera de Pont-l'Abbé a Quimper, al paso de un vehículo con una matrícula española, aquellos dos bretones salieron eufóricos de un bar para festejar con vítores los triunfos de la selección en las eliminatorias europeas, todavía no se había disputado la final de Viena. Yo, por tanto, desconocía que el inspector Clot iba a volver al Madrid melancólico de fábula, partido por el Canal, de las dos orillas: la izquierda y la derecha, para hacernos rememorar que lo que ocurriría un par días más tarde en la capital de Austria era la hostia. Más que la exclamación pronunciada por el manchego Iniesta ante las cámaras de televisión, la «hostia consagrada», protagonista de la intriga: la presencia real del cuerpo y la sangre de España, tal como lo cuenta el propio Reig en Todo está perdonado, la novela ganadora del VI premio Tusquets, deudora de la Transición y de sus trampas.

La novela de Reig, un buen escritor tan impetuoso como irreverente, culto y caótico, es un disparate en el mejor sentido que define la palabra. En ella, hay un orden establecido, incluso con un prometedor índice, que al lector a veces le cuesta seguir, más pendiente de las incursiones históricas y anecdóticas que de la propia trama. En Todo está perdonado, hay mucho más que el propio hilo narrativo policiaco: de ella surgen a borbotones, casi todo es excesivo en Reig, buenísimas páginas, situaciones hilarantes, guiños de una gran mordacidad que ayudan a consumir el producto. Hay por ahí rondando costumbrismo barojiano y personajes que parecen sacados de las primeras novelas de Eduardo Mendoza. De fondo, figura un recuento de medio siglo de la historia de España que concluye con el partido del Prater y arranca en los años cincuenta cuando los cachorros del franquismo inician un despegue que les permitirá presumir de demócratas durante la Santa Transición, que es como el autor ha bautizado a un período que él mismo juzga como un trueque urdido por los que ganaron la guerra para que sus hijos pudiesen ganar también la paz, en lugar de hacerlo los rojos. Y acaba precisamente con la redención y el perdón obtenido por la vía del símil futbolístico en la Eurocopa de 2008.

Para ello, Reig parte de una intriga. Laura Gamazo, hija de un empresario que se enriqueció durante el franquismo, muere envenenada el día de su boda. Su padre, Perico Gamazo, recurre a Antonio Menéndez Vigil, ex guardia civil y ex agente retirado, protegido suyo para que investigue el caso. Éste, al hilo de los acontecimientos, rememora los tiempos en que su progenitor y el de Gamazo entablaron amistad compartiendo la celda en la que permanecieron encerrados por los republicanos. Las propias vidas de las familias van despejando el camino para desentrañar la intriga.

Y mientras tanto fluye ese Madrid a borbotones y la ironía del propio autor, que se manifiesta desde el propio título de la novela. Todo está perdonado equivale a que aquellos polvos trajeron estos lodos. Reig, militante también en la ficción, no oculta una vez más que la ruptura hubiese sido mejor que el perdón que se concedieron los dos bandos. No es el único que lo piensa, pero sí probablemente el que mayor esfuerzo dedica a expresarlo por escrito.

lunes, 25 de abril de 2011

República: Algunas razones


Gregorio Morales*

Ideal

14/04/2011

Despachar la opción republicana por los errores del pasado como hace el señor Torné en el artículo publicado en este diario el pasado 10 de abril no es sino un despropósito. Es atarnos una rueda de molino al cuello para que perezcamos con ella. No es diferente de los republicanos que viven anclados en el pasado. Para éstos, la II República fue una etapa gloriosa que hay que repetir. Para otros como el señor Torné, una etapa infausta que jamás hay que revivir. A ambos los ciega el pasado..

Los hombres de aquellas repúblicas ya no existen. Para lo bueno y para lo malo, no están aquí. Así que se puede construir una República sin el lastre del pretérito, sin los errores ni aciertos de nuestros bisabuelos, sino con nuestros propios aciertos y errores. ¡Porque en la construcción de una República puede haber errores, claro! Lo importante es arbitrar mecanismos de corrección perennes, eficaces y rápidos.

Tales mecanismos han mostrado su incapacidad en la presente Monarquía, una de cuyas mayores rémoras es la falta de división de poderes. Aunque sobre el papel hay un poder ejecutivo, otro legislativo y otro judicial, y se prohíbe el mandato imperativo a los parlamentarios (no pueden obedecer a sus jefes de partido), en la práctica los diputados son meros aplaudidores y acatan dócilmente las decisiones que les transmiten sus superiores. ¡Y ay del que se farríe! Sus días están contados. Con lo que se produce la impostura de que las leyes las elabora el partido en el poder, que dicta además la actitud de los parlamentarios en las votaciones, y que luego ejecuta la propia ley. Algo que no está lejos de la dictadura.

Si el poder ejecutivo y legislativo son el mismo, no ocurre algo distinto con el judicial, cuyos máximo órganos son también una representación de los partidos. No es extraño por ello que prosperen leyes claramente inconstitucionales y atentatorias contra la igualdad de los españoles.

Pero aunque tales desafueros desaparecieran (lo que por otra parte parece dudoso), aún sería necesaria una República. Los símbolos no son gratuitos. Cuando en la cabeza del Estado hay una familia que se sucede por razón de su apellido, toda la sociedad queda impregnada. El apellido vale más que el mérito. La familia a la que perteneces vale más que tu instrucción o tus conocimientos. Debes beneficiar antes a tu familia que al país. Y esto es lo que hemos vivido en las últimas décadas. Hijos y familiares favorecidos por la política. Y para el pueblo llano, el famoseo, donde vales por tu apellido o por con quién te has acostado, pero no por tus capacidades ni tu formación.

Lo monárquico también se refleja en el sistema electoral: no puedo elegir personas concretas, no puedo elegir a aquellos que considero honrados o preparados o buenos gestores, sino un paquete con siglas. Un búnker atado y bien atado. Elijo una marca bajo la que se refugian individuos de toda condición, pero no puedo elegir a estos individuos.

Por eso no puede ser indiferente la forma de gobierno. Que la Monarquía haya traído prosperidad (es la misma prosperidad que ha vivido Occidente) no es una razón de peso. Como no es una razón vivir con nuestro papá porque vivimos muy bien. Mire usted, yo quiero independizarme. Quiero ser yo mismo, aunque viva peor. Quiero ser yo mismo, con mis virtudes y mis defectos, pero yo mismo.

Por lo demás, los errores de hoy pueden ayudarnos a construir la República del mañana. Así, el desastre autonómico debe introducir correcciones en un sistema republicano. Pienso que el centralismo es una conquista del estado moderno y que implica una garantía de igualdad para todos los ciudadanos. Los derechos históricos son algo medieval, y no tienen sentido en un estado del siglo XXI. Defenderlos, apoyarlos, propiciarlos, es algo reaccionario. Hay por otra parte cosas irrenunciables al Estado, como la Educación.

Así que no tengo la rueda de molino del pasado atada al cuello y, por tanto, me libero del tradicional federalismo republicano español. Es posible construir una república sin los fallos ni ataduras del pasado, llámese éste I, II República o Monarquía parlamentaria. Puedo construir una República desde la razón, la lógica y la democracia.

Tal República no está tan lejos como algunos pretenden. Zapatero ha hecho más por esa República que todos los republicanos juntos. No porque sea republicano, sino porque su gobierno, el peor de la España contemporánea, ha sido una suma de todos los vicios, desvaríos y contrasentidos del actual sistema. El desprestigio en que Zapatero lo ha sumido corroe sus más hondos cimientos. Herido de muerte, se tambalea. Puede que, apuntalado aquí y allá, aún tarde en caer. Pero caerá, de eso no cabe duda. Habrá una III República.

http://lorealinvisible.blogspot.com/2011/04/republica-algunas-razones.html

* Gregorio Morales Villena es socio fundador de UCAR-Granada.

miércoles, 20 de abril de 2011

La crisis global española y el espacio político republicano


Jorge Palacio Revuelta*

Res Pública

12/03/2010

Introducción

Es de todo punto evidente que estamos atravesando ahora, en España, una crisis profunda que se manifiesta en muy diversos órdenes, de modo que no es exageración tildarla de crisis global, producto de la conjunción simultánea de graves problemas económicos, sociales, políticos, institucionales, etc.

Además, con independencia de que haya múltiples indicadores objetivos de las manifestaciones de esta crisis global en cada orden de actividad de la sociedad española, lo que más destaca cuando se trata de esta crisis, en cualquier campo y en cualquier foro, es que la gran masa de la población, la ciudadanía, es plenamente consciente de la profundidad de la misma, de su inédita gravedad.

Existe la percepción por parte de la gente, del pueblo llano, de que esta crisis no es una crisis económica más, la fase baja de un ciclo normal, con sus inevitables consecuencias negativas, sino que se ha instalado en la ciudadanía española una especie de conciencia de que esta vez va muy en serio, de que el declive económico, el deterioro de la situación social, la degeneración de las instituciones políticas, etc., son fenómenos graves, que van a ir a peor, que los daños se van a prolongar mucho en el tiempo y que se nos avecinan la incertidumbre, la inquietud, la zozobra; en fin, que estamos en vísperas de tiempos muy, muy sombríos.

En esta ocasión se han conjuntado muchos factores negativos que conspiran en una dirección que se nos antoja a muchos ciudadanos, sensibles al deterioro de la convivencia cívica, desastrosa. Concurren en este momento histórico muchas corrientes perjudiciales que han intensificado últimamente su caudal y que se están acumulando peligrosamente, de manera que se avizora un gran desbordamiento de consecuencias imprevisibles.

No obstante, quizá sea posible aún torcer el rumbo de los acontecimientos, aunque, según transcurre el tiempo y los acontecimientos, la esperanza mengua.

Intentaré en la primera parte de este artículo dar alguna razón de las principales causas que, a mi juicio, han conducido a esta situación y cuyos efectos han irrogado la crisis global. Me centraré, principalmente, en la crisis político institucional, es decir, en el deterioro progresivo del sistema político español y en los escenarios que se abren para su «resolución».

Obviamente, por los condicionantes de la extensión y las propias limitaciones del autor, el tratamiento no podrá ser lo profundo que la materia merece, pero me atrevo a escribir estas ligeras notas, habida cuenta que son escasísimas las voces, que, en mi opinión, aciertan en el diagnóstico, y menos aún, en las posibles soluciones.

En la segunda parte de este documento trataré de fundamentar, basándome en lo anterior, y ante la grave situación existente y la peor que se nos aproxima, la necesidad de que se cree una fuerza política de carácter republicano, de ámbito estatal, que ocupe un espacio político e ideológico que cada vez es más amplio y que pudiera constituir un elemento de avance, de progreso, de esperanza, en suma.

I. LA CRISIS GLOBAL ESPAÑOLA

Evidentemente no es posible, en el marco de un modesto artículo, dar un panorama, siquiera en pequeña medida, comprensivo de la crisis que hemos calificado de global. Sólo haremos referencia expresa a unos pocos factores, especialmente activos en la creación del desolador panorama actual.

Básicamente, la tesis que mantengo es que el régimen político actual, por su configuración institucional, por la dinámica de los actores que lo animan, no sólo es incapaz de afrontar la gravísima crisis que atravesamos, sino que, incluso, contribuye a agravarla, de manera que es imperioso plantearse, por el conjunto de la sociedad española, la conveniencia de su sustitución.

I.1. Crisis del modelo económico

La crisis económica es, con mucho, el tema más tratado en nuestro país. Está omnipresente en los medios de comunicación y sobre ella se escriben, diariamente, «ríos de tinta». Sin embargo, lo que sorprende es la superficialidad de la cháchara pseudoeconómica con la que nos aturden los profesionales de la «información» y, sobre todo, la utilización partidista que de ella se hace, utilizando los datos económicos y los ligeros argumentos esgrimidos sólo para desacreditar al oponente político que corresponda, según la bandería del tertuliano, periodista o técnico de turno.

Bandos que, en los medios, quedan limitados exclusivamente, a dos: el PSOE, que apoya con un entusiasmo digno de mejor causa la «política» del Gobierno (si puede llamarse así a la improvisación, tibieza, contradicciones y desorientación de que hace ostentación el equipo gubernamental), y el PP, cuya política económica anunciada no es más, a mi modo de ver, que un conjunto de recetas de corte ultraliberal dictadas por apriorismos ideológicos demasiado dogmáticos.

Es desolador comprobar que no ha habido, ni hay, en el plano político más visible por los ciudadanos, análisis serios, rigurosos, ajustados a las peculiaridades del modelo español de crecimiento y a los posibles cambios que habría que realizar en el mismo, que, en cualquier caso, requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo, consenso básico y suficiente financiación.

No basta con decir, como dice el PSOE, que sólo hay que esperar la inminente recuperación económica de los grandes países y reorientar la economía de modo que sea, inmediatamente, «sostenible». Ni, como manifiesta el PP, que todo se arreglaría con «reformas estructurales» (que, en suma, aluden tan sólo a recortes salariales, a la reducción del coste del despido y a la disminución del peso del Estado a través de la disminución del gasto público).

Es sabido que, sin perjuicio de que haya empresas españolas que se han expandido con éxito por todo el orbe, la estructura económica de España difiere de la de los países más desarrollados de nuestro entorno, es más débil y vulnerable: la agricultura está en declive y sometida a una política reguladora europea que impone limitaciones insuperables, carecemos de recursos naturales básicos, no poseemos recursos energéticos, tenemos escasez de petróleo, hierro, etc.

El sector industrial está muy disminuido y es poco competitivo. Los servicios en que nos hemos especializado son de escaso valor añadido, con lo que la productividad española es, por fuerza, muy inferior a la de las potencias económicas de primer orden. La hipertrofia de la construcción ya ha alcanzado su techo y ha causado sus peores efectos. El sector financiero está seriamente «tocado». La pertenencia a la zona euro perjudica las exportaciones. El sector público, sobre cuyo tejido podría instrumentarse políticas de estímulo de demanda y de regulación, está lastrado por el déficit y su necesidad de financiación, etc.

En fin, la economía española no es tan pujante, estructuralmente, como se nos ha hecho ver por diferentes gobiernos, que, ocasionalmente, han convertido en méritos propios lo que ha sido consecuencia de la exuberancia y la generosa financiación europea.

Ahora, no obstante, parece ser que el enganche a la economía europea sólo funciona a la baja, y muchos expertos pronostican que, aun si la economía europea se recuperase, sería muy difícil que la española se beneficiase de su impulso, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, por lo que se prevé, en el mejor de los casos, una lentísima recuperación, y, más probablemente, un largo declive, una extenuante decadencia.

Por otra parte, parece que, esta vez, ya no va ser posible contar con el auxilio de las autoridades europeas; es más, es muy probable que se nos impongan políticas de austeridad y de ajuste sumamente onerosas.

Por todo lo anterior, y dada la debilidad básica de la economía española, su vulnerabilidad estructural, agravada por la penosísima situación actual, sería menester un acuerdo fundamental de todos los agentes políticos, económicos y sociales con el objeto de acometer las grandes transformaciones precisas en el marco de la economía española, para darle una nueva orientación, un nuevo rumbo. Este acuerdo tendría que ir más allá de los periódicos y rituales acuerdos entre empresarios y sindicatos. Mucho más allá, y que afectaría, no sólo a las instituciones económicas básicas, sino que tocaría, de resultas, a instituciones políticas fundamentales.

En este orden, uno de los asuntos que, inexcusablemente, debería debatirse y contestarse es si el actual modelo territorial del Estado, el sistema de comunidades autónomas es compatible con la estructura y las instituciones económicas que nos permitirían ir saliendo de la crisis (si todavía ello es posible).

Y ello, aun considerando que buena parte de la población parece opinar que el modelo territorial instaurado por la Constitución de 1978, bueno o malo, es una pieza fundamental del sistema económico y político español, y, por tanto, una restricción o condicionante inamovible.

Mi juicio, como republicano, es muy distinto; pienso que todas las instituciones y normas, todas, son instrumentales y han de estar al servicio de los ciudadanos, no al contrario, y de esta suerte, si cualquier institución, forma política, de estado o de gobierno se demuestra disfuncional, inoperante o nociva, debe «removerse», cambiarse o, simplemente, suprimirse.

Las instituciones no han de ser permanentes, no han de imponerse a sucesivas generaciones, han de estar siempre y en todo momento, sometidas a los imperativos del bien común, y si éste requiere nuevas instituciones, se han de establecer sin demoras, arrumbando sin demasiadas contemplaciones las antiguas, bien entendido que dicho bien común ha de manifestarse o expresarse inequívocamente de modo democrático.

Si, en relación con lo anterior, quedara probado suficientemente que el sistema de comunidades autónomas, tras un análisis coste–beneficio, económico y político, constituye un pesado lastre para la recuperación económica, por el coste de funcionamiento de los organismos que lo soportan, por la deriva de sus finanzas, por la fragmentación del mercado que causan, etc., habría que cuestionarlo, y proponer alternativas viables.

Parece claro que, ante la profundidad de la crisis y la debilidad de nuestra economía, no debe actuarse de modo timorato.

Es ya urgente el consenso básico aludido anteriormente para crear nuevas instituciones, nuevas normas y nuevas políticas. Es necesario un acuerdo de todos los agentes económicos y políticos sobre la configuración de las instituciones rectoras y reguladoras de la economía, sobre la estructuración de los sectores estratégicos que convendría, dentro del marco de lo permitido por las autoridades europeas, estimular o fomentar, sobre la dimensión y actuación del sector público, sobre los servicios sociales que han de cubrirse, sobre el control de las políticas públicas, sobre el diseño del sistema fiscal, sobre las políticas de ajuste necesarias, sobre el coste que han de pagar por ello los distintos sectores sociales, etc.

Pero es asimismo claro que, considerando la actitud manifestada por tales agentes, tal acuerdo fundamental no va a conseguirse, ni siquiera se va a intentar seriamente. Las consecuencias de tal fracaso colectivo me temo que se harán dolorosamente evidentes pronto.

La dificultad de perfilar un modelo económico robusto, apoyado mayoritariamente, que permitiera un «posicionamiento» estable en el concierto económico de las potencias actuales, se agrava por la distancia que media entre las estrategias miopes y sectarias de los principales partidos, encastillados en posturas excluyentes e irreductibles.

Es en este punto donde se echa más en falta la aportación de un partido o una fuerza política republicana, vale decir, un movimiento que introdujese la noción de interés común, de comunidad política comprometida en un proyecto de progreso social, que fijase sus miras más a largo plazo que las inmediatas elecciones.

Una corriente política que estimulase la búsqueda democrática de planteamientos compartidos, que abriera espacios de deliberación en los que imperase la tolerancia, el respeto, el consenso, que activara el debate en la sociedad civil, que despertara la mejor conciencia ciudadana, etc., o sea, lo que supone el legado clásico de la más constructiva tradición del republicanismo, actualizado por las mejores aportaciones de otros movimientos progresivos.

I.2. Crisis social

La crisis económica ha hecho más profunda la crisis social en la que ya estábamos inmersos. Crisis social cuyas manifestaciones más evidentes son la desafección de la sociedad con respecto a las instituciones, la falta de confianza en su eficacia, la creciente hostilidad a la «clase política», el avance de la corrupción, ligada ésta a la ausencia de valores cívicos y a la falta de control de los agentes políticos, a la impunidad, más o menos consentida, de determinados actores, etc.

La creciente desigualdad social, producto de la acumulación en pocas manos de las ganancias obtenidas en los últimos años de crecimiento económico, en gran medida desordenado y especulativo, unido a una enorme debilidad del Estado de Bienestar y a una clamorosa ineficacia de los mecanismos públicos de redistribución de la renta, constituyen elementos potenciales de inestabilidad social, que, ante cualquier hecho fortuito, puede transformarse en desórdenes públicos o disturbios políticos.

El incremento del paro, la rampante pobreza de muchos conciudadanos, el aumento de la exclusión social y la insensibilidad social de las capas de población más privilegiadas económicamente, no contribuyen, precisamente, a fomentar la cohesión social, que ha de basarse en un cierto grado de solidaridad y de evitación de excesivas desigualdades.

Por un lado, el principal partido de la oposición manifiesta una grave desatención de este fenómeno, y, por otro, el gobierno, presuntamente socialista, con el propósito de soslayar lo que debería ser el genuino proyecto o programa socialista, se embarca, a veces torpemente, en causas ideológicas polémicas cuyo objetivo parece ser, fundamentalmente, servir de «cortinas de humo» y provocar a la oposición para que muestre su lado más reaccionario, más ultramontano, más regresivo y agresivo.

Es desmoralizador comprobar que los ciudadanos, ante este espectáculo, se desentienden cada vez más de la vida política, a la par que crece su indignación por los juegos de los políticos, vueltos de espalda ante los graves problemas planteados, políticos que utilizan de manera descarada los privilegios que les depara el control de las instituciones.

Lo que más intranquiliza es que este malestar no es adecuadamente canalizado, sino que se va acumulando, sin que hagan acto de presencia instituciones, partidos o movimientos alternativos que, enarbolando la bandera de la regeneración democrática, actúen constructivamente, incitando los cambios necesarios.

Por otra parte, los medios de comunicación de masas cada vez son más sensacionalistas, más mercenarios y partidistas, sin profundizar en la crítica de las instituciones esenciales del Estado. Lo que debería ser debate riguroso, argumentación juiciosa, opinión informada y fundamentada y crítica sin tabúes, se convierte en insulto personal, invectiva gruesa, ocurrencia maligna y, sobre todo, espectáculo chabacano y poco edificante, pero sin mayor pretensión que la alharaca o la traca escandalosa, inútil por incívica. Todo ello refleja mediocridad, liviandad y frivolidad. Justo lo contrario de lo que ahora se requiere: rigor, seriedad, reflexión, civismo.

Con todo lo anterior, se fomenta la inacción, la falta de reflexión, el entretenimiento de baja calidad y, además, se provee un espectáculo burdo, pero bastante eficaz: el de simular un verdadero debate político a través de cruces de invectivas e insultos entre los dos grandes partidos, lo que supone bastante diversión, pero que deviene políticamente letal, al hurtarse el auténtico debate, sin tabúes, sobre los verdaderos problemas económicos, sociales y políticos. El propósito es, precisamente, ese: dar apariencia de un ambiente ya sobradamente «politizado» y desviar las afecciones de los ciudadanos sólo hacia cualquiera de las dos opciones políticas existentes, imposibilitando o desactivando cualquier iniciativa insólita.

No es extraño, sin embargo, lo que ahora ocurre. No sucede, en realidad, nada nuevo, sólo se han agravado las características de la sociedad que se ha ido conformando en las últimas décadas. Como antecedente de lo que se padece en la actualidad habría que remontarse al franquismo, a la dictadura, que inculcó a los abuelos y padres de las generaciones contemporáneas actitudes como la inacción política, la desmovilización ante empresas comunes, el fatalismo ante las arbitrariedades, la sumisión ante las jerarquías impuestas, la sospecha ante la cultura, la dejación de responsabilidad en «los superiores», el intentar medrar mediante el amiguismo, el nepotismo, el favoritismo, las redes de amigos para hacer negocios, la falta de transparencia, la falta de compromiso ciudadano, etc.

Los poderes públicos actuantes en la transición, lejos de romper con esas nefastas tradiciones, se aprovecharon de ellas en su favor, las fomentaron, las desarrollaron y podría decirse que, simplemente, lo que ha ocurrido es que el antiguo «Movimiento Nacional» se ha fragmentado, y que la democracia, más formal que real, no ha calado muy hondo ni en la sociedad ni en sus instituciones, a pesar de la apariencia democrática que podría dar la profusión de feroces enfrentamientos ideológicos.

En este sentido, es muy grave la responsabilidad que hay que achacar a los gobiernos socialistas, que tenían la misión histórica de modernizar el país con profundos cambios institucionales y culturales para conseguir mayores cotas de democracia y progreso. No lo hicieron, se acomodaron a las inercias franquistas y aun crearon las suyas, se desentendieron de lo que, en puridad, debería haber sido su labor histórica. No actuaron contra las injustas desigualdades sociales, no transformaron el Estado; no cambiaron, sustancialmente, instituciones fundamentales como la enseñanza, la justicia, las instituciones económicas. No entusiasmaron a sus masas potenciales (salvo en 1982, para defraudarlas inmediatamente), ni a sus potenciales aliados. No supieron desactivar ideológicamente a los nacionalistas periféricos, mediante un proyecto de Estado fuerte, robusto, atractivo, para fortalecer la cohesión territorial, para crear una conciencia común; al contrario, se han dejado arrastrar por la centrifugación propiciada por los nacionalistas.

No es descabellado pensar que la descomposición del PSOE, uno de los ejes fundamentales del sistema político español, esté próxima; por un lado, por el efecto atractivo del proyecto nacionalista, que «fagocita» a los socialistas periféricos, dada la insuficiencia de una alternativa de carácter estatal más sugestiva, y, por otro lado, ante la incapacidad demostrada para abordar eficazmente una crisis estatal de tan grandes proporciones como la actual. Es muy posible que asistamos pronto al deterioro del apoyo social al Partido Socialista, como ya ha ocurrido en Italia, Francia, Alemania o Reino Unido. No parece, sin embargo, que escarmientan en cabeza ajena. En España, en un sistema democrático más débil, menos sólido, una crisis grave del Partido Socialista podría constituir una desgracia política de muy negativas consecuencias.

No obstante, no es difícil advertir que la desarticulación del proyecto socialista, que su deterioro organizativo, su deformación caudillista, su fragmentación en proyectos locales, su ineficacia política general, su empobrecimiento ideológico van dejando sitio, espacio, a un movimiento republicano que supla, con ventaja, a los socialistas, para desarrollar sus mejores ideas.

I.3. Crisis del modelo territorial

El régimen nacido de la Transición y la Constitución intentó salvar lo fundamental del régimen anterior, eliminando los aspectos más repelentes, por lo dictatoriales y represores de las libertades básicas, pero sin proceder a una auténtica ruptura de las inercias y de los hábitos políticos derivados del franquismo, y sin molestar, siquiera levemente, a los poderes fácticos que se sirvieron de dicho régimen.

La Transición, ahora santificada como mito fundacional del régimen vigente, instauró un modo de hacer política a base de negociaciones y regateos entre las elites o los «caudillos» de los partidos, siempre al margen de la ciudadanía. En realidad, nada fue sometido a debate auténticamente democrático. Hubo mucha prisa en cerrar los acuerdos institucionales basados en el reparto de poder de los partidos a la hora de ocupar las instituciones.

Este compartido sistema de «expolio» se basaba, no obstante, en frágiles equilibrios y en tabúes protegidos por un cordón sanitario implacable. Nunca se debatió la Monarquía, no hubo, prácticamente, debate sobre la configuración territorial del Estado. Por el afán de hacer caso omiso del modelo implantado en la Constitución republicana de 1931, se construyó, atolondradamente, sin evaluar consecuencias futuras, un Estado Autonómico, que si bien pudo funcionar, mal que bien, durante algunos años, en los que hubo buena situación económica y abundante financiación europea, ahora resulta, según numerosos expertos, opinión a la que me sumo, insostenible, no ya tan sólo económicamente, sino por lo que tiene de amenaza de desintegración del Estado.

En efecto, la propia dinámica de los nacionalismos periféricos y la ausencia de proyecto integrador atractivo por parte del Estado común les ha llevado, indefectiblemente, al borde de secesión, casi de forma automática.

Han estado amagando con ello durante muchos años, con creciente éxito, de manera que ahora, aunque quisieran (que no quieren), no podrían dar marcha atrás, sin perder el apoyo que han concitado, de manera que la construcción de estados nacionales es una perspectiva viable. La secesión se contempla por muchos como un horizonte posible y altamente probable. De hecho, hay quien asegura que ya hay «masa crítica» para ello y que su consecución sólo es cuestión de tiempo (y poco).

No creo que anden muy descaminados y, en este horizonte, no es exageración manifestar que en España la secesión de comunidades desarrolladas como la catalana o la vasca o ambas ocasionaría un desastre económico, político y social, tremendo, y ello, en el caso, poco probable, que se resolviera pacíficamente.

El Estado central ha ido paulatinamente favoreciendo este patológico proceso, debilitándose, cediendo competencias básicas para la articulación de políticas públicas eficaces (sanidad, educación, etc.). El Estado ha perdido competencias sobre resortes e instrumentos vitales que cohesionan realmente a los ciudadanos que habitan distintos territorios y que desarrollan la solidaridad social; es decir, son las herramientas para la conservación de un Estado que garantice prestaciones iguales a ciudadanos indistinguibles en derechos y deberes.

Sobre la deriva secesionista de determinadas comunidades autónomas y su «solución» se ha escrito mucho, sólo que suele hacerse desde un punto de vista, a mi modo de ver profundamente equivocado. El debate se suele establecer en términos de oposición o choque de nacionalismos: se rechaza el nacionalismo catalán o vasco, con el argumento de que sólo hay una Nación española, de manera que los argumentos de los oponentes se refuerzan recíprocamente.

En este sentido, sostengo que ya es tarde históricamente para utilizar argumentos hispánico-patrióticos de regusto imperial para oponerse a proyectos de construcción de estados basados en identidades presuntamente nacionales.

Los ciudadanos, en sociedades desarrolladas (incluso en la española), basan su fidelidad o afección a un Estado en la cobertura que ese Estado pueda dar a la sociedad, en términos de garantía de la libertad, de provisión de seguridad y bienestar, de desarrollo democrático, de buen gobierno, de expectativas de progreso, etc., no en mitos, banderas, himnos o relatos de glorias pasadas.

En este planteamiento, cabe preguntarse, sin demagogia: ¿qué atractivo ofrece el Estado español a ciudadanos catalanes o vascos que no «sienten», emocionalmente, la pertenencia a España? (¿los toros?, ¿las procesiones?, ¿el Cid?, ¿las alegrías de la Selección Española de fútbol?, ¿el desfile de la Hispanidad?, ¿los discursos navideños del Rey?).

Francamente, según lo visto, la realidad político–institucional española no ofrece demasiados atractivos, de manera que la desafección de los ciudadanos de estas regiones o comunidades al Estado español crece, mientras que el proyecto secesionista, que no ha sido combatido eficazmente en el plano político, ideológico e institucional, se presenta cada vez más pujante y atractivo para los que, no siendo fervorosos nacionalistas, tampoco sienten la llamada de la España «eterna».

Parece claro, pues, que el modelo territorial existente, basado en «nacionalidades» ha llegado a su límite, ya no es funcional, ya no sirve, no satisface ya a los nacionalistas, y, al mismo tiempo, impide la puesta en marcha de posibles motores regeneracionistas, no provee de mecanismos compensatorios que promuevan suficientemente la solidaridad regional, es insostenible económicamente, fomenta la corrupción, el caciquismo, el clientelismo, etc.; es decir, reproduce lo peor de las más nefastas tradiciones políticas españolas. Hay, por consiguiente, que cambiarlo mientras aún sea posible.

Otra vez hay que apelar aquí al pensamiento republicano, capaz de ofrecer alternativas a la grave crisis del modelo territorial.

Si el Estado está en grave crisis, la transformación democrática del mismo es la única posibilidad que se ofrece de regeneración, y, en esta dirección, el cambio, en un Estado, como es el español, en el que no hay homogeneidad cultural ni consenso en lo que se refiere a sentimiento de pertenencia nacional, sólo puede hacerse desde un enfoque republicano; planteamiento en el que la identificación de una comunidad política con su Estado se fundamente en un nuevo «contrato de adhesión», no basado en sentimientos irracionales.

Este nuevo concepto sólo puede dar lugar a una República profundamente democrática e integradora, más allá de los nacionalismos excluyentes y no solidarios.

I.4. Crisis de las instituciones

Todas las instituciones del Estado, no sólo las comunidades autónomas, están en crisis. Ninguna funciona a satisfacción de la ciudadanía.

Comencemos por los partidos. Ya se ha comentado que se procuró la configuración de un sistema bipartidista imperfecto con el propósito de establecer una alternancia que intentara reproducir el mecanismo operante en la Restauración, al tiempo que se daba espacio a los partidos nacionalistas que podrían intervenir ocasionalmente en la gobernación del Estado a través de puntuales alianzas.

Sin embargo, no ha dado resultado el frágil esquema inicialmente planteado: los partidos han optado por el caudillismo, apoyado en camarillas ávidas de poder, se ha fomentado el arribismo, el oportunismo, la realización de carreras basadas en la adulación y la obediencia ciega al mando, se ha eliminado el debate, la movilización cívica, se ha optado por crear funcionarios políticos, por crear maquinarias electorales, etc. Los burócratas políticos se han afanado en ocupar puestos en instituciones públicas o de interés social, no precisamente con santos propósitos, se han ocupado de asentarse en poltronas para conseguir privilegios, etc.

La corrupción que ha invadido a los partidos «nacionales» es la lógica consecuencia de estas opciones. Lo que ocurre es que la corrupción no es anecdótica, no sale gratis, es enormemente perjudicial, corroe las instituciones, desmoraliza a los ciudadanos, erosiona las virtudes cívicas, es letal para la cohesión social y la convivencia. No hay más que ver la situación de los países en los que la corrupción ha hecho mella: el Estado se desintegra y se desvanece cualquier posibilidad de progreso.

Veamos algunas instituciones políticas: sobre la incapacidad del Congreso de los Diputados se ha escrito mucho. No hay más que ver los escaños vacíos, la esterilidad de las discusiones, la inexistencia de comisiones de investigación, la casi plena dedicación de los diputados a asuntos privados, etc. ¿Qué decir del Senado?, ¿cuál es su función?, ¿para qué sirve?, ¿qué representa? Es difícil encontrar institución más inútil. ¿Se perdería algo suprimiéndolo, lisa y llanamente? ¿El Tribunal de Cuentas?, ¿alguien sabe qué se hace con sus informes?

Sobre el Tribuna Constitucional, casi mejor ni hablar. Su actuación es, cuando menos, decepcionante. ¿El Consejo General del Poder Judicial?, corramos un piadoso velo. ¿Qué decir del espectáculo ofrecido por las frecuentes «broncas» entre el Tribunal Supremo y el Constitucional? Sencillamente, vergonzoso.

La Justicia en España es un fracaso absoluto, total, sin paliativos. ¿Cómo es posible tal deterioro de un servicio básico, fundamental, sin el cual difícilmente puede organizarse sociedad alguna?, ¿cómo se ha podido llegar a este punto?

Y así, todas; evidentemente, cada institución requiere un estudio profundo y detallado para examinar las causas de su ineficacia, la propuesta de soluciones, pero lo peor es que ya casi nadie confía en que se estudien causas y se propongan remedios. Como se decía al principio de este artículo, se ha establecido un sentimiento generalizado de fatalismo, de abulia, de aburrimiento, de escepticismo, de desencanto, no ya tan sólo entre los ciudadanos sino también entre los servidores públicos.

Tal panorama sólo puede cambiar si se presenta a la ciudadanía algo que no sea más de lo mismo, algo diferente de lo de siempre, las mismas palabras hueras y enfáticas de los políticos de turno.

Se requiere un proyecto atractivo, nuevo, que rompa con la inercia que sufrimos, no sólo cansina, sino también peligrosa. Peligrosa por cuanto si la situación económica, social y política se sigue degradando, como todo parece indicarlo, y las instituciones que integran el sistema político son incapaces de ofrecer soluciones o, al menos, vías de solución, el colapso del sistema político en su conjunto es inevitable y las tensiones acumuladas no encontrarán canales adecuados para regularse eficazmente.

Ello puede conducir a situaciones complicadas, inestables, de gran incertidumbre, de ensayo de falsas salidas, de apelaciones a salvadores oportunistas, a escenarios indeseables en los que pueda haber mermas en los derechos y libertades ciudadanas y pérdidas de bienestar económico con sus secuelas de anomia social, y, quizá, algaradas, disturbios, etc.

En fin, nada nuevo en la Historia de España, en la que, lamentablemente, se suelen dar situaciones de este tipo con cierta periodicidad ante la incapacidad de distintos regímenes para cumplir su función de normalizar políticamente los conflictos, integrar opciones, resolver pacíficamente los problemas y renovarse apropiadamente.

La cuestión es que en el campo social y político existe una especie de «horror al vacío» y cuando las instituciones oficiales no funcionan, se crean otras, con los materiales que se tienen a mano, muchos de ellos de pésima calidad, en este caso, democrática.

Este es el riesgo que planea sobre nuestro país. El desapego creciente de los ciudadanos hacia las instituciones políticas alimenta esta eventualidad. Por eso es necesario procurar el cambio, que sólo puede acometerse desde la convicción de que se ha llegado a estos extremos porque todas las instituciones del sistema político vigente están fallando, y lo están no porque haya habido estropicios ocasionales, averías repentinas, o incapacidad de sus titulares, sino porque el propio régimen, en su integridad, está diseñado defectuosamente, lleva marcada la fecha de su caducidad, porque adolece de demasiadas contradicciones internas, porque es tan inflexible que es incapaz ya de renovarse.

I.5. El Jefe del Estado

No es cuestión de explayarse acerca de la anomalía democrática que supone la Monarquía en nuestro país, por su origen y su ejercicio. Tan sólo diré que no nos podemos permitir el lujo, en esta situación, de carecer de Jefe de Estado. Es decir, la figura del Rey, al margen de cualquier legitimidad democrática renovable, de cualquier responsabilidad y cuyos actos han de ser refrendados, necesariamente, por el Gobierno convierte a la Jefatura del Estado en ineficaz. En efecto, si el Rey actuase políticamente al margen del Gobierno, se estaría bajo un poder antidemocrático, supuesto obviamente recusable, y si actúa según el guión establecido por el Gobierno, sobra.

Ocupa, anulándolo, un espacio esencial, máxime en un Estado en descomposición. Este espacio debería ser ocupado por un Jefe del Estado elegido democráticamente, con poderes efectivos, respaldados por el conjunto de los ciudadanos, que pudiera, en su caso, tomar medidas adecuadas para resolver situaciones críticas, cuando la propia supervivencia del Estado estuviera en cuestión.

Evidentemente, una posición como la que tiene el Rey en nuestro país no es, precisamente, la más adecuada para garantizar ninguna cohesión, ni para arbitrar entre las instituciones del Estado, ni, como repetimos, resolver ningún supuesto de alerta constitucional máxima.

La República, en la más pura lógica democrática, se presenta como la única alternativa viable.

I.6. ¿Qué se está haciendo?

Después de todo lo expuesto, cabría preguntarse qué capacidad de respuesta tiene el sistema político actual para resolver la crisis o, al menos, para paliarla, y, una vez evitada la senda de la degeneración, reconducir al país por un camino de progreso.

Ninguna capacidad de respuesta. No se aprecia ningún resorte eficaz en manos de los poderes públicos en este orden.

En primer lugar, el Gobierno parece desbordado por las circunstancias. No se observa ningún proyecto creíble que contenga políticas públicas sectoriales con objetivos claros, con recursos ajustados a dichos objetivos; es más, no se aprecian ni siquiera ideas coherentes que sirvan para construir estrategias. Sólo se percibe improvisación, ligereza y poca reflexión. El partido sobre el que se sustenta el Gobierno parece mortecino, sin fuste, sin vida partidaria, sin debates internos, incapaz de ofrecer al Gobierno opciones políticas, de suministrar recursos humanos capacitados que apoyen su gestión, etc. A poco tiempo de su victoria electoral parece ya agotado, exhausto, sin capacidad de regeneración. Todo lo fía en una inminente e improbable recuperación económica exterior, y, mientras tanto, se conforma con un «ir tirando», con ir sobreviviendo hasta que fenómenos exógenos faciliten «oxígeno» y permitan un cierto alivio.

Por otra parte, el principal partido de la oposición parece que no ha entendido la verdadera dimensión de la situación crítica por la que atraviesa la sociedad española y sus instituciones políticas, y sólo sueña en un revés electoral del partido socialista que haga caer al Gobierno de Rodríguez Zapatero, de manera que sólo maniobra en contra de cualquier medida gubernamental para atacar durísimamente al propio Presidente, al que juzga, al parecer, como el único responsable de todos los males del país. Quizá piense, de manera pueril, que, una vez abatido Zapatero, España, con un gobierno del PP, volverá, mágicamente, a marchar por «rutas imperiales».

Mientras tanto los nacionalistas siguen preparando, con buenas «chances», su «asalto al Estado», soñando con sus proyectos de construcción de Estados articulados alrededor de un nacionalismo fuerte, de una identidad nacional monolítica, sin fisuras, sin disidencias.

Sin el impulso del Gobierno y el ataque indiscriminado de las oposiciones, ¿qué decir del resto de las instituciones y aparatos del Estado? No se ve, por ningún lado, atisbo alguno de reparación o regeneración por los propios medios e impulso autónomo. No puede haberlo, dado que se han visto sometidas a un proceso de inutilización (eso si en algún momento mostraron su utilidad), por su sumisión plena a los partidos, a los intereses concretos de éstos, y a los grupos de presión que los rodean y condicionan.

En suma, el sistema está bloqueado, no da «más de sí», ha agotado sus posibilidades, está en el límite de su ciclo. No puede producir más que confusión e incertidumbre. Ha pasado, como suele decirse, en frase gráfica, a ser parte del problema, y no de la solución.

Ante la perspectiva de una crisis política muy grave y la probable incapacidad de las fuerzas políticas actualmente instaladas para resolverla, es muy posible que se creen dinámicas inéditas en las que nuevos actores, con nuevas ideas se desarrollen y adquieran insólitos protagonismos.

En esta orientación, creo que hay condiciones y clima propicios para que un movimiento o partido político, netamente republicano, pueda desenvolver ahora, en España, una política regeneracionista, constructiva, de progreso.

II. NECESIDAD DE UN NUEVO PARTIDO POLÍTICO REPUBLICANO

De todo lo anteriormente expresado, se deriva la necesidad de un cambio político de tan gran envergadura que necesariamente ha de romper, (evidentemente de forma pacífica y democrática), el restrictivo marco actual, cuyas tentativas de alargarlo más allá de su vida útil agravarán más los problemas y dificultarán la búsqueda de soluciones viables.

Pero, ¿cuál habrá de ser el escenario donde puedan encontrarse tales soluciones? Obviamente, la propuesta que aquí se presenta se encuadra dentro de una perspectiva republicana. Una salida a la grave crisis en que está sumida España sólo puede encontrarse en la República, como forma de Gobierno y como nueva forma de hacer política.

Si antes se venía a decir que necesitando España un Estado fuerte, que se anclara en la más amplia base democrática, era imprescindible un Jefe del Estado coherente con este planteamiento, es palmario que no se puede ir hacia una alternativa republicana sin una fuerte acción pro República. Y esta acción ha de impulsarla no sólo el albur de los acontecimientos y las improvisaciones, históricamente habituales en situaciones de profunda crisis, sino que ha de promoverla una organización consciente de la gravedad de la situación y de las opciones para afrontarla positivamente.

Es decir, es preciso, ante la degeneración de los partidos actuales, abrumados por los problemas que exceden su capacidad para resolverlos, crear uno nuevo, un partido puramente republicano que sea capaz de diagnosticar, sin prejuicios ni tabúes, los actuales «males de la patria», de encararlos adecuadamente y de ofrecer soluciones válidas.

Un partido que sea, como se decía antes, «intransigente» con la corrupción, con el alejamiento de las instituciones de los intereses y anhelos de los ciudadanos, con la dejación de la responsabilidad, con la adulteración de la democracia, con todos los vicios denunciados; una formación que apele, para la acción política, a la reflexión, a la deliberación, a la participación, en suma, a las mejores virtudes cívicas para sacar a nuestro país del atolladero en que está postrado.

Creo que, de acuerdo con lo proclamado, hay un espacio político, un hueco evidente para un partido como el que se propone.

Si así fuere, se nos dirá, ¿por qué no se ha formado ya? Si esto está tan claro, ¿por qué no está operando tal alternativa?

Pues, fundamentalmente, porque las instituciones y las personas que tienen el poder real o «fáctico» en el status quo actual, si bien son incapaces de ofrecer salidas y de hallar soluciones, sin embargo, sí son fuertes a la hora de defender posiciones y privilegios y poner barreras a todo cambio.

En primer lugar, los medios de comunicación de masas son prácticamente unánimes en defender la situación actual, de la que obtienen generosas recompensas y buena financiación. No hay apenas voces críticas, planteamientos lúcidos que lleguen a oírse o a verse impresos. Son silenciadas y eliminados. No llegan a superar el «muro mediático», la barrera invisible de la que se rodean los políticos y actores sociales que gozan de los privilegios ofrecidos a los fieles cortesanos y pretorianos.

En segundo, lugar, financiación. El sistema de partidos en España es tan oligárquico que la formación de un partido requiere ingentes fondos de los que sólo disponen los partidos integrados en el sistema a través de la financiación pública y abundantes donaciones privadas, que responden a intereses muy concretos, es decir, a «inversiones» empresariales que esperan buenas contraprestaciones.

En tercer lugar, la manifiesta pereza de nuestro pueblo a comprometerse políticamente, la falta de costumbre a la hora de actuar en política, de movilizarse, si ello requiere un esfuerzo. Pereza y falta de costumbre como resultado de la actuación eficaz de los que se benefician de la pasividad y abulia de los ciudadanos.

Además hay que considerar la acción directa del establishment tendente a eliminar posibles nuevos actores en un reparto ya establecido. No hay sitio para actores nuevos y menos con ideas radicales.

Las maniobras de asfixia son brutales. No hay más que ver, en este sentido, lo que está pasando ante la aparición de un nuevo partido que está cobrando cierta fuerza y ocupando un espacio electoral ya significativo, Unión, Progreso y Democracia.

Inicialmente fue acogido con cierta simpatía entre algunos medios, que pensaron que dándole favorable trato debilitaría al partido político que está ahora en el poder. Cuando se pudo comprobar que el origen de los votos de esta formación distaba de estar tan claro y que obtenía apoyo de tirios y troyanos, todos éstos se han confabulado para «ningunearlo», comprendiendo que puede introducir elementos no controlables por el estatus actual.

Si se ha sacado a colación UP y D es para demostrar la enorme dificultad de hacerse un hueco en el esquema de partidos actual, blindado «mediáticamente».

Este incipiente partido ofrece puntos interesantes y aun plausibles, pero adolece de un defecto grave que hará, en nuestro pronóstico, que su avance, ahora muy pujante, no tenga, probablemente, demasiado recorrido a largo plazo, y es el hecho de que su acción política se inscribe dentro de los parámetros del sistema actual, en el más estrecho «constitucionalismo», sin que sus líderes, errando el juicio, hayan llegado a comprender que el régimen político actual, como decíamos arriba, ha agotado todo su potencial constructivo, tornándose disfuncional para asegurar el progreso de la sociedad española.

Es posible, no obstante, que el desarrollo de la propia dinámica del sistema y los acontecimientos obliguen a los dirigentes de UP y D a ir más allá en su actual reflexión política y entiendan la raíz de los graves problemas estructurales de la vida política española.

Según el cuadro presentado, hay un gran espacio potencial para el desenvolvimiento de un movimiento republicano, y este movimiento es preciso que sea impulsado, no sólo por amplias capas de la población, sino, de forma más activa, por un instrumento políticamente más eficaz, es decir, un partido.

¿Cuáles habrían de ser las ideas del partido que se propugna?

En primer lugar, parece perogrullesco decirlo, pero es necesario: Ha de defender, como forma de Estado una República, mejor presidencialista o semipresidencialista, por la necesidad de fortalecer la figura del Jefe del Estado.

Mejor una República unitaria apropiadamente descentralizada o federal cooperativa, con competencias fundamentales asignadas al «Estado Central» que una cuasi confederal.

Una República con un fuerte componente social, en la que, en la medida en que lo permitan las posibilidades económicas, se amplíe el Estado de Bienestar, se mejoren servicios públicos esenciales para la salud de la comunidad política: justicia, educación, sanidad, pensiones, atención a desfavorecidos, etc.

Para ello, se precisará, por una parte, la máxima eficacia y eficiencia de la Administración del Estado, y por otra, el concurso, a través del esfuerzo fiscal apropiado, de las clases más favorecidas, a los que se les garantizará el derecho a la iniciativa empresarial privada y a la libertad de mercado, pero bajo el condicionamiento de la inexcusable función social de la propiedad de los recursos económicos, sometidos siempre al bien común.

Una República en la que se haya separado la actividad política de cualesquiera privilegios, por razones religiosas o de otra índole.

Una República en la que se favorezca el florecimiento de la sociedad civil, en la que se prime el debate, la discusión, la participación en todas las esferas de la sociedad, en la que los ciudadanos no se vean constreñidos a la hora de expresar sus opiniones, sus opciones, sus intenciones asociativas, etc.

Una República que cuide de ejercer su función educadora, que fomente las virtudes públicas, el civismo, que vele por la cohesión social y territorial, que promueva valores positivos y que, al mismo tiempo que contrarreste nacionalismos excluyentes, construya un verdadero «patriotismo constitucional».

Patriotismo constitucional en su auténtico sentido de afección o adhesión a la comunidad política, en cuanto esté personificada jurídicamente por un Estado que desarrolle un buen gobierno, que garantice amplias libertades, que provea más altas cotas de justicia social y de solidaridad, más elevados niveles de bienestar; más facilidades para que los ciudadanos desarrollen sus proyectos personales sin sumisión a poderes injustificados, etc.; es decir, una integración política no basada en un nacionalismo irracional, monolítico y sectario, sino en el lema tan conocido como poderoso para determinar políticas públicas concretas: libertad, igualdad y fraternidad.

Estamos seguros que un movimiento republicano que abrace los principios señalados anteriormente y ponga en su bandera el citado lema podrá tener un brillante futuro, si es capaz de sintonizar con los sentimientos y las ideas de muchos buenos ciudadanos que, conscientes de la gravedad de la situación actual y deseosos de encontrar vías para dejarla atrás, se vean animados a la acción política constructiva para avanzar en la búsqueda de un futuro mejor para todos.

Consecuentemente, me permito, desde aquí, considerando y comprendiendo la escasa dimensión del republicanismo español actual, pero también el enorme espacio que las corrompidas instituciones actuales están dejando a un movimiento regenerador, que sólo puede tener las características del republicano, a fundar un nuevo partido que ocupe el lugar en el espectro político español que, histórica y legítimamente, le corresponde.

Amigos republicanos: contra el pesimismo de la razón, ¡el optimismo de la voluntad! Salud y República.

http://asociacionrespublica.blogspot.com/2010/03/la-crisis-global-espanola-y-el-espacio.html

* Jorge Palacio Revuelta es licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias Políticas y miembro de la asociación cívico-republicana Res Pública. De profesión inspector de Hacienda, en los años 80 fue gerente del Museo Nacional del Prado. Colabora habitualmente en los Cuadernos Republicanos, revista cuatrimestral editada por el denominado Centro de Investigación y Estudios Republicanos.

lunes, 18 de abril de 2011

A favor de los trabajadores de "La Voz de la Calle"


Antonio Olvera Calderón "Paterr"


17/04/2011

Bajo el titular "Teodulfo Lagunero explota, desprecia y engaña a los trabajadores de La Voz de la Calle", los trabajadores de dicho medio organizados en Asamblea, informan de cómo la empresa ha rebajado las condiciones del acuerdo verbal al que se había llegado. Desde este humilde y discreto rincón, quisiera mandarle a los trabajadores todo mi apoyo, así como dirigir toda mi repulsa a quienes usan herramientas neoliberales para manejar las ilusiones de las personas honradas.

En cierto modo me ha recordado, salvando las distancias, a mi periodo como redactor en el medio digital "La Democracia". Si bien en un primer momento rechacé la propuesta de dirigirlo, luego me postulé como "Defensor del Lector" para luego actuar como mero redactor de noticias (sobre todo del ámbito de Cadiz y Granada). Esta experiencia terminó cuando el propietario del dominio (a pesar de haber anunciado que dejaba el medio) decidió despojarnos, sin previo aviso, de las claves de acceso al área de redacción, y modificó sin ninguna aclaración el aspecto y la línea editorial. Todo este cambio se produjo cuando una serie de personas estábamos en proceso de creación del medio, que incluía una financiación que permitiera a los colaboradores recibir una remuneración por el trabajo que se realizaba. Una vez más, la ilusión que teníamos por un medio alternativo, se vio truncada. Tras comprobar que a la dirección del medio se había "impuesto" una personalidad ficticia llamada "Rosa María Poveda", decidí apartarme de todo aquello (tampoco me quedaba otra opción).

Ahora, una vez más, la ilusión de un grupo de trabajadores se ve frustrada por una absoluta e insultante falta de previsión. Cuando anunciaron en un primer momento que el periódico no salía por "problemas informáticos", muchos ya sospechábamos que el proyecto no prosperaría tal y como nos habían vendido. No es la primera vez que se anuncia a bombo y platillo un "gran evento" para luego quedarse en nada. Desgraciadamente, las circunstancias de "La Voz de la Calle" están siendo mucho más graves.

Desde mi experiencia en "La Democracia", no creo en proyectos "invisibles" de corte personalista creados "desde arriba". El proceso de elaboración colectiva exige tener los pies en la tierra, cimientos sólidos y unos engranajes bien engrasados a través de lo que se conoce como "fórmulas lícitas de autogestión".

Espero y confío que, sea cual sea el desenlace del medio nonato "La Voz de la Calle", éste sea todo lo favorable a los trabajadores. Ni un paso atrás.


sábado, 16 de abril de 2011

En el 80 aniversario de la II República. Manifiesto de Unidad Cívica por la República


Web UCR

30/03/2011

Este 14 de Abril de 2.011 posee ese nervio de las fechas que historian y numeran décadas. Hogaño, nada menos que ya ocho, desde aquella alborada de 1.931 en que la Cultura, la Moral y la Política, aliadas al Derecho, parieron por segunda vez en nuestro país el único sistema compatible en plenitud e integridad con la Democracia: ese sistema de doctrina y práctica al que llamamos República.

Nadie con honradez intelectual y aptitud de discernimiento puede ignorar, dicho en otras palabras, que el fin natural de una sociedad democrática es la República. Diferente y funesto asunto es que la coalición bastarda de epulones reaccionarios, eclesiásticos infieles a su evangelio, militares corrompidos por el miedo al pueblo o adoctrinados en el fascismo, linajudos terratenientes -–y véase que no hablamos de "todos" los ricos, religiosos, mílites o propietarios, sino de una numerosa parte de los mismos--, diferente cuestión es, decimos, que dicha coalición o contubernio haya logrado en el siglo XIX y en el XX reponer en el trono una y otra vez a los Borbones tras traicionar y fusilar a la I y la II Repúblicas. Mas esa infausta realidad sólo prueba la inmadurez histórica y política de España, con la voluntad popular aherrojada por tal alianza de poderes bastardos.

En un tiempo, pues, en que las monarquías semejan una especie en extinción (sucesivamente, va habiendo una menos, nunca una más), nuestro país se constituye en excepción mundial, pues ya han arribado cuatro veces dichos Borbones, tres de ellas como resultado de feroces guerras civiles o/y golpes militares, otra tras el sainete de abdicaciones de Carlos IV y su abyecto hijo Fernando VII, aquellos cobardones ("león en casa, liebre en la plaza") que cedieron la Corona de España al Emperador de Francia.

La presente monarquía que soportamos constituye, por otra parte, auténtico esperpento. Pues su insana "legitimidad" originaria deriva del dedo del dictador que logró serlo gracias a Hitler y Mussolini, conculcando incluso las reglas de la dinastía y colocando a un monarca, Juan Carlos, a cambio de que obedeciese mansamente a dicho dictador, traicionando a su propio padre y jurando solemnemente los "Principios" fascistas del llamado "movimiento nacional".

Conviene aquí poner en su sitio la media verdad (con frecuencia "la mayor mentira es la mitad de la verdad") de que los españoles votaron sí a Juan Carlos en el referéndum de 6 de diciembre de 1.978 que dio vía a la Constitución de 27 del mismo mes, entrada en vigor dos días después. Pues la automitificada "transición" fue en realidad "transacción", con una serie de trágalas impuestas en tal Constitución por los francofascistas (y, si no, no dejaban paso, no permitían la democracia, y ahí estaba el Ejército de Franco vigilando y amenazante lustros después de morir el césar marroquí). Para imponer las trágalas y guetos (entre los que destaca la ignominiosa no rehabilitación de los últimos soldados de la República, los guerrilleros antifascistas o "maquis", héroes en toda Europa menos acá) estaban "padres" de dicha Ley Máxima como Fraga. Que en toda Europa, del Este y del Oeste, excepto aquí, hubiera sido juzgado como criminal tipo Pierre Laval o Philippe Pétain, pero aquí es Presidente de un partido como el PP.

La monarquía hereditaria, en fin, transgrede la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ninguna desigualdad "al nacer", Artículo 1º; y ello "sin distinción de ninguna índole, ni por origen ni por nacimiento", Artículo 2º). También transgrede el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ídem, Artículos 2 y 25); y el propio Artículo 14 de la actual Constitución Española (ídem, igualdad jurídica sin discriminación, recogido también en el Artículo 7 de la citada Declaración Universal de DHs). Conculca incluso el Artículo 1 de la Constitución (la igualdad como "valor superior" de nuestro ordenamiento jurídico), el 9 (la igualdad ha de ser "real y efectiva") y el 23 ("derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos").

Por todo esto, por la dignidad colectiva, porque tenemos que rescatar siglos, porque el Rey nunca habla de la corrupción y el enriquecimiento sospechosamente rápido, Unidad Cívica por la República convoca a la ciudadanía a una apuesta de Futuro y Regeneración, a ser ciudadanos informados, críticos y activos que luchen por una Democracia sin "atados y bien atados", laica y sin privilegios para ninguna religión, social como aquella "República de trabajadores" de 1.931. Y este Porvenir y Regeneración tiene un nombre: III República.

Reclamamos, en fin, como en Italia y Grecia tras sus dictaduras fascistas, un referéndum monarquía/república. España está y estará en interinidad mientras no haya tal referéndum, sin el cual un eventual Felipe VI sería sencillamente ilegítimo. La República dos veces llegó democráticamente y sin gota de sangre. Ésta sí la vertieron quienes la acuchillaron. Mas decía Emilio Castelar que la República la trae una conjura de la Sociedad, la Naturaleza y la Historia. Cabe añadir que los humanos amamos lo que necesitamos. Por eso amamos la República.


* El montaje fotográfico que acompaña esta entrada es obra de nuestro compañero y amigo Hilario Sánchez Díaz, vocal de la Junta Directiva de UCAR-Granada y creador y primer responsable de este mismo blog.

jueves, 14 de abril de 2011

14 de Abril de 2011. Manifiesto conjunto de las organizaciones estatales de Unidad Cívica por la República y Ciudadanos por la República



12/04/2011

Este año en que se cumple el 80 aniversario de la proclamación de la II República Española en 1931, constatamos que las instituciones del Estado se separan cada vez más de las necesidades e intereses generales de la mayoría de la sociedad.

Una minoría de grandes empresarios y financieros, cuya irresponsable y antisocial actuación ha sentado las bases de la actual crisis económica continúan imponiendo sus intereses, eludiendo todo control social y democrático con las consecuencias verdaderamente trágicas en términos de paro y deterioro de las condiciones de vida de millones de personas. Los planes de ajuste llevados a cabo hasta el momento, y los que ya se aventuran, afectan profundamente a los derechos laborales y a las conquistas sociales; amenazan servicios públicos tan esenciales como la educación y la sanidad y van camino de convertir las más elementales normas democráticas en un adorno sin sentido. Estos grandes centro de poder son los interlocutores privilegiados del Gobierno y del Jefe del Estado, dictando sus recetas que no son sino las de aumentar su rapiña con políticas cada vez más liberales y antisociales que son aplicadas con la actitud complaciente del Gobierno de turno, contando con los medios de comunicación que controlan, hundiendo la economía y las condiciones de vida de la mayoría en un pozo de recesión que parece no acabar.

El desencanto y la frustración se extienden. Las fuerzas de progreso necesitan afrontar esta situación con propuestas claras, valientes y decididas, que pongan coto a esta situación de desmantelamiento de las conquistas sociales y de limitación de las reglas democráticas. Es necesario establecer un nuevo marco institucional donde se contemplen espacios reales de democracia, participación y desarrollo de los derechos sociales y políticos. Este marco tiene un nombre: REPUBLICA, y se cometería un error si se pensara que ahora "no toca" hablar de ello porque lo prioritario es la crisis, olvidando que la salida a la crisis en beneficio de la mayoría no es posible con el modelo actual sino en uno diferente y republicano que supere su agotamiento.

Porque República significa más democracia, progreso, participación de ciudadanos soberanos en las decisiones políticas que les conciernen, respeto de los derechos reconocidos en las leyes, sujeción de las directrices económicas al interés colectivo, respeto y fomento de lo público, una política exterior de paz no supeditada a los intereses de las grandes potencias, laicismo, ética de la función pública y lucha frontal contra la corrupción y, junto a ello, la solución de la infame impunidad del franquismo y en favor de sus víctimas y, obviamente, la desaparición de la monarquía, institución anacrónica y antidemocrática impuesta como heredera directa del franquismo. República, en definitiva, es sinónimo de libertad, progreso y democracia.

Las organizaciones firmantes de este Manifiesto que defendemos una República Federal, Laica, Participativa y Solidaria, tenemos un importante acerbo de trabajo común que queremos ir desarrollando, enlazando con otras fuerzas políticas y movimientos sociales, el movimiento obrero, del mundo de la cultura, el del propio movimiento republicano y de la ciudadanía en general, para articular un Proceso Constituyente y un programa político y de acción que permita avanzar en este objetivo en el cual todos los ciudadanos podamos elegir libremente la opción entre Monarquía y República que nos fue hurtada.

Este año, en el que también se cumple el 75 aniversario del triunfo del Frente Popular de 1936, sigue siendo necesaria la unidad y coherencia de las fuerzas de progreso. Es tiempo de alianzas, de trabajar por el futuro. Se trata de construir unidos la República. A esa tarea nos comprometemos y a ella llamamos a participar a quienes comparten con nosotros esta misma alternativa de democracia y progreso.

¡¡¡ POR LA III REPÚBLICA !!!

www.unidadcivicaporlarepublica.es

www.ciudadanosporlarepublica.info

http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/iii-republica/manifiestos/1416-14-de-abril-de-2011-manifiesto-conjunto-de-las-organizaciones-estatales-de-unidad-civica-por-la-republica-y-ciudadanos-por-la-republica

domingo, 10 de abril de 2011

De cómo el Cesid investigó a Bárbara Rey y 'registró' su casa


Eduardo Verbo

Vanitatis

29/03/2011

Fernando Rueda narra en Las Alcantarillas del Poder las investigaciones que el Cesid, actual CNI, realizó por encargo de la Casa Real a personas como Letizia Ortiz (lea el texto) y también Bárbara Rey. El 26 de junio de 1997, el fallecido periodista Antonio Herrero, desvelaba en su programa de la COPE que la actriz y vedette había interpuesto una denuncia por “un robo en su domicilio de carretes fotográficos sin revelar, cintas grabadas de varios autores, una agenda personal, todo esto propiedad de su hijo, tres cintas de casete, cinco de vídeo y veinte diapositivas, lo cual implica a personas importantes de este país por ser comprometedoras para ambos”.

Por su parte, la musa del Destape señalaba como principal responsable a Manuel Prado de Colón y Carvajal, tesorero del Rey, a quien acusaba de mandar “a las personas autores de este hecho con el fin de retirar toda la documentación comprometedora para dicha persona”. Como cuenta el propio Rueda, al día siguiente el periódico El Mundo repicaba la noticia y añadía: “Bárbara Rey se entrevistó a finales de enero con Mario Conde para facilitar al ex banquero la información que la actriz califica de comprometedora”. Por su parte, en noviembre de ese mismo año, Pilar Urbano publica Yo entré en el Cesid y en sus últimas páginas describía la hipótesis de trabajo que Andrés Fuentes, jefe de la División de Seguridad, le relató sobre lo que había podido ocurrir en casa de Bárbara Rey.

“Cuando se ha estudiado el exterior, se decide si entrar de día o de noche... Una operación como ésta te obliga a entrar seis o siete veces… Entras y es un chalé atiborrado de muebles, cuadros, lámparas, chismes, fotografías… Cuando una persona esconde algo, lo puede tener en sitios insospechados: dentro de un colchón, en los cojines de un sofá… Tú no puedes estar ahí desgarrándolo todo. Al contrario no se debe notar que has estado ahí. Vamos a lugares donde B.R podría haber escondido sus escabrosos tesoros… y resulta que ella tiene muchísimos vídeos, porque ha grabado cosas de todo el mundo: de Colón de Carvajal… Una de las condiciones, por tanto, será trabajar in situ.

Hay que ver todas las cintas, porque un vídeo puede empezar con los niños jugando en la playa y al poco, zas, el vídeo escabroso. Otro punto importante para una mujer como B.R., aunque alguien le diera mil millones de pesetas, es que no hay modo de tener la certeza, con prueba, de que no se haya quedado con otra copia… Cuando das con el videoclip de marras, a lo mejor te percatas de que la carátula tiene una pequeñísima marca: un triángulo, tres puntos… Entonces sacas el contenido. Dejas el continente y sustituyes un videoclip por otro tan inocente como… Independence’s Day. Al menos, así salen ganando los niños.”


A pesar de que ella siempre lo ha desmentido, todavía son muchos los periodistas, según el propio Rueda, los que reciben llamadas que indican que Bárbara Rey estaría presuntamente recibiendo una elevada cantidad mensual, a costa de los fondos reservados, a cambio de mantenerse callada. El autor va más allá y afirma que el equipo de grabación que la actriz instaló en su dormitorio y que adquirió en La Tienda del Espía de Antonio Durán fue lo que llevó al Cesid a actuar.

jueves, 7 de abril de 2011

Tierra baldía



Víctor Sampedro Blanco*
01/04/2011
Cuatro fechas y un solo aniversario convierten la esfera pública en tierra baldía. Cada año, entre febrero y marzo, echamos sal en vez de abonar una cultura política democrática. No sembramos semillas de ciudadanía ni injertamos savia nueva. Cultivamos un mito paralizante: no tuvimos que luchar por la democracia. Nos la regalaron.
Cuatro acontecimientos marcaron el final de otros tantos inviernos de nuestras vidas y, en cambio, sólo celebramos una efeméride. Una intentona golpista asentó la Jefatura monárquica del Estado y la alternancia entre el PSOE y el PP. Quien no aclame, antisistema o ingrato. Porque sólo asistimos en los 23F al cuento de un rey mago: la libertad entendida como dádiva, casi una concesión o prebenda del poder.
Sobre las otras fechas aludidas -la insumisión de 1989, los asesinatos de Vitoria en 1976 y las cibermultitudes del 13M de 2004- se abate la plaga del silencio. Cal viva sobre militancias que no reverdecen. Y una cosecha inevitable: desinformación y parálisis. Mieses de un país para muy viejos, que recurre al 23F para olvidar lo que pudo y podría ser.
El 20 de febrero de 1989 arrancó la única campaña antimilitarista que, en tiempos de paz, hizo inviable la recluta obligatoria. Pasados 22 años del plante a la milicia que protagonizó el 23F, quienes aún entrarían en los cuarteles creen que el PP les regaló el ejército profesional. Y que ser insumiso es oponerse a la Ley Antitabaco o a la Educación para la Ciudadanía.
Otro “olvido”. El 3 de marzo de 1976 se convocaba una huelga general. Resultado: cinco obreros asesinados, el mayor de 32 años. Han pasado 25 desde que la policía les tiroteó a la salida de una iglesia. Ninguno fue invocado en la última huelga general. Les hubieran tomado por “etarras” o “del entorno”: eran de Gasteiz y no cuentan para la AVT. Sobre las huelgas, los jóvenes sólo saben (si acaso) que en este país se las hacen al PSOE los piquetes (violentos) y los liberados (ociosos) sindicales.
Falta recordar lo más reciente. Hace apenas siete años las mordazas (auto)impuestas en la Transición saltaron por los aires. El 13M fue la antítesis del 23F. Quienes votaban por primera vez tienen hoy 25 años. Su primera expresión política fue “Nunca Máis” y el “No, a la guerra”. El 13M, jornada de reflexión, convocándose con medios digitales, denunciaron la mentira oficial sobre el peor atentado de nuestra historia. Aquel precedente de las (ciber)multitudes, que ahora exigen democracia donde también supuestamente existía, ve negado aquí ese papel regenerador. Se enfanga como el 23F. Contra hechos probados, se insinúan conspiraciones que ya resultan diáfanas. Los aparatos del Estado se blindaron para no reconocer que en 1981 sabían del golpe y que en 2004 no supieron evitar los atentados. Nada que ver, conste, con una trama etarra-yihadista-policial. ¡Qué va! Más simple, pero indigerible en un país que se reclama modelo de las transiciones árabes en curso. La respuesta institucional al 23F y el 11M fue la opacidad y la chapuza. Dado el arranque de la Transición, nuestras efemérides evitan que rindan cuentas unas elites con menos coherencia democrática que la ciudadanía.
Cada primavera los españoles ven negado su papel en esta democracia. Por eso los trabajadores que presionaban al búnker franquista son rémoras retóricas del sindicalismo claudicante o fósiles jurásicos para los jóvenes precarios. Los insumisos encarcelados llegaron a equipararse en número a los presos políticos del final de la dictadura. Pero la cárcel de Franco es el único aval izquierdista. El 13M las cibermultitudes superaron el miedo que el 23F encerró a la población en sus casas. La prudente desobediencia civil del 13M (ninguna violencia personal o material) desnudó a unos partidos y medios amordazados. Salvamos la línea de flotación de una democracia que hacía aguas, exigiendo la verdad antes de votar. M. Castells la considera una cibermovilización de igual trascendencia a la de Obama. Tal juicio es avalado por el libro 13-M, multitudes o­n line, que hace seis años colgamos de la Red con datos incontestables. Fue una autoconvocatoria ciudadana, descentralizada, sin origen ni fines electorales. Fue fruto de las movilizaciones antibelicistas y del contraste entre medios españoles y extranjeros.
Pocos lo reconocen. Nadie lo celebra. Las cibermultitudes restransmitidas por la tele fueron los botellones. Jóvenes alcohólicos de fin de semana. Analfabetos funcionales, según el Informe Pisa. ¿Como reconocerles aptitudes políticas? Hay que ocultar que son la generación más formada y la primera con peores perspectivas que sus padres. Situación de la que son muy conscientes. Otra primavera, la de 2006, un año antes de la crisis, los jóvenes se autoconvocaron en movilizaciones digitales y callejeras, emulando el 13M. Denunciaban el precio de la vivienda y la especulación bancaria; es decir, el origen de la debacle. Fueron barridos de las calles por la policía. Y borrados de los medios con promesas de mejores hipotecas. Mentiras electorales. Mordazas de futuros desahuciados. Mala simiente en tierra baldía, que niega a quienes arriesgaron su libertad por la nuestra del modo más noble. No violentos y anónimos, en calabozos militares, encierros obreros o saltando de las pantallas a la calle. Cada “aniversario” del 11M resulta más insoportable el monocultivo partidario y antagonista de la memoria de 192 civiles. Mártires involuntarios, sin uniforme ni traje de gala, ni siquiera nacionalidad (casi uno de cada tres muertos era “extranjero”). Tiempo de recordar los versos de Mayakovski. La acusación más grave en un régimen que ha traicionado a sus verdaderos héroes: “tenéis suerte, sobre los muertos no cae vuestra vergüenza”.
* Víctor Sampedro Blanco es catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política en la  Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
** Pasquín representativo del movimiento de la Juventud Sin Futuro, el cual se ha presentado esta misma tarde en sociedad con una manifestación por las calles de Madrid.